Derribando al fiscal, EEUU e Israel destruyen la justicia internacional "ladrillo a ladrillo"
Karim Khan, acusado de agresión sexual, como Julian Assange / El objetivo expreso es demoler la Corte Penal Internacional
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Derribando al fiscal Karim Khan, EEUU e Israel destruyen la justicia internacional “ladrillo a ladrillo”
Por Témoris Grecko
El 26 de julio, Benjamin Netanyahu celebró la decisión de la Asamblea de Estados Miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) de destituir al fiscal jefe de la misma, Karim Khan, bajo cargos de mala conducta sexual.
En la versión del primer ministro de Israel, primero se levantó la denuncia y después Khan, como cortina de humo, emitió las órdenes de aprehensión contra Netanyahu y su entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra.
“Lo hizo para desviar la atención de las acusaciones en su contra y para reunir a los enemigos de Israel a su alrededor como un escudo político. Ese escudo ha sido ahora arrancado”.
Netanyahu miente. Los hechos ocurrieron exactamente al revés: el procedimiento de la Corte contra los israelíes empezó años antes; luego hicieron amenazas explícitas contra el fiscal y, cuando iba a solicitar las órdenes, lo inculparon.
Como si se repitiera lo ocurrido en el caso de Julian Assange (WikiLeaks), el proceso contra Khan está marcado por irregularidades y manipulaciones que no confirman ni desmienten que haya incurrido en las conductas que se le achacan, pero que sin duda demuestran que otra vez, flojas acusaciones sexuales son utilizadas para quitar del camino y castigar a quienes se enfrentan el poder de Estados Unidos e Israel.
En este caso, el objetivo va más allá de Khan: es destruir la Corte Penal Internacional, como cualquier órgano que se convierta en obstáculo para ellos.
No es una intención oculta, sino manifiesta por parte tanto de Washington como de Israel, como muestra Netanyahu en el mismo mensaje:
“Anoche hablé con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio. Una vez más, reafirmó la determinación de Estados Unidos de actuar con fuerza contra esta institución —una institución que socava la justicia, ataca a naciones democráticas y soberanas, y busca subordinar su seguridad a las decisiones de funcionarios no responsables y corruptos en La Haya—.
Este es un desarrollo muy positivo”.
Contra la CPI, desde su nacimiento
Este es el vuelo que llevó a Netanyahu Estados Unidos, donde este martes acudió al funeral del senador Lindsey Graham —un apóstol del genocidio— y se reunió con Trump.
Su avión recorrió el espacio aéreo de Grecia, Italia y Francia, países que forman parte del Estatuto de Roma, que le dio origen a la CPI en 2002, y están obligados a cumplir sus mandatos, como la orden de aprehensión contra Netanyahu. Lo dejaron pasar como en otras ocasiones, por su renuncia evidente a cumplir sus compromisos. De esa forma, contribuyen a erosionar el sistema internacional de justicia por el que los europeos se atribuyen grandes méritos.
Pero son Estados Unidos e Israel los que abiertamente hacen campaña para destruir la CPI. Se negaron a firmar el Estatuto y sistemáticamente desconocen su autoridad.
Ese mismo año, el gobierno de George W. Bush y los congresistas republicanos y demócratas aprobaron la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, más conocida como “ley de invasión de La Haya”, que autoriza al presidente a utilizar la fuerza, para proteger a sus fuerzas armadas y las de sus países aliados de ser procesados, y prohíbe toda forma de cooperación entre Estados Unidos y la CPI.
Donald Trump y sus funcionarios radicalizaron la actitud ante la CPI. En septiembre de 2018, John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Trump, adelantó en un discurso ante la Federalist Society la doctrina que ejecutarían las dos administraciones Trump: imponer sanciones y lanzar una persecución judicial contra jueces y fiscales de la CPI si investigaban crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán o por israelíes en Palestina. Declaró que Washington usaría “todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos... de la persecución injusta por parte de este tribunal ilegítimo” y cerró advirtiendo que para ellos, la Corte “ya está muerta”.
