#Explicador. ¿Por qué acusan a Israel de apartheid en La Haya, además de genocidio?
Semana de audiencias en la Corte / El creador del apartheid sudafricano lo reconoció en Israel / También quienes lo sufrieron / Líderes israelíes alertaron del riesgo
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¿Se trata del mismo proceso iniciado por Sudáfrica ante la CIJ?
Son dos procedimientos diferentes ante la misma Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ, que es distinta de la Corte Penal Internacional de La Haya, una y otra vez desdeñada por Israel).
Aunque la reciente denuncia sudafricana fue admitida por la Corte -lo que implica que el caso tiene méritos suficientes-, el juicio por genocidio todavía tardará en empezar (lo que ya se discutió fue la solicitud de ordenar medidas cautelares para impedir que se siga cometiendo o se cometa el crimen… algunas de las cuales fueron otorgadas por la Corte pero Israel las ha violado abiertamente, como narré aquí).
El de apartheid no es un juicio sino una solicitud de una opinión consultiva, no vinculatoria (o sea, no es de cumplimiento obligado), presentada en diciembre de 2022 por la Asamblea General de la ONU, para que la Corte valore la legalidad de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados y las consecuencias que la conducta de Israel tiene para otros Estados y para la ONU. Está previsto que 51 Estados, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica participen en el proceso. Las audiencias empezaron el 19 de febrero y terminarán el día 26.
Israel se negó a asistir, argumentando que una opinión consultiva sería perjudicial para lograr un acuerdo negociado con los palestinos.
¿Cómo argumentan que la acusación de apartheid es una calumnia antisemita?
En debates públicos, pronunciar “Estado de Israel” y “apartheid” en una misma frase genera ataques virulentos (como “calumnia”, “mentira despreciable” y “antisemitismo”) destinados no a discutir sino a silenciar y avergonzar a quien tuvo la osadía.
Hasta importantes políticos estadounidenses se han tenido que disculpar, como el excandidato presidencial John Kerry (“si pudiera rebobinar la cinta, habría elegido una palabra diferente”), o retractar, como el expresidente Jimmy Carter (“nunca tuve la intención ni quise estigmatizar a la nación de Israel”).
La Liga Antidifamación, el lobby judío estadounidense más importante junto a AIPAC, sostiene lo siguiente:
La de apartheid “es una etiqueta imprecisa, ofensiva y usada frecuentemente para delegitimar y denigrar a Israel en lo general”.
“Las políticas israelíes en Cisjordania y en relación con la Franja de Gaza todavía están sujetas a disputas y negociaciones tanto por parte de israelíes como de palestinos. Son complicadas y, debido a la falta de un acuerdo final, de hecho existen políticas y restricciones, incluidas limitaciones al movimiento y al acceso a ciertos recursos que pueden imponer enormes dificultades a los palestinos. Desde una perspectiva israelí, tales políticas se justifican por consideraciones de seguridad, dadas las amenazas pasadas y presentes que plantean las organizaciones terroristas palestinas contra civiles israelíes, incluso dentro de las fronteras de Israel anteriores a 1967. Si bien las políticas y prácticas de Israel ciertamente pueden ser criticadas, no es objetivamente exacto decir que son similares a un sistema permanente e institucionalizado motivado y diseñado por el racismo.”
“También hay que preguntarse para qué sirve la acusación de apartheid. ¿Se trata de desafiar y cambiar políticas específicas? ¿O es para demonizar a todo el estado?”
Quienes alertaron primero del riesgo de apartheid, ¿eran calumniadores antisemitas que demonizaban al Estado de Israel?
Varios de los políticos israelíes más conocidos, incluidos al menos cuatro primeros ministros, retomaron con preocupación la idea del apartheid en su país después de que, en 1961, uno de los creadores del sistema racista del apartheid en Sudáfrica, el primer ministro sudafricano Hendrik Verwoerd, criticó de esta forma un voto israelí en la ONU: "Israel no es consistente en su nueva actitud anti-apartheid... Arrebató a Israel de los árabes después de que los árabes vivieron allí durante mil años. En eso, estoy de acuerdo con ellos. Israel, como Sudáfrica, es un Estado de apartheid" (citado por Andrew James Clarno en su libro “The Empire's New Walls”).
