Escándalo Sde Teiman: Israel montó una farsa de justicia que ya no puede sostener
Del video de violación a preso palestino, les importa que daña imagen del país / Ni con cese al fuego permiten acceso de periodistas internacionales a Gaza
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Contenido:
* A pesar del cese al fuego, Israel sigue impidiendo el acceso de periodistas internacionales a Gaza
Artículo principal:
Escándalo Sde Teiman: Israel montó una farsa de justicia que ya no puede sostener
Cese al fuego, pero… ¿y el acceso a periodistas?
El Monitor Euro-Mediterráneo de Derechos Humanos denuncia que, a pesar del cese al fuego, que Israel viola cotidianamente (con un promedio diario de diez palestinos asesinados), Tel Aviv continúa, de manera deliberada e institucionalizada, implementando una política sistemática destinada a borrar las pruebas físicas del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los últimos dos años en la Franja de Gaza.
Esta política se lleva a cabo mediante una serie de medidas administrativas y sobre el terreno, incluyendo la prohibición de entrada a Gaza a periodistas internacionales y comités de investigación independientes, en un intento por obstruir cualquier investigación penal o documentación sobre el terreno que pudiera establecer la verdad y confirmar la responsabilidad legal de Israel.
La reciente decisión del Tribunal Supremo israelí, que concede al gobierno una prórroga para el ingreso de periodistas independientes a Gaza, refleja la complicidad institucional del aparato estatal israelí en el encubrimiento de crímenes y la protección de sus perpetradores. De este modo, el poder judicial proporciona cobertura legal a las políticas gubernamentales diseñadas para suprimir la transparencia y borrar las pruebas sobre el terreno de los crímenes cometidos en Gaza.
Mientras tanto, ha asesinado a 255 periodistas palestinos.
Artículo principal:
Escándalo Sde Teiman: Israel montó una farsa de justicia que ya no puede sostener
Por Témoris Grecko
Israel lleva décadas simulando que aplica justicia sobre sus militares. El objeto es argumentar que no hay razón para que los tribunales internacionales se involucren en crímenes cometidos contra los palestinos, pues el sistema de justicia israelí es imparcial, eficaz e incorruptible.
El escándalo generado por el video de vigilancia que muestra la violación multitudinaria de un prisionero palestino en la cárcel de Sde Teiman ha crecido tanto, ahora con el arresto y difamación igualmente multitudinaria y pública de la abogada general militar a cargo de proceder contra los soldados responsables, que terminó por derribar esas pretensiones, ya muy cuestionadas.
En agosto de 2024, la abogada Yifat Tomer-Yerushalmi, quien ostenta el grado de general de división del ejército israelí, ordenó la filtración del video para, según explicó, contener los ataques contra su oficina por procesar a sus propios soldados.
En realidad, la violencia contra los cautivos palestinos es sistemática y generalizada, llegando frecuentemente a matar a las víctimas, y ni esos crímenes ni otros igualmente graves, como asesinatos de civiles o de personas ya sometidas, suelen ser perseguidos y castigados, salvo en algunos pocos casos que sirven de muestra para sostener el montaje.
Pero ya ni eso está dispuesto a permitir este gobierno.
“¿Acaso no entienden que no teníamos otra opción?”, le dijo la abogada Tomer-Yerushalmi al reportero Ronen Bergman, del diario Yedioth Ahronoth. “¿Que la única manera de afrontar la oleada de procesos judiciales internacionales es demostrando que podemos investigarnos a nosotros mismos?”
¿Qué le preocupa al primer ministro Netanyahu? ¿El abuso que sufren los prisioneros? ¿El rompimiento brutal de la disciplina militar? ¿El linchamiento mediático de una abogada del ejército ―que además es general de división― por hacer su trabajo? ¿La movilización pública de políticos, militares y medios de comunicación para obstruir la procuración de justicia?
No. Lo que le preocupa es la imagen del país.
“El incidente de la prisión de Sde Teiman le causó un inmenso daño a la imagen de Israel, del ejército y de nuestros soldados. Es probablemente el más severo fracaso mediático que ha experimentado el Estado de Israel desde su establecimiento. No recuerdo nada tan concentrado, tan poderoso. Requiere una investigación independiente e imparcial”.