Según Bolton, la Corte necesita el consentimiento de los países para juzgar a sus ciudadanos. De otra forma, es una violación a su soberanía. Esto implica que los soldados estadounidenses pueden cometer crímenes en cualquier lugar del mundo y salir impunes si no son juzgados por Estados Unidos.
El Estatuto de Roma dice, en cambio, que no importa la ciudadanía sino el territorio donde se perpetren las conductas a perseguir. Por ejemplo, ya que Palestina es signataria del Estatuto, la Corte tiene autoridad sobre los actos cometidos en su territorio reconocido internacionalmente, aunque esté ocupado por Israel. Por lo tanto, los ciudadanos israelíes responsables de crímenes en territorio palestino pueden ser juzgados por la CPI.
Una campaña de acoso y derribo
Después, los hechos se desarrollaron en esta línea de tiempo:
Junio de 2020: Trump firmó la Orden Ejecutiva 13928, autorizando sanciones contra personal de la CPI vinculado a la investigación sobre Afganistán y advirtió que también podrían aplicarse sanciones si se investigaba a israelíes por Palestina.
Marzo de 2021: La fiscal jefe de la CPI (predecesora de Karim Khan), Fatou Bensouda, abrió la investigación de la CPI sobre crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados.
Junio de 2021: Karim Khan asumió como fiscal jefe de la CPI.
Verano de 2022: La mujer que posteriormente denunciaría conducta sexual inapropiada de Karim Khan, no lo señala a él en ese momento, sino a otro alto funcionario de la CPI.
Diciembre de 2023: Una investigación externa independiente concluye que no hubo “conducta insatisfactoria” por parte del funcionario en cuestión.
Diciembre de 2023: Khan visitó sitios atacados por Hamás en Israel (kibbutzim del sur, el sitio del festival Nova) y se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbás y otros funcionarios en Ramalá.
Enero de 2024: Khan reunió un panel independiente de siete expertos para preguntar si se cumplen los requisitos legales para emitir órdenes de arresto contra Netanyahu, su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamás. En marzo, el panel concluyó por unanimidad que el proceso fue “justo, riguroso e independiente” y que existían pruebas suficientes para solicitar las órdenes.
19 de abril de 2024: Un alto funcionario estadounidense advirtió a Khan por teléfono de las “consecuencias desastrosas” que enfrentará si sigue adelante; Khan repuso que Israel no cooperaba.
23 de abril de 2024. El ministro británico de Exteriores, David Cameron (además, exprimer ministro), amenazó a Khan: lo llamó para decirles que emitir órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant sería “como lanzar una bomba de hidrógeno” y afirmó que el Reino Unido “retiraría la financiación del tribunal y se retiraría del Estatuto de Roma” si se emitían las órdenes. Khan respondió que esto significaría “la muerte del sistema basado en normas”.
24 de abril de 2024: Doce senadores republicanos estadounidenses (entre ellos Marco Rubio) enviaron una carta a Khan advirtiéndole: “Si atacan a Israel, los atacaremos a ustedes”.
2 de mayo de 2024. Miembros de su equipo presentaron personalmente a Khan acusaciones de acoso y conducta sexual inapropiada el mismo día en que, según su posterior declaración ante la CPI, tenía previsto anunciar las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant. Por separado, Khan se reunió con funcionarios antiterroristas holandeses para una sesión informativa sobre seguridad en relación con la presunta actividad del Mossad en La Haya.
3 y 7 de mayo de 2024: Khan fue acusado de acoso ante el Mecanismo de Supervisión Interna de la CPI, que cuatro días después cierra la investigación porque la denunciante —cuya identidad no es revelada— se negó a cooperar. En octubre y noviembre, se repitieron la acusación, la negativa y el cierre.
