Israel: pena de muerte para palestinos, impunidad para israelíes asesinos
El 12 de abril vuelve a zarpar la Flotilla Global Sumud / Esclavitud africana, el "mayor crimen contra la humanidad": Asamblea General ONU
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Participaciones en Rompeviento TV
El fin de las pensiones doradas
¿30 años de trabajo justifican que paguemos pensiones millonarias a ciertos exfuncionarios? ¿Por qué cuatro meses de trabajo de su difunto marido le ganaron a María Amparo Casar décadas de pensión dorada?
La Asamblea General de la ONU declara que la esclavitud africana fue el “crimen más grave contra la humanidad”
EEUU, Israel y Argentina votaron en contra, como se esperaba. Pero los países europeos se abstuvieron. La resolución desmonta cierto argumento clave para justificar su apoyo incondicional a Israel. Lo explico brevemente en este video:
(Checa la mesa completa del jueves 26 de marzo aquí.)
El 12 de abril zarpa la segunda misión de la Flotilla Global Sumud a Gaza
Sol González Eguía, de la Delegación Mexicana, conversa con Ernesto Ledesma en Rompeviento TV.
Israel: pena de muerte para palestinos, impunidad para israelíes asesinos
Por Témoris Grecko
La vieja clase política israelí, la del sionismo laborista e incluso la derechista del criminal de guerra Ariel Sharon, entendía la importancia de la simulación: Israel se vendía como la “unica democracia de Medio Oriente” y tenía que comportarse como tal, al menos en la superficie, simulando que la justicia era ciega y se aplicaba a todos por igual, a israelíes judíos y no judíos e incluso a los palestinos de Gaza y Cisjordania.
Había muchos puntos grises para poner en duda que esto fuera así en la realidad, pero algunas resoluciones judiciales favorables a palestinos, e incluso ocasionales sentencias contra israelíes por daños cometidos contra palestinos, servían como muestra para demostrar que el sistema funcionaba correctamente y que la justicia internacional no tenía por qué intervenir.
Parecer una democracia con justicia imparcial es algo innecesario y absurdo que hegemoniza la etapa más reciente de los gobiernos de Netanyahu. Eso se acabó.
No solo garantizan la impunidad total de colonos y soldados que cometen crímenes, con tal contundencia que ahora persiguen a la generala de división Yifat Tomer-Yerushalmi, la ahora ex fiscal general militar que quiso procesar a los celadores de la prisión de Sde Teiman que fueron grabados mientras violaban a un prisionero, no por deber profesional, sino porque —como declaró para defenderse— ella creía que era importante para la simulación de justicia y no se dio cuenta de que esa estrategia fue suprimida.
Este lunes, el parlamento aprobó una ley para imponer pena de muerte específicamente a los palestinos que maten israelíes y no a israelíes que maten palestinos, con mínimas garantías procesales, lo que les permitirá asesinar a los palestinos a quienes quieran acusar de homicidio.
Ni justicia ni mucho menos equidad ante la ley: se presentan felizmente ante el mundo como el Estado genocida que son.
El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, festeja la aprobación
de la pena de muerte para palestinos como un hecho histórico
y anticipa: “Pronto los contaremos uno por uno”.
Una “democracia” con impunes y ejecutados
El 30 de marzo de 2026, el parlamento aprobó, tras un debate de doce horas cargado de retórica nacionalista, la enmienda a la Ley del Código Penal que llamaron de “pena de muerte para terroristas”. Con una votación de 62 contra 48, más una abstención, el parlamento israelí ratificó un marco legal que impone la muerte por horca como castigo predeterminado para residentes de Cisjordania que sean condenados por tribunales militares por actos de violencia con fines políticos.
Esta medida, impulsada por el partido Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, y respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, representa una ruptura con la tradición penal israelí, que no había aplicado la pena de muerte desde la ejecución del nazi Adolf Eichmann en 1962.
Entre lágrimas de alegría, la vicepresidenta del parlamento, Limor Son
Har Melech, anuncia la aprobación de la iniciativa y agradeció a Netanyahu
por “encontrar tiempo en su agenda durante la guerra para
presentarse a votar a favor”. Ben-Gvir ya se ve descorchando
champán para celebrar.
Esta ley fue diseñada para operar sobre una base de asimetría nacional y racial. Aunque formalmente se presenta como una medida de disuasión contra el terrorismo, su lenguaje técnico crea dos carriles de aplicación divergentes según el origen étnico y el estatus de ciudadanía del acusado. La ley establece la pena capital para el homicidio intencional con el objetivo de “negar la existencia del Estado de Israel”. De manera que, en la práctica judicial israelí, está destinada a excluir a los extremistas judíos que asesinan a palestinos por motivaciones nacionalistas, dado que los jueces asumen que actúan en “defensa” o “fortalecimiento” del Estado, y no como una negación de su existencia.