La advertencia de la ahora exabogada general es correcta: al sabotear el procesamiento de los acusados de un abuso tan escandaloso, que además fue visto por el público en video, hicieron pedazos la coartada israelí.
Si se trata de violencia contra palestinos, Israel permite y justifica todo.
El horror de Sde Teiman
Sde Teiman, una base militar ubicada en el desierto del Néguev, ha sido identificada como un centro de detención que se ha convertido en un núcleo de denuncias de tortura y tratos inhumanos contra miles de prisioneros palestinos, que se intensificaron significativamente después de octubre de 2023.
La Asociación Addameer de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos ha documentado las condiciones extremadamente duras. Los detenidos son retenidos en “patios grandes parecidos a jaulas con suelo cubierto de grava”. Una característica definitoria es la restricción física y sensorial implacable: los prisioneros son mantenidos esposados, encadenados y vendados durante todo el día, todos los días.
Los testimonios de prisioneros liberados de Sde Teiman y otros centros han revelado el uso de tortura por estrés posicional. Los detenidos son obligados a sentarse en posiciones específicas dolorosas, como arrodillados, y se les prohíbe terminantemente ajustar su postura, debiendo soportar estas posiciones forzadas por hasta 16 horas diarias. Adicionalmente, informes de derechos humanos de la ONU documentan una amplia gama de abusos graves que constituyen tortura, incluyendo ahogamientos simulados, ataques con perros, la aplicación de descargas eléctricas, quemaduras con cigarrillos, y la privación de comida, sueño y agua.
La uniformidad de los métodos de tortura documentados indica que estas prácticas no son meros “incidentes aislados” perpetrados por soldados indisciplinados. Por el contrario, la evidencia demuestra una política de maltrato sistemático.
Sde Teiman fue establecido cerca de Gaza, rumbo a la ciudad de Beersheba, para encerrar a miles de palestinos capturados en las operaciones militares iniciadas en octubre de 2023 en la Franja. Supuestamente, todos son sospechosos de pertenecer a Hamás, pero en realidad muchos son interrogados superficialmente y retenidos durante semanas o meses sin que les presenten acusaciones ni les den la posibilidad de defenderse ante un juez.
Las narraciones de los primeros que fueron liberados y contaron lo que sucedía en Sde Teiman se transformaron en una fuente de vergüenza a nivel mundial para Israel.
Sin embargo, el escándalo se desató cuando, el 29 de julio de 2024, la policía militar llevó a cabo un allanamiento en la base, confiscó documentos e interrogó a soldados que eran sospechosos de maltratar a los prisioneros. Sus compañeros, integrantes de una unidad denominada “Fuerza 100”, impidieron por la fuerza el paso y acosaron a los oficiales que fueron a investigarlos. Después una multitud enfurecida, encabezada por parlamentarios de la coalición gobernante del primer ministro Benjamin Netanyahu, incluyendo a algunos miembros de su propio partido Likud, irrumpió en la base de Sde Teiman, empezó a buscar al equipo de policía militar y, cuando supieron que se había marchado con algunos de los sospechosos a otra base situada en el centro de Israel, la turba se movilizó y pronto también invadió esas instalaciones.
Mientras algunos soldados trataban de impedir el acceso de los intrusos, la policía al mando del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, se mantuvo indiferente.
La investigación prosiguió, a pesar de todo, y la fiscalía denunció a cinco soldados por agresión con agravantes. No obstante, una gran parte de la población, en particular en la base de apoyo del gobierno de Netanyahu, aseguraban que estas imputaciones eran falsas, parte de una persecución contra los militares. Además, la policía de Ben Gvir no presentó acusaciones contra los legisladores que encabezaron la incursión violenta.
La fiscal filtradora finge su suicidio
La ofensiva contra la Abogacía General del Ejército fue tan intensa que su titular, la general Tomer-Yerushalmi, ordenó a su equipo que filtrara el video al Canal 12 de Israel: el mundo pudo ver así cómo varios soldados empujan a un detenido y lo sodomizan con un cuchillo, mientras otros militares protegen la acción con escudos.