20 de mayo de 2024: Karim Khan anunció la solicitud de órdenes de arresto contra los israelíes Netanyahu y Gallant, y los palestinos líderes de Hamás Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohammed Deif (que después murieron). En su declaración pública afirma: “Insisto en que deben cesar de inmediato todos los intentos de obstaculizar, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de este Tribunal”.
Netanyahu calificó la solicitud de “escándalo moral de proporciones históricas” y comparó a Karim Khan con los jueces de la Alemania nazi.
Octubre de 2024: A través de una cuenta anónima de X, comenzaron a difundir detalles sobre las acusaciones de acoso contra Khan. Después, el Wall Street Journal y la Associated Press oficializaron al información y publicaron detalles. El consejo editorial del Wall Street Journal sugirió que la denuncia contra Khan planteaba dudas sobre si había solicitado órdenes de arresto contra los líderes israelíes “para desviar la atención” de las acusaciones.
11 de noviembre de 2024: El presidente de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI solicita una investigación externa de la ONU sobre Khan.
21 de noviembre de 2024: La Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI ordenó —por unanimidad— la aprehensión de los israelíes Netanyahu y Gallant y de los palestinos comandantes de Hamás Mohammed Deif y Yahya Sinwar por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Hasta entonces, la Corte siempre había dirigido sus acciones contra figuras del Sur Global —sobre todo, de África— o enemigos de Washington, como dirigentes serbios. Ahora, por primera vez, apuntaba a un aliado de Occidente.
Netanyahu declaró, para sorpresa de nadie, que era un acto “antisemita”. El 4 de febrero siguiente visitó a Trump en la Casa Blanca; el día 6, Trump ordenó congelar activos y prohibir la entrada a EEUU de funcionarios de la Corte y sus familiares, y de cualquiera que “asista” sus investigaciones; el día 13, el Departamento del Tesoro individualizó las sanciones sobre el fiscal jefe Karim Khan, extendiéndolas a su esposa y sus hijos. En los meses siguientes, siguieron anunciando sanciones: contra ocho jueces y dis ficales de la CPI; y “por cooperar con la Corte”, contra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, y tres organizaciones palestinas de derechos humanos.
19 de mayo de 2025: Khan, que preparaba nuevas solicitudes de órdenes contra los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, tomó una licencia voluntaria a la espera del resultado de la investigación en su contra. Los fiscales adjuntos que asumieron la dirección de su oficina fueron después sancionados por EEUU.
Noviembre de 2025: Israel solicitó formalmente a la CPI que recusara a Khan de la investigación sobre Palestina y retirara las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, alegando que las acusaciones de mala conducta constituyen prueba de parcialidad. El tribunal aún no se ha pronunciado sobre la solicitud.
9 de marzo de 2026: Un panel de tres jueces (Leona Theron de Sudáfrica, Paul Lemmens de Bélgica y Seymour Panton de Jamaica) concluye por unanimidad que las conclusiones de la investigación “no demuestran mala conducta ni incumplimiento del deber” por parte de Khan. Lemmens, en una opinión separada, afirma tener “serias dudas” de que las acusaciones puedan alcanzar el estándar requerido, pero se suma a la conclusión unánime.
2 de abril: La mayoría (Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Chipre, Ecuador, Finlandia, Italia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovenia, Corea del Sur y Suiza) de la mesa directiva de la Asamblea votó por desestimar la conclusión del panel y realizar su propia evaluación de las pruebas.
El mismo día, la fiscalía presenta secretamente una solicitud de orden de arresto contra el ministro Smotrich, acusándolo de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y apartheid por la política de asentamientos en Cisjordania.
29 de abril: Khan dio la primera entrevista desde que tomó la licencia. Dijo que pensaba que el veredicto del panel de jueces “ponía fin al asunto” y se mostró “perplejo” de que no se cerrara el caso de inmediato. Afirmó que los servicios de inteligencia rusos e israelíes lo habían estado vigilando de cerca.