Tras la guerra de 1967, David Ben Gurion, primer ministro fundador de Israel, advirtió: “Es mejor que Israel se deshaga de los territorios (que ocupó en ese año) y de su población árabe lo antes posible. Si no es así, Israel pronto se convertirá en un Estado de apartheid" (citado por el periodista israelí Hirsh Goodman en su libro “Let Me Create A Paradise, God Said To Himself”).
Yitzhak Rabin, el primer ministro que firmó la paz con los palestinos y fue asesinado por ello en 1995, dijo en 1976: “No creo que sea posible contener a largo plazo, si no queremos llegar al apartheid, a un millón y medio de árabes dentro de un Estado judío”.
“Israel practica su propia forma, bastante violenta, de apartheid con la población palestina nativa”, sostuvo en 2006 el ministro de Educación Shulamit Aloni.
En 2007, el primer ministro Ehud Olmert les advirtió a los políticos de derecha que no debían seguir bloqueando la solución de dos estados porque si fracasaba, “enfrentaremos una lucha estilo Sudáfrica por el derecho al voto igualitario y eso será el fin de Israel”.
“Lo que actúa como el apartheid, se dirige como el apartheid y acosa como el apartheid”, reflexionó en 2008 el ministro de Medio Ambiente Yossi Sarid, “no es un pato, es apartheid”.
"Mientras en este territorio al oeste del río Jordán haya solo una entidad política llamada Israel, será o no judía o no democrática”, señaló en 2010 Ehud Barak, entonces ministro de Defensa y exprimer ministro. “Si este bloque de millones de palestinos no puede votar, será un Estado de apartheid".
¿Quiénes han concluido que Israel sí aplica políticas de apartheid sobre los palestinos?
Así como el arquitecto del apartheid reconoció lo que ocurría en Israel, quienes lo padecieron en Sudáfrica también lo identificaron.
Nelson Mandela advirtió en 1997, en el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que “habiendo alcanzado nuestra propia libertad, podemos caer en la trampa de lavarnos las manos de las dificultades que enfrentan los demás. Sin embargo, seríamos menos que humanos si lo hiciéramos”.
En 2002, el legendario presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz y arzobispo Desmond Tutu, ya fallecido, publicó un artículo titulado “Apartheid en Tierra Santa”, en el que compara “la humillación de los palestinos en los retenes” con “lo que sufrimos cuando jóvenes policías blancos nos impedían trasladarnos”.
“Me duele el corazón. Yo digo por qué nuestros recuerdos son tan cortos. ¿Han olvidado nuestras hermanas y hermanos judíos su humillación?”, pregunta Tutu más adelante. “¿Han olvidado tan pronto el castigo colectivo, las demoliciones de viviendas, en su propia historia? ¿Han dado la espalda a sus profundas y nobles tradiciones religiosas? ¿Han olvidado que Dios se preocupa profundamente por los oprimidos?”
Entre otros sudafricanos que vivieron bajo el apartheid, Ronnie Kasrils, hijo de judíos lituanos que escaparon de los progromos y luchador contra el régimen racista que llegó a ser ministro de Inteligencia del gobierno democrático, declaró: "Los israelíes afirman que son el pueblo elegido, los elegidos de Dios, y encuentran una justificación bíblica para su racismo y exclusividad sionista. Esto es exactamente como los afrikáners (sudafricanos blancos de origen holandés) de la Sudáfrica del apartheid, quienes también tenían la noción bíblica de que la tierra era su derecho otorgado por Dios. Al igual que los sionistas que afirmaban que Palestina en la década de 1940 era ‘una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra’, los colonos afrikaners difundieron el mito de que no había gente negra en Sudáfrica cuando se establecieron por primera vez en el siglo XVII”.
“Hay cosas que los sudafricanos reconocemos en la lucha palestina por la autodeterminación nacional y los derechos humanos”, continúa Kasrils. “Los reprimidos son demonizados como terroristas para justificar violaciones cada vez mayores de sus derechos. Tenemos el absurdo de que se culpe a las víctimas por la violencia ejercida contra ellas. Tanto el apartheid como Israel son excelentes ejemplos de estados terroristas que culpan a las víctimas”.
