“Si queremos, te matamos”: crónica sobre el periodista asesinado Rubén Espinosa
Víctimas denuncian 10 años de impunidad de la masacre / Lanzan Memorial Narvarte
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Contenido:
1- Expo y presentación del fanzine “Flores en el desierto”, en beneficio de cinco familias palestinas
2- VIDEO. “Sobre el 10° aniversario de la masacre de la Narvarte”
3- Omisiones y faltas de funcionarios públicos obstaculizan la justicia en el caso Narvarte (texto de Alejandro Meléndez)
4- Lanzan el archivo colectivo Memorial Narvarte
Artículo principal:
5- Crónica: “Si queremos, te matamos”
Primera parte del texto sobre el fotoperiodista Rubén Espinosa, una de las cinco víctimas de la masacre de la Narvarte, publicada en el libro “No se mata la verdad”, de Témoris Grecko.
Participaciones semanales en mesas de análisis:
Martes en #AstilleroInforma de 2 a 3 de la tarde, hora CDMX (GMT-6).
Miércoles en Periodistas Unidos de 4.30 a 5.30 de la tarde.
Jueves en Rompeviento TV de 10 a 11 de la mañana.
Inauguran expo y presentan el fanzine “Flores en el desierto”, en beneficio de cinco familias palestinas
En el Centro Cultural de calle Rayón 376, Guadalajara, Jalisco.
Conoce más sobre el proyecto “Flores en el desierto” aquí.
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Comentarios en Rompeviento:
Programa completo del jueves 31 de julio aquí.
Sobre el 10° aniversario de la masacre de la Narvarte:
Omisiones y faltas de funcionarios públicos obstaculizan la justicia en el caso Narvarte
Artículo de Alejandro Meléndez/Periodistas Unidos
(Versión resumida. La completa está aquí.)
Ciudad de México/31 de julio
A una década del multifeminicidio y homicidio perpetrado el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, las víctimas indirectas denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una serie de irregularidades y omisiones cometidas por servidores públicos que han obstaculizado la justicia en el caso.
Señalan que funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) incurrieron en actos y omisiones que vulneraron los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. La denuncia detalla que durante la investigación se cometieron irregularidades que incluyen encubrimientos, falta de diligencia, filtraciones de información y revictimización de las familias.
Irregularidades desde el inicio de la investigación
El 31 de julio de 2015, los policías preventivos Sergio Estrada Monroy y Gustavo Gómez Hernández acudieron al lugar de los hechos tras el reporte de una testigo, pero no se garantizó la preservación adecuada de la escena del crimen. Posteriormente, el agente del Ministerio Público inició la averiguación previa sin notificar de inmediato a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres, omitiendo protocolos clave para investigar los feminicidios. El 1 de agosto, se realizó una inspección ministerial sin personal médico forense, omitiendo documentar condiciones esenciales como el nivel socioeconómico de la zona o las condiciones climáticas, lo que comprometió la cadena de custodia.
Asimismo, se señala que los agentes no abrieron líneas de investigación especializadas para víctimas en situación de vulnerabilidad, como mujeres y periodistas, incumpliendo el deber de debida diligencia reforzada. Por ejemplo, no se notificó al Consulado de Colombia sobre la víctima Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, ni se investigaron las amenazas previas contra Rubén Espinosa y Nadia Vera relacionadas con sus actividades periodísticas y de defensa de derechos humanos.
Filtraciones y estigmatización
La investigación estuvo marcada por filtraciones de información sensible, incluyendo datos personales y fotografías de los cuerpos, que fueron difundidos en medios de comunicación. Las publicaciones promovieron narrativas estigmatizantes que relacionaban a las víctimas con actividades ilícitas, como el trabajo sexual o el narcomenudeo. Estas filtraciones, el Consejo para Prevenir la Discriminación, fomentaron la discriminación y revictimización. La denuncia subraya que los servidores públicos no implementaron mecanismos para evitar estas filtraciones, incumpliendo su deber de resguardar la información.
Exigencias de las víctimas
Las víctimas indirectas exigen que se investigue a los servidores públicos responsables y se les impongan sanciones administrativas y penales.
A diez años del caso Narvarte, las familias denuncian que las líneas de investigación, como las amenazas provenientes del gobierno de Veracruz contra Rubén Espinosa y Nadia Vera, no han sido agotadas. Bajo la gestión de la actual fiscal general Bertha Alcalde Luján, el caso sigue sin avances significativos. Las víctimas exigen el cumplimiento de la Recomendación 4/2017, el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables materiales e intelectuales y una reparación integral del daño.
“La impunidad en el caso Narvarte es una deuda histórica del Estado mexicano con las víctimas y la sociedad. No descansaremos hasta obtener verdad y justicia”, afirmó Patricia Espinosa Becerril.
Documental “No se mata la verdad”
Este es el tráiler de nuestro documental “No se mata la verdad” (Dir. Coizta Grecko, 2018) en el que presentamos, entre otras historias, la de Rubén Espinosa (en aquel entonces, México era más peligroso para el periodismo que Medio Oriente… hizo falta un genocidio para cambiar la referencia).
Míralo completo en YouTube, aquí.
Lanzan Memorial Narvarte
Este archivo colectivo recopila testimonios, fotografías, videos, textos, audios, piezas artísticas, además de otros elementos que enmarcan una década de lucha, memoria y resistencia por lxs 5, así como expresiones colectivas en homenaje a las víctimas. Es una iniciativa autogestiva que nace del grupo de acompañamiento -Memorial Narvarte-, quienes también impulsamos el Festival Arte Para No Olvidarte.
Visita la página aquí y checa el Instagram, X (Twitter) o Facebook.
Artículo principal:
Recogí la historia de Rubén Espinosa y de la masacre de la Narvarte en de mi libro “No se mata la verdad” (HarperCollins, 2020).
A diez años del crimen impune, compartimos la primera de tres partes con la comunidad de Mundo Abierto.
La próxima semana, publicaremos la segunda sección.
