Flotilla Sumud: primer ataque israelí; graves amenazas; urgente que actúen gobiernos
Familiares demandan apoyo de México / Navegantes se reafirman en sus objetivos
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Contenido:
1- Primer ataque contra la Flotilla Sumud; navegantes reafirman su decisión de continuar
2- Familiares de tripulantes demandan al gobierno de México proteger a sus ciudadanos en la Flotilla Sumud
3- VIDEO: Desde el Mar Mediterráneo, entrevista con Karen Castillo
Artículo principal:
4- Flotilla Sumud: graves amenazas israelíes, urgente que actúen los gobiernos
Primer ataque contra la Flotilla Global Sumud; navegantes reafirman su decisión de continuar
Frente al puerto de Túnez, 29 minutos después de medianoche, hoy martes 9 de septiembre, un dron arrojó un explosivo sobre el barco Family, en el que navegan varias de las personas más conocidas de este esfuerzo humanitario.
Por un rato, hubo confusión sobre el posible origen del incendio pero el pietaje de cámaras de vigilancia confirma las versiones de los testigos de que se trató de un dron.
No hubo heridos y los daños fueron limitados, pero es un acto de intimidación destinado a disuadir a los tripulantes de continuar.
Tras el ataque, pobladores de Túnez acudieron a darles su apoyo a los navegantes humanitarios.
Poco antes del mediodía de este martes, los organizadores ofrecieron una conferencia de prensa en la que, en voz de Saif Abukeshek, un activista palestino avecindado en Barcelona, sostuvieron que no les sorprende la acción israelí, pues
“Esperamos la represión, la persecución, la difamación, y estamos listos para eso porque estamos inspirados por la resiliencia de un pueblo que ha estado luchando sin pausa durante los últimos 80 años. Han sufrido todo tipo de discriminación, han sufrido todo tipo de criminalización, han vivido los últimos 22 meses bajo genocidio. Y si alguien se alza por la vida, nos alzamos con ellos. Esta es una misión que trae vida, a través del mar, hacia Gaza. No para salvar al pueblo palestino sino para alzarse con él, hombro a hombro, frente a la criminalización, frente al genocidio”.
Por ello, reafirmaron su decisión de continuar hasta lograr el objetivo:
“Creemos en valores, creemos en principios que están siendo manipulados para justificar crímenes y ya no podemos aceptarlo. Por eso la gente sigue en Túnez, por eso nadie ha volado de regreso a casa, porque sabemos que esta es la posición definitiva que debemos mantener”.
La gente se está movilizando en Italia, en Grecia y en otros puertos y en los días venideros la flotilla se reunirá en el mar, en nuestra misión de romper el bloqueo, de terminar el genocidio y de alzarse con el pueblo palestino en su justa lucha”.
Familiares de integrantes de la DelegaciónMexicana de la #globalsumudflotilla solicitan al Gobierno de México y a la Presidenta Claudia Sheinbaum que exija al gobierno de Israel que respete los derechos humanos de nuestros compatriotas ante la amenaza explícita de que los tratarán como terroristas. como nos han amenazado.
Es URGENTE romper el cerco y llevar la ayuda humanitaria a Gaza!
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VIDEO: Desde el Mar Mediterráneo, entrevista con Karen Castillo
Integrante de la Delegación Mexicana de la Flotilla Global Sumud.
"Estados Unidos fue fundado por esclavistas que querían ser libres".
Un clásico del fallecido George Carlin. 1988
Artículo principal
Flotilla Sumud: graves amenazas israelíes, urgente que actúen los gobiernos
Por Témoris Grecko
La Flotilla Global Sumud, que navega por el Mar Mediterráneo con ayuda humanitaria en ruta a Gaza, representa una misión civil de una escala sin precedentes.
Está integrada por civiles defensores de los derechos humanos de 44 países en unas 50 embarcaciones, no lleva ningún tipo de armas, es totalmente pacífica y navegará por aguas internacionales sin tocar aguas territoriales de ningún país hasta llegar a las aguas territoriales palestinas frente a Gaza, por las que ingresará para llegar a la costa.