En 2017, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental presentó un informe en el que concluyó que "Israel ha establecido un régimen de apartheid que domina al pueblo palestino en su conjunto".
En 2019, la acusación fue puesta bajo estudio por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU.
Posteriormente, diversas organizaciones de derechos humanos presentaron reportes en el mismo sentido:
La israelí Yesh Din, en 2020: “La ocupación israelí de Cisjordania y el crimen del apartheid: opinión jurídica”.
La también israelí B’Tselem, en 2021: “Un régimen de supremacía judía desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo: esto es apartheid”.
La estadounidense Human Rights Watch, en 2021: “Un umbral atravesado. Las autoridades israelíes y los crímenes del apartheid y la persecución”.
Y Amnistía Internacional, en 2022: “El apartheid de Israel contra los palestinos: un cruel sistema de dominación y un crimen contra la humanidad”.
¿Cómo concluyen que Israel ha establecido un sistema de apartheid?
Un sistema de apartheid es un régimen institucionalizado de opresión y dominación de un grupo racial sobre otro. A través de la Convención contra el Apartheid y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el derecho penal internacional establece que los actos ilegítimos concretos que se cometen dentro de un sistema de opresión y dominación con la intención de mantenerlo constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid.
En su informe, Amnistía Internacional documentó actos prohibidos en todas las zonas que controla Israel (es decir, también dentro del territorio reconocido como del Estado de Israel), aunque se cometen con más frecuencia y violencia en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) por Israel.
Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como las draconianas restricciones a la circulación en los TPO, la falta de inversión crónica y discriminatoria en las comunidades palestinas en Israel, y la negación a la población palestina refugiada de su derecho a retornar. El informe documenta también traslados forzosos, detenciones administrativas, torturas y homicidios ilegítimos.
Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que estos actos forman parte de un ataque sistemático y generalizado dirigido contra la población palestina y que se cometen con la intención de mantener el sistema de opresión y dominación. Por tanto, constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheid.
La población palestina es tratada como una amenaza demográfica.
Desde su creación en 1948, Israel persigue una política de establecer y después mantener una mayoría demográfica judía y de maximizar el control sobre las tierras y los recursos para beneficiar a la población israelí judía. Hoy, todos los territorios controlados por Israel siguen administrándose con el propósito de beneficiar a la población israelí judía en detrimento de la palestina, mientras las personas refugiadas palestinas siguen excluidas.
Opresión sin fronteras
El trato que da Israel a la población palestina en todas las zonas persigue el mismo objetivo: privilegiar a la población israelí judía en el reparto de tierras y recursos, y reducir al mínimo la presencia y el acceso a la tierra de la población palestina. Trata a la población palestina como a un grupo racial inferior definido por su condición de árabe no judía.
A las personas palestinas ciudadanas de Israel se les niega la nacionalidad, dado que se establece una diferenciación legal con respecto de las personas israelíes judías.
En Cisjordania y Gaza, donde Israel controla el registro civil desde 1967, la población palestina no tiene la ciudadanía y la mayoría es considerada apátrida, por lo que necesitan tarjetas de identidad del ejército israelí para vivir y trabajar.
A la población refugiada palestina y a sus descendientes, que fueron desplazados en los conflictos de 1947-49 y 1967, se les sigue negando el derecho a retornar a sus antiguos lugares de residencia.
La población palestina de la Jerusalén Oriental anexionada tiene la residencia permanente en lugar de la ciudadanía, aunque este estatuto es permanente sólo de nombre. Desde 1967, se ha revocado la condición de residente a más de 14.000 personas palestinas a discreción del Ministerio del Interior, lo que ha provocado su traslado forzoso fuera de la ciudad.
Ciudadanos y ciudadanas inferiores
En 2018, la discriminación contra la población palestina cristalizó en una ley constitucional que, por primera vez, consagraba a Israel exclusivamente como el “Estado nación del pueblo judío”.
A la población palestina se la impide efectivamente el arrendamiento de suelo en el 80% de las tierras estatales de Israel como consecuencia de confiscaciones racistas de tierra y de una red de leyes discriminatorias sobre asignación, planificación y zonificación de las tierras.