“Si queremos, te matamos”
Por Témoris Grecko
La cuerda se seguía tensando. Ya amenazaba con romperse. Y estaba enredada alrededor del cuello de Rubén Espinosa Becerril. El 10 de junio de 2015, el fotoperiodista comprendió que los hombres del gobernador Javier Duarte estaban cerrando el cerco alrededor suyo. Cinco días antes, una decena de golpeadores se había ensañado con un grupo de activistas. Ejecutaron su encargo con cuidado: su objetivo no era matarlos, era dejarles marcas físicas, intelectuales, emocionales, muy profundas, de las que se lloran toda la vida. “Yo no quiero terminar como esos chavos”, le dijo Rubén, de 31 años, a su pareja, Itzamná, una bailarina de 26. “No quiero que me hagan tanto daño. No quiero. Y sé, y siento, que lo pueden hacer”. También avisó a sus amigos cuando comían tacos de cochinita pibil, en un puesto callejero de la plaza Zaragoza de Xalapa, “Me voy antes de que me peguen una madriza y que me dejen loco, más loco de lo que ya estoy”.
Se propuso buscar refugio por uno o dos meses en Ciudad de México. Con la sospecha de que su teléfono móvil estaba intervenido, llamó a una amiga para decirle que se marcharía en la mañana siguiente. Era una treta. Lo hizo dos días más tarde.
Regresó así a su lugar de origen. Nacido en noviembre de 1983, Rubén creció en la capital del país, en un edificio en la esquina de la avenida Revolución con la calle José Martí, justo en donde la colonia Escandón, un barrio de clase media, se encuentra con el de Tacubaya, sede de la banda juvenil callejera de Los Panchitos, la más famosa de la época.
Aprendió fotografía de manera autodidacta. A los 23 años decidió mudarse a la ciudad porteña de Veracruz para hacerse una carrera y en 2009, ya en Xalapa, lo contrataron para documentar actividades políticas: primero las de la campaña de Duarte, entonces candidato a gobernador, y después las de la alcaldesa xalapeña, Elizabeth Morales.
En un ambiente profesional depauperado, en el que los reporteros carecen de seguridad social, reciben salarios de 2 mil a 6 mil pesos mensuales (110 a 330 dólares), se ven empujados a buscar las dádivas de los funcionarios y están expuestos a ser asesinados por realizar su trabajo, un empleo en el sector público es una opción laboral que muchos persiguen.
Pero eso no estaba en el espíritu de Rubén. Pronto se hartó de los especímenes de lo que llamaba “fauna política” y se convirtió en uno de sus críticos, dejando la dependiente seguridad de la quincena (pago cada dos semanas) por la incertidumbre libertad del freelancer. Los problemas sociales y los movimientos populares son el foco de un trabajo cuya calidad le ganó espacios como colaborador en el semanario Proceso y la agencia Cuartoscuro, de Ciudad de México, y en la local AVC Noticias.
E inevitablemente, se involucró en la denuncia de la violencia contra periodistas: fue uno de los que exigieron justicia por el asesinato de Regina Martínez, en 2012; y tuvo un rol destacado en la campaña #QueremosVivoAGoyo, lanzada tras la desaparición del reportero Gregorio Jiménez, en febrero de 2014, cuyo cadáver, como el de Moisés Sánchez, apareció desmembrado.
A principios de febrero de 2015, a pocos días del funeral de Moisés y cuando se iba a cumplir un año del crimen contra Goyo Jiménez, los reporteros Norma Trujillo (del diario La Jornada Veracruz) y Noé Zavaleta (corresponsal de la revista Proceso), el videógrafo Raziel Roldán (del portal Plumas Libres) y Rubén se reunieron en el Café Expreso 58, a sólo dos cuadras del palacio del gobernador.
Con otros compañeros, estaban creando el Colectivo Voz Alterna, un refugio para el periodismo independiente xalapeño. Hacían el balance de la situación y discutían qué acciones realizar, cuando Rubén sorprendió a sus amigos con una reflexión desmoralizada. “No creo que sean tan tontos como para echarse a alguien de nosotros, no lo creo, es imposible”, musitó. “Pero tengo el presentimiento de que uno de nosotros cuatro será el siguiente”.
***
Rubén es un defensor de todos los periodistas pero no de todo el periodismo. O lo que en México se entiende por periodismo, tras dos siglos de historia nacional en los que el poder político ha actuado como semilla, abono, patrón y verdugo de medios y reporteros. La noción de independencia periodística ha crecido enfrentando resistencias vigorosas que se expresan en boicot y castigo, desdén y maltrato, renuncias y deserciones.
La frase “Perro no come perro” es un lugar común para algunos periodistas. Asumen que su papel es señalar las fallas y los abusos de otros pero no las de los colegas; que el pegamento gremial del periodismo es la complicidad y el solapamiento; que la deshonestidad y la corrupción de unos no pone en peligro a los que no se corrompen; que si se someten al poder no están condenando a quien lo enfrenta.
La crítica de Voz Alterna no se dirige sólo a los enemigos externos del periodismo, sino también a quienes lo atacan y debilitan internamente. La experiencia de cada día le enseñó a Rubén que los bajos salarios y la desprotección de los reporteros -mantenerlos como una clase precarizada- es una forma directa y eficaz de control de la información. “Un periodista en el Estado de Veracruz no podría mantener una familia”, explicó en entrevista en el programa Periodistas de a Pie. “Hay compañeros que tienen dos empleos, y hasta seis”.
Eso no le restaba fuerza a sus denuncias contra quienes se rinden ante las migajas que les dejan caer. De arriba a abajo: los dueños de la prensa comprometen su línea editorial mediante grandes convenios de publicidad y oportunidades de negocio en otros ámbitos; en la base, Noé Zavaleta ha reportado sobre las cenas de Navidad y los desayunos del Día de la Libertad de Prensa que ofrecen gobernadores, diputados y alcaldes, en los que se premia la sumisión informativa con rifas de automóviles, entrega de dinero en efectivo y regalos de alimentos, bebidas y aparatos electromésticos, a reporteros que anteponen la desesperación al decoro.
