Cada que piden que Estados Unidos venga a rescatarnos...
Quienes invocan intervenciones extranjeras traicionan a sus naciones / E-mails implican más a Trump con escándalo Epstein
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Botellita Retornable en el cumple del Mastuerzo
El Mastuerzo, una de las leyendas de la música popular mexicana desde la gran Botellita de Jerez, celebra su llegada al séptimo piso con un toquín de la Botellita Retornable y otros carnales chidos en el Alicia.
Va a estar de no pinches mames, ¡ahí nos vemos!
Miércoles 19 en la utopía Iztapacalli
El gran León Chávez Teixeiro, Xochihua y Blues Latino.
Y yo de colado para hablar de México y la Revolución, de Ayotzinapa y Palestina.
Contenido:
* VIDEO: Sobre el homenaje a Rubén Figueroa Figueroa, impulsor de la guerra sucia
* VIDEO: Tribunal israelí aplaude a soldados violadores
* E-mails implican más a Trump en escándalo Epstein
Artículo principal:
Cada que piden que Estados Unidos venga a rescatarnos...
VIDEO: Sobre el homenaje a Rubén Figueroa Figueroa, impulsor de la guerra sucia
El domingo pasado, el gobierno del Estado de Guerrero realizó un homenaje público al difunto exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa Figueroa, cacique, asesino de masas y patrón de Huitzuco de los Figueroa, por el 117° aniversario de su nacimiento.
Los aplausos fueron recibidos por su vástago, también exgobernador responsable de crímenes y violencia represiva generalizada, Rubén Figueroa Alcocer.
Al respecto, hice estos comentarios en la mesa de análisis de Astillero Informa del martes 11 (ver programa completo aquí).
VIDEO: Tribunal israelí aplaude a soldados violadores
Estos soldados israelíes aparecen en video violando multitudinariamente a un prisionero palestino atado y vendado, en la cárcel de Sde Teiman.
En el Tribunal, los reciben con aplausos y los llaman “héroes”.
La abogada militar que difundió el video, Yifat Tomer-Yerushalmi, está en la cárcel por revelación de secretos.
Te conté el caso aquí: Escándalo Sde Teiman.
E-mails implican más a Trump en escándalo Epstein
El Congreso de EEUU acaba de publicar correos electrónicos que indican que Donald Trump participó en la red de trata sexual de menores de su muy amigo Jeffrey Epstein, como se sospechaba.
En este, Epstein le dice a Ghislaine Maxwell, su pareja y encargada de conseguir a las adolescentes, que Trump estuvo horas con una chica (cuyo nombre fue borrado por protección):
“Quiero que entiendas que el perro que no ha ladrado es Trump. [La víctima] pasó horas en mi casa con él. A él nunca lo han mencionado”.
En otros dos mensajes con el periodista Michael Wolff (que muestra una sospechosa camaradería con el pederasta), este le avisa a Epstein que planeaba cuestionar a Trump sobre la relación de ambos, en un debate televisado.
Epstein pregunta cómo debería responder. Wolff aconseja que no haga nada: “Creo que deberías dejar que se ahorque solo. Si dice que no ha estado en la casa (de los abusos sexuales) o que no ha viajado en el avión (en el que transportaban a las muchachas), eso te dará una valiosa moneda política” que Epstein podría usar para “colgar” a Trump o para que este quede en deuda.
Epstein “se suicidó” en su celda en prisión, en una situación irregular en la que, por ejemplo, las cámaras de seguridad dejaron de grabar ciertos momentos clave.
Trump era presidente.
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Cada que piden que Estados Unidos venga a rescatarnos...
Quienes invocan intervenciones extranjeras traicionan a sus naciones
Por Témoris Grecko
En Venezuela y también en México, políticos de oposición han pedido que Estados Unidos intervenga para resolver problemas internos de sus países. En el primer caso, para derrocar al gobierno nacional. En el segundo, la solicitud no va tan lejos pero tiene un potencial parecido, porque en ambos casos se acusa a los líderes de ser “narcopresidentes”.
María Corina Machado, quien acaba de ser anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz, declaró en 2018 que “La población de Venezuela necesita protección internacional contra el ataque generalizado y sistemático al cual la somete el régimen venezolano”. Su aliado Leopoldo López dijo en septiembre de 2025 que una intervención militar de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, al cual dice que pertenecen Maduro y otros, es un escenario que considera “absolutamente legítimo”.