La ley introduce una serie de procedimientos sumarios que erosionan el derecho internacional. Exige ejecutar al condenado dentro de 90 días y elimina el derecho a la apelación o la clemencia, lo que contraviene directamente el Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Cuarta Convención de Ginebra, los cuales exigen salvaguardias rigurosas y la posibilidad de revisión judicial para cualquier sentencia capital.
Además, impone el secreto sobre la identidad de los verdugos y les otorga inmunidad frente a cualquier responsabilidad legal, lo que los blinda contra el escrutinio ético judicial posterior.
Ben-Gvir y sus compañeros hacen campaña por la pena
de muerte usando pines en forme de horca.
Para criminales israelíes, inmunidad garantizada
Los israelíes que maten a palestinos no solo no enfrentarán la pena de muerte: en los hechos, ni siquiera tienen que dar explicaciones ante el juez. Un análisis exhaustivo de datos judiciales y registros públicos publicado por The Guardian el 25 de marzo de 2026 revela que Israel no ha procesado a un solo ciudadano por el asesinato de civiles palestinos en Cisjordania en lo que va de la década. Esta ausencia de procesamientos no responde a una falta de incidentes, sino a un colapso deliberado de la rendición de cuentas.
Desde el año 2020, las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes han matado a más de 1,100 civiles palestinos en ese territorio palestino ocupado, de los cuales aproximadamente una cuarta parte eran menores de edad. A pesar de que muchos de estos incidentes han sido captados en video o han contado con múltiples testigos, el sistema legal ha optado por la inacción. Las organizaciones israelíes de derechos humanos Yesh Din y B’Tselem registran una tendencia estadística irrefutable hacia la inpunidad total.
Un ejemplo paradigmático de esta violencia impune ocurrió en marzo de 2026, cuando fuerzas encubiertas israelíes asesinaron a una familia completa —incluyendo a dos niños de cinco y siete años— que regresaba de realizar compras para el Ramadán. A pesar de que las víctimas no representaban amenaza alguna y recibieron disparos en la cabeza , ninguna autoridad oficial ofreció disculpas, y los miembros de la coalición gobernante celebraron las muertes en redes sociales porque se trataba de “terroristas”. Este clima de regocijo ante la muerte ajena y de desdén por la vida civil palestina es el sustrato cultural que permite que el 99% de las denuncias presentadas por palestinos contra soldados sean archivadas sin consecuencias.
El abogado de derechos humanos Michael Sfard ha descrito esta situación como un sistema “programado para manufacturar impunidad”. Según Sfard, la estructura legal israelí ha pasado de ser un mecanismo de justicia a ser un escudo táctico para los perpetradores. Históricamente, el sistema emitía sentencias contra israelíes de manera aislada —como el juicio de Elor Azaria en 2016— con el fin de demostrar ante la comunidad internacional que Israel “podía y quería” investigarse a sí mismo. Sin embargo, para 2026, incluso esa “simulación de justicia” ha sido descartada, ya que los costos políticos internos de procesar a un soldado o a un colono son ahora percibidos como inasumibles por el estamento judicial.
La misma diputada que condujo la sesión en la que se aprobó la iniciativa,
Limor Son Har-Melech, se disfrazó de “Pena de muerte para terroristas”
para la festividad religiosa de purim, sosteniendo una horca y
una inyección letal. Su marido muestra una pistola con una
etiqueta que dice “Ocupación”, un avión con otra que dice
“Expulsión” y una casa que dice “Asentamiento”.
El desdén por la justicia (nacional e internacional)
La crisis de la legalidad en Israel no solo afecta a las víctimas palestinas, sino que devoró a las propias instituciones encargadas de supervisar la conducta militar. El caso de la generala de división Yifat Tomer-Yerushalmi, ex fiscal general militar, es una muestra elocuente de la degradación del decoro estatal. Tomer-Yerushalmi se vio obligada a renunciar y fue posteriormente arrestada en medio de una campaña de acoso político sin precedentes tras intentar investigar abusos graves en el centro de detención de Sde Teiman.
Sde Teiman alcanzó fama mundial como escenario de denuncias por tortura sistemática, muertes bajo custodia y violencia sexual. En 2024, una investigación de la Fiscalía sobre la violación de un detenido palestino, que fue registrado por las cámaras de vigilancia, provocó un enfrentamiento físico entre la policía militar y las unidades de combate que protegían a los sospechosos. La situación escaló cuando turbas de derecha, azuzadas por ministros del gabinete y miembros de la Knesset, asaltaron el centro de detención para impedir los arrestos.
La persecución contra Tomer-Yerushalmi se centró en su uso de los mecanismos de justicia interna para evitar la intervención extranjera. Su argumento principal ante el gabinete era que un sistema de justicia militar robusto y creíble era la única defensa legal de Israel contra las órdenes de aprehensión emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, y contra la demanda por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Bajo el principio de complementariedad, la CPI solo tiene jurisdicción si el Estado en cuestión no tiene la voluntad o la capacidad de procesar crímenes de guerra de manera independiente.