“En Veracruz, los medios de comunicación están al servicio del dinero, de la corrupción”, afirmó Rubén. “Y no nada más estoy hablando de los directivos: también de reporteros y fotógrafos. Se pelean por desayunos de 45 pesos (2.5 dólares). Se pelean a veces el plato para decir ‘éste me lo trajeron a mí, éste me lo trajeron a mí’, cuando el gobernador hacía sus desayunos. Estamos hablando de algo realmente triste. Y es una prostitución de la información de una manera devastadora para la sociedad”.
En los círculos de corrupción, un requisito de la indecencia es la conchabanza: el que no acepta participar es el punto flaco por el que los involucrados pueden ser descubiertos. O es, cuando menos, una lucecita que los alumbra en su deshonra. Rubén denunció lo que llama “la lucha de la prensa contra la prensa”: los que juegan como fichas del poder atacan a los que se rehusan a hacerlo. A Rubén y los suyos “nos llaman guerrilleros” por defender la libertad de expresión “y por capacitarnos en seguridad personal. Por algo básico, sencillo: usar casco, máscaras contra gas lacrimógeno, hacer mapeo, son cosas básicas que deberíamos conocer todos”.
El contexto de represión permite entender porqué. Javier Duarte lleva cuatro años y medio en la gubernatura y le falta uno y medio más. Su poder se ha apoyado en dos patas de elefante, una mediática y otra represiva: de un lado, su jefa de prensa, la experiodista Gina Domínguez, ha logrado crear ficciones informativas mediante la compra de coberturas favorables y la amenaza y persecución contra los reporteros no alineados. Hace llamadas a los directores de los medios para dar órdenes inapelables: “[Tal persona] debe salir así y así. A tal espacio, con tales palabras, y tal encabezado. Quiero esta foto y quiero que la firme tal reportero”, explicó el periodista Ignacio Carvajal. Si alguien le hace preguntas incómodas a Duarte, Domínguez exige que lo sustituyan. En su lenguaje, los convenios de publicidad oficial se llaman “alianzas editoriales”, que puede cancelar en cualquier momento si no se respeta su autoridad, de la misma forma en que compensa a quienes acatan su línea y promueven la imagen del gobernador.
La otra zanca es la del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, que utiliza a agentes uniformados y encubiertos para aplastar los movimientos sociales y además arrinconar a los comunicadores. Es peor: en al menos 80 casos de desaparición de personas hay acusaciones contra la Policía Estatal. Su comandante es Bermúdez, el responsable de proteger a los veracruzanos, que tiene un gusto especial por la violencia.
En distintas partes del mundo, gobiernos que prefieren no ser acusados de emplear métodos mortales de represión, pero desean dejar huellas indelebles en los ciudadanos, encuentran técnicas que los distinguen: en Palestina, los cañones de agua israelíes arrojan un líquido extremadamente apestoso, que si te alcanza dejará inservible tu ropa, te obligará a raparte y eliminar todo rastro de pelo, y aniquilará tu vida social por las siguientes tres semanas; en Egipto, el gas lacrimógeno es del peor que te puede envolver, y a algunas personas sus compañeros tienen que sacarlas a rastras, fuera de sí, con la boca chorreando baba y los ojos en blanco; en Irán, lanzan escuadrones de motocicletas contra la multitud, cada una con dos ocupantes: uno conduce y atropella, el otro reparte porrazos.
El rugido de una veintena de motos juntas, como preludio de su carga contra la gente, es una de las partes del espectáculo destinadas a crear el pánico. Es algo que también les gustó a Duarte y Bermúdez, que descubrieron las porras eléctricas y les tomaron gusto. Bajo sus órdenes, los pelotones antimotines avanzan haciéndolas chirriar al unísono, generando una armonía criminal en la que los solos son interpretados por las personas –ancianos, jóvenes, agresivos, pacíficos, fuertes, débiles, hombres, mujeres y niños- al ser golpeadas por descargas de miles de voltios. Así han disuelto todo tipo de protestas, lo mismo de profesores que defienden sus empleos que de jubilados pobres que reclaman porque el gobierno no paga sus pensiones.
Aunque la inseguridad es generalizada, esto no es lo que centra la atención de Duarte, Bermúdez y Domínguez, sino lo que publica la prensa que escapa a su control. La omertà veracruzana, la ley mafiosa del silencio, es impuesta en paralelo por gobierno y grupos de delincuentes, y obedecida por la mayoría de los medios locales. Pero entre ellos hay un sector que se les resiste. Y no es fácil silenciar a los del resto de la República. El gobernador resiente la frustración: “En temas de seguridad, pueden hacerse 99 cosas bien, pero con que una salga mal, ése es el tema”, se quejó después de que el país supo que agentes estatales desaparecieron a cuatro jóvenes veinteañeros y una adolescente en el municipio de Tierra Blanca.
En el verano de 2011, el grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CGJN) utilizó otro nombre, Los Matazetas, al iniciar su campaña de infiltración en el estado. La lanzó de una manera extrema, imposible de ignorar para las autoridades: el 21 de septiembre de ese año, los fiscales y presidentes de tribunales de justicia federales y de todo el país celebraron su encuentro nacional en el Hotel Fiesta Americana de Boca del Río, municipio conurbado al de Veracruz.
Asesinaron a 35 personas, marcaron los cadáveres con la letra Z y, a manera de bienvenida, los descargaron y amontonaron para bloquear la vía rápida más importante de la ciudad, el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, frente a Plaza Las Américas: esto es a dos kilómetros de donde, al día siguiente, se realizaría el cónclave judicial. Magistrados y procuradores todavía estaban reunidos, bajo el impacto psicológico del mensaje sangriento, cuando otros 14 cuerpos fueron arrojados en los alrededores. Además, Los Matazetas desplegaron una operación en redes sociales que provocó pánico en la población: ante los rumores de que había enfrentamientos en las cercanías, padres y madres de familia corrieron a las escuelas para llevarse a sus hijos.