El miércoles 29 de octubre, se hizo público que la policía denunció a Tomer-Yerushalmi y a su equipo como responsables de la filtración. La abogada desapareció por unas horas y se temió por su muerte: habían encontrado su coche abandonado en la playa. Después reapareció. Ahora la acusan de haber fingido un intento de suicidio para arrojar su celular al mar y evitar que fuera revisado.
El ministro de Defensa, Israel Katz, echó mano del insulto más grave del arsenal, el de “libelo de sangre” (la acusación de la Europa medieval de que los judíos robaban niños cristianos para usar su sangre en rituales) y prometió que aplicaría “todas las sanciones necesarias” contra Tomer-Yerushalmi, incluyendo su degradación. “Quien difunda falsamente libelos de sangre contra los soldados de las FDI y anteponga el bienestar de los terroristas de Nukhba al suyo propio no es digno de vestir el uniforme de las FDI y debe ir a prisión”.
La abogada general renunció el viernes 31 con una carta en la que asume toda la responsabilidad por la filtración, argumentando que era necesario presentar el video del abuso al público para contrarrestar las falsas acusaciones contra la justicia israelí.
El domingo 2, mientras ella era puesta bajo arresto, los soldados violadores dieron una conferencia de prensa, se hicieron fotos de grupo con sus abogados y aparecieron en programas de televisión.
Aunque algunas personas han querido ver a Tomer-Yerushalmi como alguien que se sacrificó por la justicia, en realidad son sus propias declaraciones las que indican que su intención era proteger la simulación de la justicia.
De hecho, el diario Haaretz reporta que altos oficiales militares dijeron que la abogada general, sintiéndose amenazada por los ataques en su contra, evitó abrir o avanzar en varias investigaciones.
Una de ellas fue del ataque aéreo que mató a siete voluntarios de la organización estadounidense de alimentación World Central Kitchen cuyos movimientos habían sido previamente coordinados con la unidad de enlace del ejército. Otra fue el caso de 15 profesionales sanitarios que también estaban autorizados a participar en el rescate de civiles y después fueron encontrados muertos, con las manos atadas, y enterrados en una fosa profunda para evitar que los descubrieran.
Una de las fuentes dijo a Haaretz que:
“Se rumoreaba que estaba siendo amenazada por la derecha y que esas amenazas incluso llegaban a su domicilio particular, pero hoy esto explica la sensación en la fiscalía: que estaba evitando abrir investigaciones y tomar decisiones sobre los asuntos más urgentes”
“Simplemente tenía miedo de abrir investigaciones. ¿Dónde estaba cuando las FDI utilizaron a civiles palestinos como escudos humanos? ¿Dónde estaba cuando se bloqueó la ayuda? ¿Cuando se bombardearon universidades y hospitales?”
La víctima, viva pero aterrorizada.
Este lunes 3, periodistas palestinos reportaron la identificación de la persona víctima de la violación, a quien
“le reventaron los intestinos y le destrozaron el recto. Se sometió a 20 operaciones quirúrgicas, incluyendo colostomía y urostomía, y aún sufre complicaciones médicas.
Israel lo liberó hace tres semanas sin que se le imputaran cargos ni se le juzgara. Probablemente lo liberaron para que no pudiera testificar en el juicio contra sus violadores, quienes siguen prófugos.
La víctima teme ahora por su vida; podría morir en cualquier ataque israelí para encubrir esta atrocidad.
La principal abogada de las FDI que inició una investigación fraudulenta sobre este incidente hace un año acaba de ser despedida, desacreditada, detenida y ahora está siendo investigada. Su único motivo para iniciar una investigación sobre esta violación (entre cientos de casos que nunca se investigan) es que este caso fue grabado en video y la víctima fue hospitalizada con un historial médico detallado, por lo que inició su “investigación” para impedir la intervención de la CPI”.
Revienta la simulación de la justicia
Los crímenes perpetrados sistemáticamente por el ejército israelí en Sde Teiman son asunto secundario en Israel: si lo que le preocupa a Netanyahu es la imagen, lo que temen sus opositores es que utilice el escándalo para avanzar su añeja campaña por dominar el sistema judicial.