De manera similar, la senadora Lilly Téllez hizo una gira por Estados Unidos en agosto de 2025 en la que dio una entrevista a la cadena televisiva que se caracteriza por su agenda antimexicana, en la que acusó al gobierno mexicano de colusión con el crimen organizado y sentenció: “Es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México”. Y añadió, sin explicar cómo es que la población coincide con ella, que “ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”.
Ese tipo de actores apela a lo que señala como situaciones desesperadas a causa de la violencia criminal y la opresión política que justificarían formas de intervención extranjera que, por ser necesarias, las librarían de acusaciones de traición a la patria.
Sin embargo, sus acciones coinciden con las de otras figuras y entidades de América Latina que en el pasado también pidieron la “ayuda” estadounidense por causas que presentaron como razonables, pero al ser cumplido su deseo, provocaron consecuencias devastadoras para la población de sus naciones en los planos humano, social, político y económico, de lo cual son responsables.
Los ejemplos más dramáticos, solo de los últimos cien años, son las intervenciones abiertas o encubiertas de Estados Unidos en Guatemala en 1954, Santo Domingo en 1965, Chile en 1973 y Panamá en 1979, así como en la “Operación Cóndor” de los años 70 y 80 en los países del Cono Sur.
Argumentos ideológicos, intereses económicos
Durante la Guerra Fría, la lucha contra el comunismo se consolidó como el pretexto ideológico central para justificar el intervencionismo estadounidense en América Latina, institucionalizado en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, un concepto que les reasignó la misión a las fuerzas armadas latinoamericanas: ahora tenía que dedicarse no a la defensa exterior, sino a garantizar el orden interno y a combatir la “amenaza subversiva”, lo que en la práctica institucionalizó la represión contra la disidencia política y los movimientos sociales.
Esta narrativa securitista permitió que Washington definiera la inestabilidad regional como una crisis estratégica que urgía a apoyar a regímenes autoritarios que combatían a las izquierdas, tanto las insurgentes como las democráticas.
Sin embargo, el análisis de la política exterior norteamericana revela que, más allá de la ideología anticomunista, el verdadero motor de las intervenciones ha sido el imperativo económico: construir un entorno seguro para las corporaciones estadounidenses, promover recursos financieros para los contratistas de defensa y extender la hegemonía económica sobre la región más amplia posible.
Las justificaciones ideológicas operaron como una coartada conveniente para el lobby corporativo y de extracción de recursos. El caso de Guatemala en 1954, conocido como Operación PBSUCCESS, es emblemático. El golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz Guzmán no fue impulsado primariamente por la amenaza de un Estado socialista, sino para anular la reforma agraria y proteger los vastos intereses de la United Fruit Company. Esta trasnacional mantenía conexiones directas y profundas con altos funcionarios de la administración Eisenhower, incluyendo al secretario de Estado y al director de la CIA. Mientras que en Guatemala, donde tenía el control del 42% de la tierra, de los ferrocarriles y las telecomunicaciones, funcionaba como un Estado dentro del Estado. La Doctrina de Seguridad Nacional proporcionó el marco militar para reprimir cualquier intento de autonomía económica, transformando una disputa interna por la tierra en una crisis de seguridad hemisférica.
Incluso después del fin de la Guerra Fría, el patrón de defensa de intereses estratégicos se mantuvo. La invasión de Panamá en 1989, la Operación Causa Justa, que se justificó con la necesidad de aprehender al general Manuel Noriega bajo la acusación de narcotráfico, dejó más de mil panameños muertos.
Aunque fue durante muchos años un colaborador clave de la CIA, dejó de ser útil y se convirtió en un obstáculo para los intereses estadounidenses, cuya prioridad era retener el control del Canal de Panamá. Así comprobó Noriega que la lealtad de Washington hacia sus aliados es puramente transaccional: el alineamiento político es contingente y un colaborador puede ser descartado y convertido en objetivo militar si amenaza los intereses estratégicos vitales de la Casa Blanca.
En el siglo XXI, este imperativo se adapta. En el caso de Venezuela, el deseo de asegurar la independencia energética de Estados Unidos se ha utilizado como razón para promover un cambio de gobierno, mostrando que sigue vigente la idea de seguridad nacional relacionada con la extracción de recursos.
EEUU salvando al país: el costo humano
Las consecuencias humanas de la política intervencionista representan el costo más trágico e incalculable de los supuestos “rescates”. Lejos de traer estabilidad, el apoyo o el patrocinio de golpes de Estado por parte de Washington dio como resultado la instauración de regímenes de terrorismo de Estado en toda la región.