En los primeros cuatro años de gobierno de Duarte fueron registrados 2,457 homicidios dolosos: 12 por semana. Ésa sólo es la cifra oficial, sin embargo. Los periodistas han tenido que buscar formas para reportar, sin resultar heridos o muertos, un fenómeno macabro que no es nuevo en Veracruz, pero cuyas dimensiones exceden todo lo imaginado: el de los descubrimientos de fosas clandestinas que se cuentan por cientos [hasta abril de 2018, se habían encontrado 30 mil fragmentos humanos, correspondientes a un número indeterminado de personas, en 44 municipios del Estado; la administración Duarte está acusada de ocultar al menos 1,824 casos de personas desaparecidas].
Otras matanzas siguieron a la inaugural de septiembre de 2011: una de treinta personas en octubre, otra de 28 en noviembre, además de muchos asesinatos y masacres comparativamente menores. Con la colaboración de los cuerpos de seguridad, el CGJN (conocido como “Las Chivas”, por provenir del Estado de Jalisco, al igual que el popular equipo de futbol Chivas de Guadalajara) logró apoderarse de la hegemonía en el centro del estado, a partir de la zona porteña y hacia el interior del país, por el cinturón urbano de Córdoba y Orizaba, y ganar influencia en Xalapa. Puso bajo su dominio tanto a policías y funcionarios como a empresarios y taxistas.
Pero la espectacular virulencia de la guerra contra Los Zetas (a quienes, para no mencionarlos, la gente identifica como “los de la última letra”) estaba destruyendo la imagen del gobierno duartista, y obligaba al federal a demostrar preocupación por lo que ocurría. Tocaba entonces aplicar lo que en la jerga criminal se llama “enfriar la plaza”, es decir, combatir la percepción de caos generalizado. La primera medida que tomaron fue limitar el impacto público, evitando los enfrentamientos en centros comerciales y lugares concurridos; y la segunda, asegurarse el control de la información, para que la violencia que persistía en zonas rurales y urbanas permaneciera oculta.
Directivos y reporteros fueron puestos frente a la disyuntiva de la ley de plata o plomo: aceptar dinero o recibir balas.
El 2 de abril de 2013, en el mismo Hotel Fiesta Americana donde, dos años atrás, jueces y fiscales recibieron el mensaje sangriento de Los Matazetas, Javier Duarte fue agasajado por dueños de diarios de todo el país. Llevaba 28 meses en el gobierno, ya habían sido asesinados nueve reporteros y tres estaban desaparecidos. Pero en una ceremonia fastuosa, la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos le otorgó un reconocimiento por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, dijo Julio Ernesto Bazán González, gerente general de la organización. Duarte respondió que “significa mucho para Veracruz y para mi gobierno porque nos confirma que, en la defensa y respeto de la libertad de expresión, vamos por la ruta correcta, y que en la protección a los periodistas respondimos con oportunidad y acciones concretas a un gran desafío que juntos estamos superando”.
***
En la imagen, Javier Duarte saluda y felicita al escritor Salman Rushdie, quien responde con un gesto amable. Días después, Rushdie aclaró en Twitter que “mi asistencia, de ninguna manera, respalda la postura de político alguno”. La oficina de prensa de Duarte, de cualquier forma, explotó la fotografía cuanto pudo. Lo hizo también con otras figuras internacionales que, como Rushdie, acudieron al Hay Festival en Xalapa. Algunas veces fue retratado en actos oficiales, en los que aparece con los invitados de mayor renombre y los directivos del evento literario, y en otras en ambientes más íntimos, como anfitrión de grandes personalidades.
De origen británico, el Hay Festival tiene ediciones en varios países. En México, desde su llegada al cargo, el gobernador Duarte le dio el apoyo para realizarse en la capital estatal cada año a partir de 2011. Lo convirtió en una vitrina para su propia promoción. Respondiendo a las críticas, los organizadores del festival afirmaron que “algunos de los más destacados defensores de la libertad de expresión a nivel mundial, como Carl Bernstein, Wole Soyinka o Salman Rushdie”, habían “pronunciado mensajes claros y enfáticos de condena a la persecución de periodistas en Veracruz”, pues alcanzan “más autoridad e impacto” si lo hacen “desde los lugares donde suceden”.
Pero a principios de 2015, el asesinato de Moisés Sánchez y el desdén y complicidad de las autoridades demostraron, otra vez, que las denuncias le importaban muy poco a Duarte, quien seguía ocultando la violencia tras los reflectores y las alfombras rojas, mostrándose como hombre cosmopolita, amante de la cultura y de la vida intelectual, avalado por la amistad de autores de renombre y por los encuentros artísticos que patrocinaba.
Por eso 16 periodistas organizamos una campaña para destacar las contradicciones y solicitar que el evento saliera de Xalapa. “No estamos contra el Hay Festival, estamos contra su uso político en un estado donde el periodismo cuesta la vida”, planteamos en nuestra carta abierta. “En el camino, hemos escuchado las opiniones de editores, periodistas, escritores solidarios con nuestra demanda, pero preocupados por el posible cierre de los pocos espacios que podrían fomentar la cultura y el debate”, admitimos. “Hemos escuchado también a veracruzanos asqueados por la manera en que el gobierno se promueve a través del festival, pero que tampoco quieren que el festival abandone Veracruz y quedar cercados por la violencia y la impunidad. Y hemos escuchado a los organizadores del Hay Festival Internacional y Latinoamérica que se acercaron a nosotros y se ofrecieron a abrir un diálogo con periodistas, escritores y editores para analizar la situación”.
La petición era polémica. No obstante, fue valorada como justa y necesaria por 25 organizaciones y colectivos, internacionales y mexicanos, y más de 300 periodistas y escritores de 24 países que la respaldaron con sus firmas (como la Premio Nobel Jody Williams, el lingüista Noam Chomsky y los escritores y periodistas Javier Valdez, Artur Domoslawski, Alma Guillermoprieto, Juan Villoro, Leonardo Padura y María Teresa Ronderos). “Una celebración de la libertad y la cultura, como es el Hay Festival, no puede realizarse en un contexto de violencia contra la libertad y la cultura”, concluimos, porque “lastima la memoria de los compañeros asesinados”.