Ni la ONU ni ningún organismo internacional ha declarado un bloqueo ni restricciones de ningún tipo, por lo que sus actos están amparados por el derecho internacional, el derecho humanitario y la ley del mar.
Sin embargo, el gobierno de Israel ha anunciado planes para asaltar la flotilla en aguas internacionales y secuestrar a sus integrantes, lo que constituye un acto de piratería.
Esto ya lo han hecho en ocasiones anteriores y, lo que es mucho más grave, es que el ministro israelí de Seguridad Nacional adelantó que los integrantes de la Flotilla serán acusados de terrorismo, juzgados, condenados y encerrados en prisiones israelíes bajo condiciones extremas, para hacerles pagar por su atrevimiento.
¿Qué harán los gobiernos cuyos ciudadanos están bajo una amenaza abierta para prevenir la intervención ilegal del gobierno israelí contra la libre navegación, y para impedir que los tripulantes sean maltratados, expuestos a violencia que puede ser letal, y sometidos a un proceso judicial sin garantías, con resolución y sentencia previamente decididas?
La Flotilla Sumud: un desafío sin precedentes
La Flotilla Global Sumud se ha consolidado como un movimiento de base, una coalición de la sociedad civil que agrupa a organizaciones y activistas de más de 44 países de seis continentes. El nombre mismo, “Sumud”, una palabra árabe que significa “perseverancia” o “constancia”, subraya la intención de la misión de resistir frente a la opresión. Esta iniciativa, liderada por ciudadanos y activistas, busca desafiar el bloqueo marítimo de Israel con una misión no violenta que tiene objetivos claramente definidos: la ruptura del asedio, la entrega de ayuda humanitaria vital y el establecimiento de un corredor humanitario marítimo administrado por la sociedad civil. Los organizadores han enfatizado que la flotilla actúa bajo los principios de la resistencia no violenta y que sus delegaciones no están afiliadas a ningún gobierno o partido político, lo que sitúa la misión firmemente en el ámbito del activismo humanitario y no de la confrontación militar.
Este enfoque no es casual. Al operar en aguas internacionales y presentarse como una misión estrictamente civil y humanitaria, la flotilla busca confrontar el bloqueo israelí en un terreno legal y moral, forzando a Israel a reaccionar de una manera que expone la naturaleza de su asedio. La coalición ha llamado a los gobiernos y a las Naciones Unidas a “garantizar el paso seguro de los barcos de ayuda y su tripulación”. Su existencia misma es una declaración de que, en vista del fracaso de los gobiernos y las instituciones internacionales para poner fin al asedio, los civiles han tomado la iniciativa de hacer lo que consideran moralmente y legalmente correcto.
La matriz de amenazas israelíes: de la disuasión a la criminalización
En respuesta a esta iniciativa, la reacción de Israel ha sido notable por su carácter proactivo y la severidad de su retórica. A diferencia de las respuestas a flotillas anteriores, que solían ser tácticas y reactivas, las amenazas actuales han adoptado un tono de justificación legal anticipada. El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha adelantado que acusarán a los tripulantes como “terroristas”, con el fin de garantizar que no se beneficien de un “arresto suave” y una detención corta, sino que sean sometidos a un encarcelamiento prolongado y bajo los peores tratos.
Esta categorización no es un mero acto retórico; se trata de una maniobra estratégica deliberada para alterar el marco legal de la confrontación. El derecho internacional, en particular el IV Convenio de Ginebra, protege a la población civil y prohíbe el castigo colectivo, así como el uso de la inanición como arma de guerra. Al enmarcar la flotilla humanitaria como una “actividad terrorista”, Israel busca despojar a sus participantes de estas protecciones legales y justificarse bajo el paraguas de la lucha antiterrorista, donde la aplicación de la fuerza letal o desproporcionada es más fácil de defender. Este enfoque recuerda a la justificación israelí para el asesinato de casi 250 periodistas en Gaza, a quienes también se les ha tildado de “participantes de agrupaciones terroristas”. Con esta medida, Israel busca neutralizar el argumento moral y legal de la flotilla antes de que la confrontación ocurra.