Décadas de trato deliberadamente desigual de la población palestina ciudadana de Israel la ha dejado de forma sistemática en desventaja económica respecto de la población israelí judía.
Desposesión y desplazamiento de la población palestina de sus casas
Desde su creación, el Estado de Israel lleva a cabo confiscaciones de tierra masivas y crueles contra la población palestina, y sigue implementando multitud de leyes y políticas para obligar a ésta a vivir en pequeños enclaves. Desde 1948, Israel ha derribado cientos de miles de viviendas y otras propiedades palestinas en todas las zonas bajo su jurisdicción y control efectivo.
Las autoridades niegan permisos de construcción a la población palestina de estas zonas, lo que obliga a ésta a construir estructuras ilegales que son derribadas una y otra vez.
La construcción de asentamientos israelíes ilegales en los TPO es una política gubernamental desde 1967. En la actualidad, ocupan el 10% de las tierras en Cisjordania y, entre 1967 y 2017, se ha expropiado cerca del 38% de las tierras palestinas de Jerusalén Oriental.
Los barrios palestinos de Jerusalén Oriental son elegidos a menudo por organizaciones de colonos que, con el pleno respaldo del gobierno israelí, trabajan para desplazar a las familias palestinas y entregar sus casas a colonos.
Restricciones draconianas a la circulación
Las autoridades israelíes imponen restricciones a la circulación cada vez más estrictas a la población palestina en los TPO. Una red de controles, cortes de ruta, vallas y otras estructuras controla la circulación de la población palestina y restringe sus viajes a Israel y al extranjero.
Una valla de 700 kilómetros que Israel sigue ampliando aísla a las comunidades palestinas dentro de “zonas militares”, cuyos residentes deben obtener múltiples permisos especiales cada vez que quieren entrar o salir de su casa. En Gaza, más de dos millones de palestinos y palestinas viven bajo un bloqueo israelí que ha creado una crisis humanitaria. A quienes viven en esta zona les es casi imposible viajar al extranjero o al resto de los TPO, y están segregados efectivamente del resto del mundo.
Amnistía Internacional examinó cada una de las justificaciones de seguridad que alega Israel como base de su trato a la población palestina. El informe muestra que, aunque algunas políticas de Israel podrían haber sido concebidas para cumplir objetivos legítimos en materia de seguridad, la forma en que se han implementado es manifiestamente desproporcionada y discriminatoria y vulnera el derecho internacional. Otras políticas carecen de toda base de seguridad razonable y están conformadas claramente por la intención de oprimir y dominar.
El pueblo palestino de Qalqilya, rodeado por el muro israelí.
Con base en el informe de Human Rights Watch, AJ+ realizó este video en el que explica en 12 minutos cómo es el sistema israelí de apartheid.
¿Cuál será el impacto de la opinión que emita la CIJ?
Es improbable que sirva para detener la guerra contra Gaza. Ante el juicio por genocidio, Israel se vio obligado a defenderse ante la CIJ porque es uno de los estados firmantes de la Convención contra el Genocidio. Pero mientras avanza el proceso, no ha tenido reparos en ignorar las medidas cautelares ordenadas por esa Corte, de la misma manera en que una y otra vez ha desdeñado a la otra, la Penal.
En el caso de esta solicitud de la Asamblea General a la CIJ, el primer ministro Netanyahu negó que el debate tenga legitimidad porque “es parte del intento palestino de dictar los resultados del acuerdo político sin negociaciones”.
Negociaciones que Netanyahu nunca ha tenido intenciones de abrir.
Las consecuencias pueden ser de mediano y largo plazo, sin embargo. Harán más difícil que los gobiernos aliados de Israel justifiquen su apoyo a un sistema de apartheid, bajo acusaciones de genocidio; y facilitará que organizaciones y otros países avancen en el proceso de hacer políticamente insostenible la complicidad con Israel e imponerle sanciones comerciales, de manera similar a los eventos que condujeron al fin del régimen del apartheid en Sudáfrica.
La justicia internacional es lenta pero esto es parte del prolongado esfuerzo para lograr que prevalezca.
Y quedará para la historia: el Estado de Israel como responsable de apartheid en todos los territorios que controla, y de limpieza étnica y genocidio en Gaza.
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