Sin embargo, el estamento político actual rechaza esta lógica de “autocontrol estratégico”. Tomer-Yerushalmi fue tachada de “traidora” y “villana” por miembros del gobierno, incluyendo al ministro de Defensa, quien amenazó con degradarla. Después de que el video que muestra el crimen en Sde Teiman fue filtrado a los medios —un acto que ella misma autorizó para proteger a sus oficiales de las acusaciones de fabricar pruebas—, fue denunciada por obstrucción de justicia y fraude. Su desaparición temporal y posterior arresto representan el fin de la independencia de la Fiscalía General Militar y la rendición de la justicia militar ante la ultraderecha. Como resultado directo de este acoso, la Fiscalía dejó de abrir nuevas investigaciones significativas, lo que ha llevado a analistas internacionales a concluir que Israel ha perdido efectivamente su complementariedad, abriendo la puerta a una intervención internacional ineludible.
El diputado israelí de izquierda Ofer Cassif:
“Eso no es una ley de pena de muerte, es una ley de genocidio”.
Otra evidencia de apartheid
Desde una perspectiva ética, la aprobación de la pena de muerte para un grupo nacional específico, mientras se garantiza la impunidad para el otro, constituye la negación del principio de igualdad ante la ley. El sistema judicial israelí opera abiertamente bajo una lógica de necropolítica, donde la ley no se utiliza para proteger la vida, sino para gestionar quién tiene derecho a vivir y quién puede ser asesinado sin consecuencias.
La justificación oficial de la pena de muerte se basa en la “disuasión” y el “castigo justo”. No obstante, la evidencia empírica internacional indica que la pena capital no reduce los actos de violencia política y, en el contexto de la ocupación, suele exacerbar la resistencia. Una mirada a la historia de las luchas palestinas lo deja claro y es improbable que Netanyahu, Ben-Gvir o Har-Melech crean que las va a sofocar, sino lo contrario: saben que las encenderá y esperan que eso les sirva para avanzar la limpieza étnica de Cisjordania.
Éticamente, la ley es una manifestación de venganza institucionalizada. El uso de pines con forma de horca por parte de los legisladores y la distribución de champán en el pleno del parlamento tras la votación demuestran que la ley no busca la justicia, sino la humillación del adversario y la consolidación de un sentimiento de supremacía racial.
Jurídicamente, la enmienda legal viola los pilares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos:
Derecho a la vida y al debido proceso: La imposición de la pena de muerte por tribunales militares con estándares de prueba reducidos y sin apelación es una violación flagrante del Artículo 14 del ya citado PIDCP.
Discriminación racial: La creación de un sistema de justicia dual basado en la nacionalidad encaja en la definición legal de apartheid contenida en el Estatuto de Roma y la Convención Internacional sobre la Supresión y el Castigo del Crimen de Apartheid.
Jurisdicción en territorio ocupado: Al legislar de forma permanente sobre la población ocupada mediante leyes domésticas, el parlamento está llevando a cabo una “anexión jurídica” de facto, lo cual está prohibido por el derecho internacional consuetudinario que prohíbe la adquisición de territorio por la fuerza.
Ben-Gvir en el parlamento en diciembre, con su pin en forma de horca.
De la hipocresía estratégica al excepcionalismo abierto
Según Michael Sfard, un abogado israelí especializado en derechos humanos, Israel pasa de la “hipocresía estratégica” al “excepcionalismo abierto”. Durante décadas, Israel mantuvo una fachada de liberalismo legal que permitía a sus diplomáticos y juristas argumentar en foros internacionales que el país compartía los valores de las democracias occidentales. Este decoro no era meramente estético; era funcional. Servía para retrasar investigaciones internacionales, mantener el apoyo militar de los aliados, justificar la ocupación como una situación temporal regida por el derecho y proteger la imagen de israelí ante la opinión pública occidental.
Evidentemente, Netanyahu y sus socios han decidido que el costo de mantener la simulación es superior a sus beneficios. La retórica de Ben-Gvir, Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas) y otros ya no busca persuadir a la comunidad internacional, sino desafiarla. El uso deliberado de un lenguaje que evoca las prácticas de regímenes autoritarios —como la ejecución sumaria y la detención incomunicada— es una declaración de independencia frente al orden liberal global.
Este posicionamiento de excepcionalismo sostiene que Israel, debido a sus circunstancias históricas y de seguridad, no está sujeto a las mismas normas que otros Estados. Sin embargo, este giro hacia la autarquía legal tiene consecuencias profundas, como aislamiento diplomático, vulnerabilidad ante la justicia internacional y un crecimiento de la fractura con las comunidades de judíos en el exterior, desde donde esta legislación provoca nuevas críticas sobre el fin del “Estado judío y democrático” y la consolidación de un régimen teocrático-militar.
Para el pueblo palestino, no es más que otra confirmación de que la ventana que parecía abierta, si alguna vez lo estuvo, para llegar a un acuerdo de convivencia con Israel se cerró hace mucho tiempo.
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