“La respuesta a la matanza de (los trabajadores del semanario francés) Charlie Hebdo no fue cerrar la revista, sino sacar una tirada de 5 millones de ejemplares. Ése es el modelo con el que nos identificamos”, respondieron Peter Florence, director general del Hay Festival, y Cristina Fuentes La Roche, el 6 de febrero de 2015. “Creemos en el compromiso, no en la retirada; en la palabra, no en el silencio ni en el vacío”. Sin embargo, “hemos escuchado el sentir de buena parte de la comunidad intelectual”, por lo que, en lugar de llevarlo a cabo “en un lugar determinado, celebraremos el festival de manera digital, para así no sólo llegar a nuestros amigos de Xalapa, sino a todas las personas que tienen acceso a internet en México”.
El año siguiente, la edición mexicana del Hay Festival se estableció en la ciudad de Querétaro.

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En la tradición política implantada por el antiguo partido hegemónico, el PRI, que mantuvo el poder de 1929 a 2000, el presidente es rey absoluto por seis años y emérito sordomudo el resto de su vida. Hace un siglo, el país perdió a uno de cada diez habitantes en una guerra revolucionaria contra la reelección y el fraude electoral. Si la manipulación de comicios pervivió suprema, la práctica de aferrarse a la silla fue extirpada de raíz y la tierra donde crecía, ahogada en sal. El único límite insuperable para un mandatario -para todos- ha sido modificar el mandato constitucional que prohibe repetir periodo.
A cambio de resignarse a la transitoriedad del cargo, el PRI le daba al jefe supremo el privilegio de designar a su sucesor. La tendencia natural era escoger al aspirante presuntamente más leal y fácil de controlar, aferrarse al poder a través de quien semejaba un pelele. Pero siempre fallaron: en 1936, el presidente Lázaro Cárdenas ordenó a 28 soldados y policías que subieran a su padrino político, Plutarco Elías Calles, a un aeroplano trimotor para deportarlo a Estados Unidos (Calles fue detenido cuando leía “Mi lucha”, de Adolfo Hitler); en 1971, Luis Echeverría se lavó las manos de masacres cometidas en 1968 y anuló la influencia de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz, atribuyéndole la responsabilidad total; en 1979, el propio Echeverría recibió el agradecimiento de su delfín, José López Portillo, en forma de una vacaciones con el digno cargo de embajador para las islas del Pacífico Sur; en 1995, Carlos Salinas de Gortari emigró a Irlanda, convertido popularmente en “El Chupacabras”, un monstruo campirano, tras enfrentarse públicamente con su escogido, el nuevo presidente Ernesto Zedillo. Y este último, por su parte, pactó reconocer la victoria del PAN en 2000 y pudo asegurarse un retiro académico tranquilo.
En el auge de la cultura priísta, los gobernadores eran virreyes con cortes propias y, a la vez, cortesanos del presidente. Pero al llegar a la Presidencia de la República, el PAN fue incapaz de controlar los hilos, se debilitó el poder central y en cada estado hubo un señor feudal que se sintió rey.
Fidel Herrera, el priísta que gobernó Veracruz de 2004 a 2010, calculó que podía perpetuarse a través de uno de sus subalternos más apocados, Javier Duarte, doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, a quien tomó a su servicio en 1997 como responsable de buscar las noticias de interés en los periódicos, temprano cada mañana, recortarlas y pegarlas en hojas de papel. Aunque nacido en una familia acomodada, la personalidad del elegido reflejaba las dificultades de una juventud marcada por el desdeñoso apodo de “caremo” (cara de moco) y otras formas de bullying.
Ya en el poder, Duarte buscaba referentes que le permitieran autoafirmarse. Por ejemplo, cuando le preguntaron con qué personaje de la historia se identificaba, eligió destacar los sonidos aflautados que emiten sus cuerdas vocales, para cobijarse en un sangriento dictador español: “Es un defecto que mucha gente me hace sentir y ver, pero yo me siento muy contento con mi voz, mi voz me identifica y me siento la verdad muy cómodo con ella”, lo cual lo hacía próximo al “generalísimo Francisco Franco, que tenía mi mismo timbre de voz”, que reflejaba “fortaleza, entusiasmo, energía”.
Algunos psicólogos que han analizado las actitudes de Duarte llaman la atención sobre una falta de empatía con los demás y una inseguridad, y que el acceso al poder de los gobernadores, temporal pero monárquico, lo imbuyó de un sentido de invulnerabilidad y de confianza en sí mismo. Cortando los lazos con el exgobernador Herrera, su protector, repelió su influencia tanto en el PRI como en el estado, y estableció su señorío a su gusto.
Los ladrillos débiles de su personalidad no desaparecieron bajo el yeso y la pintura cara con que lo revistió el cargo. Las críticas, las burlas y los fracasos impactaban directamente en ellos, provocando reacciones violentas.
Lo resintieron en la revista Proceso. No se ha demostrado quién es el autor intelectual del asesinato de su corresponsal, Regina Martínez, pero los fiscales de Duarte se esforzaron por presentar el homicidio como un affaire desafortunado, el error fatal de una mujer sin amor, de una solitaria que se dejó engañar por el primero que lo intentó. Cuando Duarte fue a las oficinas del semanario, el director Rafael Rodríguez Castañeda le espetó un “no te creemos” y los trabajadores lo increparon a gritos al salir. El año siguiente, 2013, el periodista Jorge Carrasco, asignado por Proceso para seguir el caso Martínez, reveló que al condenar a uno de los supuestos asesinos, la jueza no consideró la inexistencia de huellas o indicios de que el hombre hubiera estado en la escena del crimen. El 16 de abril, la revista advirtió que “hemos recibido informes acerca de una reunión entre exfuncionarios y funcionarios de gobierno, de seguridad pública y de la Procuraduría (de Justicia) veracruzana cuyo propósito era acordar acciones hostiles en contra del reportero” Carrasco, y que “se decidió la captura del reportero y la decisión de hacerle daño en caso de que se resista”, para lo cual serían enviados agentes policiacos a Ciudad de México. Por lo tanto, se activó un protocolo de seguridad para proteger al amenazado. Proceso señaló que responsabilizaba “al gobierno del estado de Veracruz de cualquier agresión” contra “Carrasco y su familia, el actual corresponsal de la revista en la entidad, Noé Zavaleta, y todo el personal que colabora con este semanario”.