Además de esta propuesta, la retórica israelí ha incluido otras declaraciones perjudiciales y despectivas. El Ministro de Defensa ha instruido a sus fuerzas para que tomen “todas las medidas necesarias” para detener la flotilla, una directriz de alcance amplio y potencialmente peligrosa. En un intento de desacreditar a los activistas, el Ministerio de Defensa ha llamado públicamente “antisemita” a la activista Greta Thunberg, mientras que otras figuras han calificado a los participantes como “propagandistas de Hamás”. Estos comentarios son parte de una campaña coordinada de deslegitimación. La flotilla pretende visibilizar el fracaso de los gobiernos para actuar. En respuesta, el aparato de propaganda israelí busca desviar la atención de la crisis humanitaria en Gaza hacia el carácter de los activistas, presentándolos como actores políticamente motivados e ilegítimos, lo que convierte la confrontación en una guerra de información, no solo en un incidente militar.
El precedente mortal del Mavi Marmara
El asalto al buque turco Mavi Marmara en 2010 es el precedente más trágico y significativo de la confrontación de flotillas. En mayo de ese año, en aguas internacionales, comandos israelíes abordaron la embarcación en la que viajaban más de 600 pasajeros y se transportaban 10 mil toneladas de ayuda humanitaria. Asesinaron a 10 personas e hirieron a decenas. La autopsia de una de las víctimas, Ibrahim Bilgen, reveló múltiples heridas de bala, una de ellas a quemarropa en la cabeza. Los activistas a bordo de la flotilla han testificado que los soldados dispararon a la cabeza y al cuerpo de los pasajeros. Este incidente desató la indignación global y provocó una grave crisis diplomática entre Israel y Turquía, llevando a la retirada de embajadores y a que Israel ofreciera disculpas años después por “errores operacionales”. A pesar de los pedidos de justicia, la Corte Penal Internacional (CPI) decidió no abrir una investigación formal sobre el ataque, argumentando que, si bien había motivos para creer que se cometieron crímenes de guerra, los hechos no eran de una gravedad suficiente para justificar su intervención.
Un patrón de conducta: asalto, secuestro, deportación
Israel resintió el impacto de la masacre que cometió en el Mavi Marmara. Las flotillas subsiguientes han continuado siendo interceptadas, y el patrón de las operaciones israelíes ha sido consistente: los barcos son asaltados en aguas internacionales, los activistas son secuestrados por algunos días y luego deportados.
El cambio fundamental con la Flotilla Sumud es que la amenaza ya no es solo de una reacción brutal de facto, sino de una agresión de jure. En el pasado, la violencia se justificaba a posteriori como un resultado lamentable de la resistencia encontrada, como un “error operacional”. Con la propuesta de Ben Gvir, la violencia se legitima de antemano. La re-categorización legal de los activistas como “terroristas” establece un nuevo marco que busca justificar la fuerza extrema incluso antes de que la flotilla llegue a aguas israelíes.
Esto se complementa con los reportes de que las tropas israelíes han realizado entrenamientos específicos que simulan un asalto a la flotilla, lo que indica un cambio de una postura reactiva a una de agresión planificada. La amenaza ya no es que Israel podría actuar con violencia, sino que ha preparado un marco legal y militar para hacerlo con un nuevo nivel de impunidad.
Un bloqueo ilegal
El debate legal en torno al bloqueo a Gaza se centra en la aplicación de los principios del derecho de la guerra. Aquellos que defienden la legalidad del bloqueo argumentan que cumple con los requisitos del Manual de San Remo de 1994, ya que ha sido declarado, notificado, y se aplica de manera efectiva e imparcial.