Para la comunidad internacional, sin embargo, debe quedar al nivel que el propio Netanyahu situó el problema, como “el más severo fracaso de Israel”, pero no mediático sino de su simulación de la justicia.
El sistema legal militar israelí ha operado bajo la presión constante de la amenaza de procedimientos legales internacionales, particularmente desde que la Corte Penal Internacional confirmó su jurisdicción sobre la situación en Palestina.
Para evadir responsabilidades, la estrategia fue convertir la aplicación interna de la ley en una herramienta geopolítica de defensa.
El profesor Yagil Levy, experto en relaciones cívico-militares, ha observado que muchos israelíes asumen que el papel de la Abogacía General Militar es “proteger a los soldados de la persecución en el extranjero”. Este enfoque implica que la ley no se sostiene como un valor intrínseco de justicia, sino como una herramienta pragmática para la defensa contra tribunales internacionales.
La Abogacía, por lo tanto, opera bajo un doble mandato inherentemente contradictorio: es la entidad responsable de investigar y procesar por crímenes de guerra a las fuerzas en el campo de batalla y al mismo tiempo es el principal asesor legal de esas mismas fuerzas.
Esta tensión reventó en Sde Teiman: la acción desesperada de la abogada al filtrar evidencia, en un intento de proteger la ya menguada credibilidad del sistema, demuestra que las necesidades políticas superaron la integridad del proceso judicial interno.
Una farsa insostenible
La sistematización y generalización de la tortura en la práctica militar eleva la categoría legal de estos actos a crímenes de lesa humanidad, lo que invalida intrínsecamente cualquier argumento de complementariedad presentado por Israel.
El Estatuto de Roma, que rige la Corte Penal Internacional (CPI), establece que la Corte solo puede ejercer jurisdicción cuando el Estado con jurisdicción primaria es “incapaz o no está dispuesto” (unwilling or unable) a llevar a cabo una investigación o enjuiciamiento genuino. Este es el “Principio de Complementariedad”.
Israel y Estados Unidos sostienen que, como no son Estados Parte del Estatuto de Roma (no lo firmaron), no están sujeto a la jurisdicción de la CPI. Pero Palestina sí es Estado Parte y el Estatuto está vigente en el Territorio Palestino Ocupado.
Para que la defensa de Complementariedad sea efectiva, el Estado no solo debe tener un sistema legal funcional, sino que debe demostrar la voluntad real de procesar a los autores de crímenes graves de manera imparcial y genuina. Israel pretende demostrar su capacidad al destacar su sistema de justicia militar, que incluye a su Abogacía General, el sistema de investigación criminal de la Policía Militar y cortes militares que generalmente están abiertas al público y aplican reglas de evidencia similares a las civiles.
Este escándalo golpea la credibilidad del sistema de justicia militar en momentos en que la presión internacional sobre Israel ya estaba aumentando drásticamente. De hecho, la CPI mantiene varios procesos contra líderes israelíes, incluso con órdenes de aprehensión vigentes contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Además, la crisis proporciona evidencia material crítica a la CPI. La estrategia de Complementariedad se basa en la percepción de credibilidad. La filtración del video nada menos que por la abogada general militar, para “contrarrestar la falsa propaganda” orquestada por ministros del propio gobierno israelí, confirmó que la credibilidad del sistema ha explotado.
Peor aún, al arrestar a su abogada general militar por obstrucción de justicia, el Estado israelí confirmó que su máximo órgano de autoinvestigación es disfuncional, o que prioriza el encubrimiento procedimental sobre la exposición de la verdad.
Si el sistema legal militar castiga a su máxima autoridad por intentar exponer abusos de guerra de alto nivel, la inferencia lógica para la CPI es que el sistema carece de la voluntad política para llevar a cabo una investigación genuina.
Se trata de una serie de demostraciones no solo de que Israel montó una farsa de sistema de justicia, sino también de que perdió la capacidad y hasta la voluntad de sostenerla.
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