Noé Zavaleta me dijo que no había sufrido agresiones físicas más allá de las que suelen recibir en la cobertura diaria los otros periodistas no alineados, pero sí ha sido objeto de campañas de difamación originadas en cuentas de e-mail del gobierno estatal y del PRI: lo denuncian como homosexual y drogadicto en mensajes dirigidos a empresarios, políticos, directores y jefes de información de periódicos y a otros periodistas. Lo peor, sin embargo, son las acusaciones de que está ligado a alguna de las pandillas en pugna: más allá de lo que se pueda pensar en la sociedad, si algún miembro de las bandas criminales toma en serio que Zavaleta trabaja para el enemigo, le pondrá precio a su cabeza.
***
Spot para televisión del CSFA:
El extranjero entra a un concurrido café, con mirada exploradora.
“Desde el principio, él conoce su misión y su objetivo”, dice la voz grave, masculina, en off. “No le costará trabajo identificar a la gente”.
En una mesa, a la que se dirige sin dudar, conversan dos chicas y un joven, guapos los tres, de clase media, modernos.
“Como siempre, somos muy generosos”, prosigue la narración mientras el extraño es invitado a sentarse. “Me caen muy bien”, agradece él.
Pero el narrador advierte: “¡Se va a escurrir en sus corazones!”
Los ingenuos jóvenes hablan sin cuidado de los problemas del país, de rumores de un complot contra el ejército, de problemas con el combustible y el transporte, y de alzas de precios.
“Es información que le están dando gratis”, continúa la voz en off, “¿por qué quejarnos ante él y por qué abrirle el corazón del país? ¿A cualquiera que conoces y ante quien abres el corazón sin saber quién es ni qué esconde?”
Mientras escucha a sus víctimas, el extranjero teclea mensajes en su teléfono móvil.
“¡Ten mucho cuidado con lo que dices! ¡Toda palabra tiene un precio! ¡Una palabra puede salvar una nación!”
Aunque los actores parecen mexicanos y la situación podría darse en México, este anuncio comercial fue difundido en Egipto en 2012, en las meses finales del gobierno interino del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), que tomó el poder un año antes al caer el general Hosni Mubarak.
La larga dictadura militar establecida por Gamal Abdel Nasser en 1952, ha utilizado exitosamente la táctica del miedo a lo extranjero para mantener el control sobre sus ciudadanos: en su narrativa, Egipto es un país siempre asediado por poderes malignos y sólo el ejército garantiza su seguridad, por lo que en retribución, el pueblo debe serle fiel.
La paranoia instilada viene de antaño. Durante la revolución de 2011, en la Plaza Tahrir, los periodistas extranjeros con frecuencia teníamos que enfrentar a gritos los cuestionamientos de personas que, aunque participaban en la insurrección contra el régimen, estaban influidas por su propaganda y sospechaban que éramos agentes israelíes.
En los años siguientes, las advertencias cotidianas de autoridades y medios de comunicación han profundizado los temores de las habitantes, muchos de los cuales están dispuestos a servir de agentes voluntarios del Estado para identificar y detener a extranjeros sospechosos.
Aunque opuestos entre sí, los sucesivos gobiernos del CSFA, de la Hermandad Musulmana y, tras el sangriento golpe de Estado de 2013, del mariscal Abdel Fatah al Sisi han compartido enemigos simbólicos: si los espías reales o imaginados no cultivan el arte de hacerse ver, los periodistas –siempre incómodos- están a la mano para representar la amenaza. Ser descubierto en el lugar equivocado –casi cualquier sitio fuera de las zonas turísticas- con una cámara, y a veces sin ella, suele traer tumultos, golpizas y la entrega a la policía bajo acusaciones crecidas por 4 mil años de faraónica monumentalidad.
Por años solía alojarme en un pequeño, cómodo y amable hotel, la Pension Roma. Pero a principios de 2014, para pasar desapercibido, renté un departamento en la calle Al Falaki. Está en el último piso de uno de esos edificios que presumen la arquitectura colonial británica de los años 20, en el centro, sin haber recibido jamás las atenciones del mantenimiento. El elevador es de esa época, una estructura de fierros negros, aceitosos de suciedad, que como uno utiliza consciente del peligro de desplome, no hay engaño. Y que sólo sirve para subir: es tan lento que la administración, como única señal de existencia, no se da el lujo de permitir que uno lo llame desde arriba para bajar. Los dueños del piso guardaban la sensación de añejamiento: las viejas maderas del piso y los antiguos muebles olían a polvo y rechinaban, aunque en su porosidad se perdieran suavemente, cinco veces al día, los cantos de los muecines llamando a la oración
Era un esfuerzo sin destino: la observación constante de vecinos, policías y transeúntes era más opresiva que nunca. Tal vez mis sentidos erraban, tal vez no, pero yo detectaba que los ojos del afilador, el frutero y el vendedor de carne de camello –que exhibía en una mesa sencilla las extremidades, la joroba y la cabeza debidamente desolladas- siempre estaban atentos a mis movimientos. También en El Horreya Cafe, una vieja cervecería de la plaza Bab el Louq, en la que me había sentido en casa incluso bajo las restricciones del gobierno de los Hermanos Musulmanes, los parroquianos de tiempos de la dictadura de Sisi nos mantenían bajo miradas desconfiadas. Vamos, ¡hasta en las densas confusiones del mercado medieval de Khan el Khalili me parecía imposible hacerme pasar por un turista común!