Sin embargo, la mayoría de la comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional, sostiene que el bloqueo es una forma de castigo colectivo que viola gravemente el derecho internacional humanitario. El Artículo 33 del IV Convenio de Ginebra prohíbe explícitamente las sanciones colectivas. La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha afirmado que el bloqueo es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. El hecho de que la ONU haya declarado la hambruna en Gaza es un argumento contundente contra la legalidad del bloqueo, ya que la crisis humanitaria demuestra que la medida es desproporcionada y que está causando un sufrimiento inaceptable a los civiles.
El abordaje en aguas internacionales de embarcaciones también rompe las normas internacionales. Un panel de la ONU concluyó que el asalto al Mavi Marmara fue “claramente ilegal” y constituyó una “violación grave de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” debido a la “brutalidad inaceptable” de los soldados.
Tripulantes en grave riesgo
Los participantes de la Flotilla están en riesgo de ser blanco de una agresión física por parte de las fuerzas israelíes. Incidentes pasados han demostrado que los activistas han sido sometidos a violencia, incluyendo el uso de Tasers y bastones. La retórica del ministro Ben Gvir, de descartar el “arresto suave” y considerar a los activistas como “terroristas”, eleva de forma alarmante la posibilidad de un uso de fuerza letal o desproporcionada, similar al que se vio en la tragedia del Mavi Marmara.
Además del peligro físico, los activistas enfrentan riesgos de detención ilegal y persecución judicial. En ocasiones anteriores, los participantes han sido secuestrados en aguas internacionales, trasladados contra su voluntad a prisiones israelíes y sometidos a malos tratos, medidas punitivas y trato agresivo.
Más allá de la violencia y la detención, Israel ha desarrollado una estrategia de “burocracia armada” para castigar y disuadir a los activistas. La declaración de figuras como Greta Thunberg como “persona non grata” es un ejemplo de cómo Israel utiliza herramientas diplomáticas y legales de manera poco convencional para deslegitimar a los activistas y evitar que vuelvan a entrar en el país. Este enfoque busca enmarcar a los activistas como amenazas legítimas para la seguridad del Estado, lo que subraya un cambio en la estrategia de disuasión israelí, que pasa de la mera fuerza física a un enfoque más sofisticado de ostracismo y criminalización.
La responsabilidad de los gobiernos
La confrontación inminente entre la Flotilla Global Sumud e Israel pone de relieve la imperativa necesidad de una respuesta coordinada por parte de los gobiernos de los países cuyos ciudadanos participan en la misión. Esta respuesta debe ser de doble fase, anticipatoria y reactiva.
Fase 1: Medidas de Prevención (Pre-agresión)
Para prevenir la anunciada agresión, los gobiernos deben actuar de manera proactiva.
Esto incluye emitir advertencias diplomáticas formales a Israel, dejando claro que se debe garantizar la libre navegación y en dado caso, que se les dé un trato civilizado y humanitario a los activistas.
Los gobiernos deben también hacer declaraciones públicas de apoyo a la misión humanitaria de la flotilla, reforzando su legitimidad y disuadiendo a Israel de usar la fuerza desproporcionada.
La coordinación entre los estados con nacionales en la flotilla es crucial para presentar un frente diplomático unificado.
Fase 2: Protocolos de Intercepción (Post-intercepción)
En caso de que se produzca una intercepción, los gobiernos deben tener listos protocolos de emergencia. El nivel mínimo de protección es la protección consular, que implica el contacto inmediato con los nacionales detenidos, la provisión de representación legal y la garantía de que sean tratados humanamente y sin malos tratos.
Sin embargo, una respuesta más robusta es la protección diplomática. Esto es un derecho del Estado de origen a tomar la reclamación de su nacional contra otro estado por una violación del derecho internacional, elevando la disputa a nivel interestatal, ya no solo como un asunto individual.
Finalmente, en caso de cualquier agresión, los gobiernos deben exigir la liberación inmediata y el regreso de sus ciudadanos, y deben denunciar públicamente cualquier uso de fuerza desproporcionada, señalando las violaciones del derecho internacional y buscando una rendición de cuentas.
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