La intervención en Guatemala en 1954 fue un factor determinante en el estallido de un prolongado conflicto civil, marcado por masacres y destrucción generalizada, especialmente contra comunidades mayas.
Un caso significativo es la invasión a Santo Domingo, República Dominicana, en 1965. La operación de Estados Unidos, que se prolongó hasta 1966, tuvo como resultado la exclusión de Juan Bosch de la presidencia y la eventual elección de Joaquín Balaguer, pero dejó un reguero de unos 8 mil muertos y heridos, de los que el 90% se registraron en el bando rebelde.
La intervención militar estadounidense no solo causó muertes en el momento. También exportó un modelo de seguridad interna represiva que se materializó en la Operación Cóndor. Esta fue una red secreta de inteligencia y contrainsurgencia instituida por las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años setenta. Estos regímenes coordinaron así el secuestro, la tortura y el asesinato de opositores políticos a través de los límites nacionales, creando un área de impunidad sin fronteras.
Solo en el caso argentino, la represión desapareció a 30 mil personas, un número que se ha convertido en un símbolo histórico de la lucha contra la impunidad de la dictadura militar. En el del régimen chileno de Augusto Pinochet, hubo más de 10 mil víctimas de diversos tipos de violaciones de derechos humanos, incluidos más de 3 mil asesinados.
El costo humano de estas operaciones se traduce en una herida social crónica y una crisis de justicia persistente. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha subrayado que la obligación del Estado de buscar a las víctimas no se extingue con el fin de una investigación penal, y ha instado a acceder a los archivos esenciales que contienen testimonios de tortura y detención política que aún permanecen sellados.
La negación de la verdad y el acceso restringido a estos archivos no solo representa una falla de los Estados latinoamericanos, sino que también funciona como un mecanismo de protección implícito para las potencias externas que pudieron haber colaborado en el diseño y la ejecución de esos sistemas represivos.
Es decir, para Estados Unidos.
Cincuenta años después del golpe en Chile, la necesidad de reconocimiento, reparación y acceso a la verdad sigue siendo un imperativo para las víctimas y sus familiares, demostrando que el daño se extiende a través de las generaciones.
EEUU salvando al país: el costo político
El intervencionismo estadounidense ha desmantelado repetidamente los procesos democráticos en América Latina, promoviendo o patrocinando golpes de Estado contra líderes electos que buscaron políticas económicas o sociales independientes. Esto incluye el derrocamiento de Juan Bosch en República Dominicana en 1963 y el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973.
Este patrón de injerencia generó una “cultura del golpe” que desvalorizó la soberanía electoral. Washington se arrogó la autoridad de anular la legitimidad democrática. Por ejemplo, la CIA calificó la destitución del presidente democrático Juan Bosch como un “éxito” porque ayudó a mover a la República Dominicana hacia una “democracia de estilo occidental”. La invasión de 1965 provocó la exclusión del presidente constitucional Juan Bosch de la presidencia y la elección de un mandatario favorable a Washington. El verdadero objetivo de estos “rescates” políticos era garantizar la alineación ideológica pro-estadounidense, no la promoción de instituciones democráticas estables e independientes.
Las dictaduras apoyadas por Estados Unidos no solo detuvieron la democracia, sino que desmantelaron las estructuras institucionales y legales existentes. El legado de esta captura institucional persiste.
Estados Unidos interviene en la formación de las castas militares, pero no solo de ellas: también se asegura una injerencia en la política interna a través de la preparación de personal local, incluyendo jueces que sirven como instrumentos para el lawfare o guerras judiciales.
EEUU salvando al país: el costo económico
Los “rescates” económicos orquestados o facilitados por Washington transformaron profundamente las estructuras productivas de América Latina, generando dependencia crónica y una transferencia masiva de riqueza.
Desde principios del siglo XX, las intervenciones aseguraron que las economías latinoamericanas se subordinaran a la demanda de recursos o monocultivos controlados por el capital estadounidense. El caso de Guatemala y la United Fruit Company estableció el modelo de la “República Bananera”, un término despectivo para un país gobernado por la corrupción y dependiente de una sola cosecha comercial. En este modelo, la protección de las inversiones corporativas primaba sobre el desarrollo económico diversificado.