Un año más tarde, esa sensación retornó a mi piel, en Xalapa. Al principio fue como un déjà vu porque tardé en comprender que la incómoda electricidad que recorría mi cuerpo, de los talones a la nuca, era un reflejo de mis días de rata ocultándose en los rincones de la ratonera. Eso es lo que vivían cada día mis colegas locales, Rubén, Norma, Noé, Arantxa, Juan David, Raziel… Y es peor lo que sufren los compañeros que trabajan en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales, donde desapareció todo interés por aparentar normalidad.
La particularidad de vivir en la sede de los poderes del Estado de Veracruz, no obstante, es que el acecho gubernamental sobre los reporteros es tan intenso como caótico, por parte de una desorganizada multitud de espías. Desde la Plaza Lerdo o Regina, que está frente al palacio del gobernador, Rubén podía distinguir hasta 14 “orejas”, que “toman registro de toda manifestación, toman audios como si estuvieran entrevistando, no preguntan, nada más reciben la información, y esto es de todos los días”. Eran tantos que “ni ellos mismos se conocen”.
“Además de llevar la información de los rostros de los manifestantes y pancartas, tienen que informar qué reporteros estuvieron ahí y de qué medio son”, me explicó Noé Zavaleta. “Son tan evidentes porque son muy torpes, no están capacitados para hacer un trabajo de inteligencia. A nosotros nos ponen nerviosos, nos encabronan. Porque hay orejas de la Dirección de Política Regional (estatal), hay orejas de la Subsecretaria de Gobierno (estatal), orejas de la Secretaría de Gobierno (estatal), orejas del CISEN (inteligencia federal), orejas de la Secretaría de Gobernación (federal), orejas de la Secretaría de Seguridad Pública (estatal), policías vestidos de civil. Hay eventos en los que suelen haber más orejas que reporteros”.
No es raro que esos “orejas” interrumpan también la labor de los periodistas, como cuando les impiden tomar fotos. Pero si son ellos los que captan imágenes de los reporteros, lo mejor es no oponerse porque “puedes amanecer muerto”, acotó Rubén.
El gobierno de Duarte no produce spots televisivos para generar un ambiente peligroso para los periodistas extranjeros: ocupa a agentes, policías y empleados menores para imponerles a los reporteros un cerco de miedo. Una cuerda alrededor del cuello, como la que amenazaba con rompérselo a Rubén.
***
No es difícil identificarlo. Su estatura es mediana, usa barba, no se quita las gafas de sol, suele usar pantalones holgados con bolsillos grandes. Nunca olvida su equipo fotográfico. Su voz transmite la reconfortante naturalidad de quien habla con cualquiera. Rubén es un tipo afable, tranquilo, cariñoso y solidario. Cuando alguien está en problemas, su botón “reacciona” se activa en automático. Sus íntimos lo llaman Rubencillo.
Por su sentido del humor, su activismo social o su movilidad de fotógrafo, la presencia de Rubén se hacía notar como de inmediato se resintió su ausencia. “Son muchos, muchos los que lo quieren y más los que confían en él”, me dijo su amiga Arantxa Arcos, joven reportera de Voz Alterna. Lo aprecian los defensores de los animales, de los derechos humanos y de los grupos indígenas. También las comunidades que protegen su entorno natural y, sobre todo, los grupos estudiantiles, que lo ven como a un aliado.
Aunque es chilango (originario de Ciudad de México), Rubén consiguió formarse un verdadero hogar en Xalapa, con un sólido círculo de amistades. A Nadia Vera, socióloga y gestora cultural perteneciente a la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Humanidades de la Universidad Veracruzana, la conoció en una manifestación. En febrero de 2013, Nadia organizó un evento cultural que incluía un performance, que Rubén fotografió y en el que participaba Itzamná Ponce, una bailarina proveniente de Pahuatlán, un pueblo de la Sierra Norte de Puebla, entonces de 23 años, bella, energética y entusiasta, con rasgos faciales delineados por un fino mestizaje de nahuas y blancos. Ahí se conocieron y muy pronto hicieron familia con Cosmos, un perro cócker spaniel.
En este tiempo, la represión se fue intensificando, a medida que el estado y el país entraban en un periodo de creciente confrontación política. En el contexto de la campaña presidencial de 2012, jóvenes de numerosas ciudades formaron el movimiento #YoSoy132, que detonó cuando alumnos de una de las principales universidades privadas cuestionaron en un evento al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, y lo forzaron a esconderse en unos baños. Eso ocurrió en Ciudad de México, donde los estudiantes tenían mayores márgenes para manifestarse. En Veracruz fueron reprimidos en varias ocasiones.
El 20 de noviembre de 2012, protestaron en el marco del desfile anual por el aniversario de la Revolución de 1910. Nadia Vera fue interceptada, sometida y maltratada por mujeres policía que le robaron el teléfono móvil y se la llevaron a “pasear”, antes de abandonarla en una calle. Mientras tanto, a Rubén le avisaron que unos estudiantes, que habían desplegado una manta contra el gobernador desde un cuarto del Hotel México, en el centro de Xalapa, estaban siendo golpeados por agentes vestidos de civil. Lo detectaron tomando fotos de los jóvenes que se llevaban detenidos, un hombre lo empujó contra una pared y le recordó el asesinato de la corresponsal de Proceso, ocurrido siete meses antes: “¡Párale si no quieres terminar como Regina!”
El año siguiente, Rubén estaba preparado para reaccionar: durante la madrugada del 14 de septiembre de 2013, la policía atacó un campamento de maestros que denunciaban la política educativa en la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno, en Xalapa. El secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez había armado a sus antimotines con bastones eléctricos, que eran utilizados indiscriminadamente sobre personas jóvenes y mayores, contra las que se alejaban pacíficamente y también las que oponían resistencia, periodistas y peatones casuales. El fotógrafo fue perseguido, arrinconado en un callejón, golpeado y obligado a entregar el dispositivo de memoria.
Los engañó: mientras trataba de escapar, había cambiado la tarjeta y logró ocultar la que contenía las únicas imágenes que, al día siguiente, fueron reproducidas por medios nacionales e impactaron a la opinión pública, que conoció así el nivel de brutalidad del gobierno veracruzano.
Rubén se había convertido en un dolor de cabeza para el gobierno estatal. Pero después, golpeó al gobernador al centro de su ego.
El 16 de febrero de 2014, en la edición 1946 de la revista Proceso, el artículo principal era un reportaje de Noé Zavaleta, con una portada que tenía el título “Veracruz, Estado sin ley”, y llevaba la imagen que capturó Rubén Espinosa, en la que aparece Duarte en medio plano, con una camisa blanca que lleva su nombre escrito en rojo, y que enfatiza una barriga prominente –los botones a punto de saltar- debajo de un rostro rollizo.
El siguiente domingo, fue imposible encontrar Proceso en los puntos de venta del estado de Veracruz: personas desconocidas compraron todos los ejemplares apenas llegó el envío de Ciudad de México.
Y la presión creció.
Unos meses después, la casa donde vivía Nadia fue allanada en su ausencia. “Tenía yo tanto desmadre que, para que yo me diera cuenta de que se habían metido, (los intrusos) tuvieron que ordenar y limpiar un poco”, les contó a sus compañeros. “Sólo por eso lo noté. Después vi que hasta se habían bañado”.
La joven se lo tomaba con una pizca de humor pero, tras confesar que no soportaba el ambiente de amenaza, decidió que no esperaría a que dieran el siguiente paso. Se marchó a Ciudad de México en noviembre de 2014.
***

Los periodistas xalapeños se estremecían con las agresiones en su contra, que se incrementaban en número y nivel de violencia. Les parecía que nada podía conmover a la sociedad, que le daba igual. Una tragedia que ocurrió al otro lado del océano acentuó esta sensación. Moisés fue secuestrado el 2 de enero de 2015. Cinco días después, en París, dos terroristas islámicos invadieron las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, asesinaron a 12 personas e hirieron a 11 más. Fue una masacre planeada, ejecutada a sangre fría, en castigo por haber publicado caricaturas. Todos nos quedamos impactados. Estaban llevando la guerra de Levante a Occidente. Como los de otras partes del mundo, miles de usuarios mexicanos incorporamos en nuestros perfiles de redes sociales la leyenda #JeSuisCharlie, que también apareció en carteles en todo tipo de manifestaciones públicas. Incluidas las movilizaciones diarias en las que se exigía la presentación con vida de Moisés.
En Europa y otras regiones, bramaba la indignación, rugía la solidaridad. Pero aquí, pocos parecían enterarse del pantano de desventura en el que habían hundido al estado de Veracruz. “En Francia todos y en México nadie...”, escribió Rubén en su muro de Facebook. “La diferencia está en acostumbrarse (a la violencia) y los distantes continentes, pensamientos, lógicas, razonamientos y acciones”.
El 4 de mayo, el fiscal jefe veracruzano Luis Ángel Bravo se negó a investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña, quien vivía en el estado de Veracruz, trabajaba para una emisora radial de Veracruz, se había levantado de la cama en Veracruz y había desaparecido en Veracruz, pero su cadáver fue hallado a 10 kilómetros de los límites con Veracruz, en el vecino estado de Oaxaca: “Este hallazgo lamentable fue en Oaxaca. Y no encuentro razones para hacerlo aquí (la investigación)”.
Un mes más tarde, una llamada urgente despertó a Rubén muy temprano, el viernes 5 de junio de 2015. “¡Algo pasó, algo pasó, me voy!”, dijo, despejando con alarma la somnolencia de Itzamná. Un grupo de estudiantes había sido atacado en la calle Herón Pérez, en el centro de Xalapa, a sólo dos cuadras de la sede estatal del PRI, que siempre estaba custodiada por policías. Tras el fotógrafo, llegaron Noé Zavaleta y otros reporteros.
Ocho jóvenes celebraban un cumpleaños, en un cuarto con puerta a la calle por la que irrumpió, después de media noche, una decena de hombres: “Los golpearon con bates de beisbol, con palos con clavos y machetes, y a puño limpio”, me explicó Noé, “la escena estaba repleta de sangre”. La operación estuvo a cargo de profesionales que no hicieron más ni menos daño que el que tenían la intención de causar: ninguno de los jóvenes murió pero todos sufrieron daños permanentes, algunos con enormes cicatrices en la cara, otros con impactos en el cerebro. Y el trauma emocional.
Amigo de varias de las víctimas, Rubén convocó a reporteros, organizó la conferencia de prensa y envió información a medios estatales y de Ciudad de México. El mensaje, según el fotógrafo, fue “podemos hacer lo que queramos, entrar a tu casa y hacerte lo que queramos. Y si queremos te matamos y si no queremos, no lo hacemos”.
Cinco semanas antes, la céntrica plaza Lerdo había sido rebautizada Regina Martínez. La placa con el nombre, que había colocado Rubén, había sido retirada de inmediato. Cuatro días después del ataque, el Colectivo Voz Alterna regresó para poner otra, ahora fijada con cemento, para que resultara más difícil que la volvieran a quitar.
Fue al día siguiente, miércoles 10 de junio, que varios tipos le hicieron sentir que lo estaban siguiendo a lo largo del día, mirándolo fijamente y tomándole fotos, hasta que, cerca de su casa, se topó de frente con dos de ellos, que se acercaron “en actitud violenta, se vienen y no se quitaron. Yo me pegué a la pared, y uno de ellos me pasa cerca, sentí su respiración. Me puse de lado, no lo seguí con la mirada, seguí mi camino, volteo y me están viendo. Iban de negro”.
Rubén sufría el áspero roce de la cuerda en el cuello, que apretaba, apretaba más. Sabía que tiraban de ella desde el Palacio de Gobierno, la oficina de Javier Duarte, la del cruel Arturo Bermúdez “Yo no quiero terminar como esos chavos”, los de la paliza del 5 de junio, le dijo a Itzamná. El viernes 12, llegó a Ciudad de México.
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