En el contexto actual, Estados Unidos limita su enfoque en la región a prioridades estratégicas fundamentales, insistiendo en que el comercio, a través de pactos de libre comercio, es el mejor camino hacia el desarrollo. Si el objetivo histórico ha sido aumentar el poder político y económico, los tratados de libre comercio son herramientas de política exterior que garantizan un comercio beneficioso para Washington. Esto restringe la capacidad de las políticas económicas locales y mantiene la dependencia.
Una consecuencia directa y a largo plazo del apoyo a los golpes militares fue la imposición coercitiva del modelo neoliberal. El pionero fue Chile, donde la dictadura de Pinochet implementó un “shock económico” que incluyó la privatización de empresas estratégicas y recursos de uso común, como el agua y la minería. Esto generó desposesión y concentró la riqueza, sin crear estabilidad financiera para el ciudadano promedio.
La crisis de la deuda de los años ochenta, exacerbada por la expansión del gasto y la dependencia del financiamiento externo en la década de los setenta, cimentó un nuevo mecanismo de intervención: la coerción financiera. El endeudamiento externo crónico ha permitido que las instituciones financieras internacionales y las colosales empresas transnacionales adquieran un “poder estructural y una soberanía institucional” sin precedentes sobre las economías endeudadas.
La imposición del neoliberalismo a través de regímenes militares no solo reestructuró las economías, sino que también creó una profunda vulnerabilidad financiera que ha permitido que esa coerción externa continúe. En países como Argentina, esta dependencia del endeudamiento impone una “lógica coercitiva” que disciplina a las economías desobedientes.
En este contexto, la intervención militar del pasado se transforma en una intervención financiera a largo plazo. La subordinación del gobierno a las prioridades de los acreedores internacionales se convierte en la norma, incluso después de la transición democrática.
EEUU salvando al país: el costo social
Las intervenciones y los modelos económicos impuestos han dejado una fractura social profunda en América Latina. La imposición de políticas económicas de libre mercado tras los golpes militares, ejemplificada por el caso chileno post-1973, exacerbó dramáticamente la inequidad estructural y la polarización social. La privatización masiva de recursos de uso común, como el agua y la minería, concentra la riqueza y despoja a las comunidades de sus bienes vitales, convirtiéndose en un motor de conflicto latente y desconfianza en las instituciones.
Si las políticas económicas impuestas exacerban la desigualdad y si las fuerzas armadas fueron transformadas en un aparato represivo bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, el resultado inevitable es una polarización crónica y un conflicto latente entre el Estado (históricamente represivo) y la sociedad civil.
EEUU salvando al país: el costo para las libertades
La represión de la disidencia, una consecuencia directa de la militarización de las fuerzas de seguridad y el enfoque en el “orden interno” de seguridad nacional, se ha perpetuado. Incluso en los períodos democráticos posteriores a las dictaduras, muchos Estados latinoamericanos han mantenido el aparato de control interno perfeccionado durante los regímenes militares.
Esto también implica limitar la libertad de prensa y el derecho a la información, a través del control de los principales medios de comunicación por grandes grupos empresariales y de la marginación del periodismo independiente.
El argentino Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha documentado que los Estados recurren a normas de bajo rango y criterios amplios para las detenciones, la obstrucción de vías públicas, y el uso de figuras como la “asociación criminal” para criminalizar la protesta social y limitar la libertad de expresión y asociación.
Además, está la impunidad de la violencia política, policial y militar, cuya persistencia es otro indicador de que las estructuras represivas heredadas no han sido transformadas plenamente.
Los golpes militares no solo impusieron líderes, sino también marcos jurídicos y operativos que, al limitar la expresión del disenso, continúan sirviendo a la estabilidad de los modelos económicos y políticos impuestos bajo la sombra del intervencionismo.
Los malos simuladores de la traición
Los peticionarios de las intervenciones estadounidenses no desconocen las consecuencias que estas han tenido. Como representantes políticos de élites económicas que están actualmente desplazadas o inconformes, aspiran a que estas sean beneficiadas mientras el guardián imperial castiga a sus propios pueblos.
No pretenden defender la democracia ni proteger a las víctimas del crimen organizado, ni mucho menos promover la libertad, y están dispuestas a asumir todos los costos porque esperan que los paguen otros.
No son distintos a quienes en otras décadas entregaron sus países a Washington.
La diferencia puede estar en que los tiempos han cambiado en lo político, lo económico, lo social e incluso en lo militar, pues la gente ha ganado conciencia política y su supuesto salvador, Estados Unidos, ha crecido en imprudencia pero ha perdido poder.
Y lo sigue perdiendo.
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