8 de junio: La comisión de la Asamblea votó a favor de suspender a Khan y determina que cometió una “falta grave”. Votos a favor: Bélgica, Brasil, Chile, Chipre, Ecuador, Finlandia, Italia, Japón, Letonia, Nueva Zelanda, Polonia, Eslovenia, Corea del Sur y Suiza: En contra: Kenia, Senegal, Sierra Leona y Uganda. Abstenciones: Bolivia, Bosnia y Sudáfrica.
El portal Middle East Eye dio a conocer que el panel concluyó que Khan mantuvo una relación sexual con la denunciante que fue inapropiada dada la desigualdad de poder, lo que supone un cambio significativo respecto a la acusación original de conducta no consentida. Khan niega cualquier relación sexual; el relato de la denunciante se centra en la conducta no consentida. Los abogados de Khan afirman que esta acusación reformulada nunca le fue presentada.
13 de julio: El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, declaró que “la CPI y sus amigos están haciendo la guerra contra nuestros país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional”, y amenazó con “enseñarles el significado completo de la determinación estadounidense”.
Y en un artículo en el Wall Street Journal, titulado “¿Por qué estamos desmantelando la Corte Penal Internacional?”, anunció una “campaña” para desbaratarla “ladrillo a ladrillo”.
A eso se refirió Netanyahu cuando dijo que habló con Rubio para reafirmar la ofensiva final contra la Corte Penal Internacional que ordenó aprehenderlo.
16 de julio de 2026: CNN emitió la primera entrevista con la acusadora de Khan, quien habló públicamente por primera vez y reafirmó sus acusaciones de relaciones sexuales no consentidas.
18 de julio: Josep Borrell, exjefe de la política exterior de la UE, escribió que el proceso de la oficina equivale a una “votación política” que sirve a lo que él llama una “ofensiva” estadounidense-israelí para “desarmar” la Corte.
21 de julio: El equipo legal de Khan emitió una carta abierta en la que afirmaba que se habían cerrado los canales formales para que Khan presentara sus alegaciones, que el presidente de la Asamblea había disuadido a los estados de reunirse con su equipo y que a Khan y a sus abogados se les había denegado la acreditación para asistir a la votación.
24 de julio: 82 de los 125 Estados miembros del tribunal votaron a favor de la destitución del fiscal, concluyendo que Khan “cometió una falta grave y un grave incumplimiento del deber”. El abogado de Khan, Tayab Ali, anunció que impugnarán la decisión porque “carece de fundamento legal o de una razón válida para afirmar que el Sr. Khan cometió una falta o incumplió sus obligaciones”.
En entrevista con Double Down News, el día 28, Francesca Albanese declaró:
“Creo que cualquiera que tenga esa posición [la de fiscal jefe de la CPI] debe estar por encima de sospechas. Entonces esto pudo haber sido su propia decisión, que los estados miembros pudieron haber discutido con el fiscal.
Sin embargo, lo que hemos visto son dos cosas: por un lado, un procedimiento fast-track, que no garantizó el debido proceso, para echar a Karim Khan. Y del otro lado, hubo un juicio-espectáculo. Algo que no ha ocurrido en una corte de ley o en un espacio que parezca una corte de ley, sino en CNN, en redes sociales. Esto es sensacionalismo, no es como debe ser tratado un caso tan sensible. Hubo un ambiente intoxicante alrededor de este asunto.
La otra parte, que me parece extremadamente sospechosa, es el festejo. Israel no es el único país que tiene líderes buscados por la CPI. Rusia está en la misma situación y no hemos visto a Putin y los suyos festejando la remoción de Karim Khan, que es también el que pidió las órdenes de arresto contra Putin.
Así es que la CPI está amenazada, esto es solo el principio del desmantelamiento de la Corte.
El precedente de Julian Assange
La extorsión sexual es un arma recurrentemente usada tanto por Estados Unidos como por agentes de Israel, como muestran el escándalo de Jeffrey Epstein y la historia de su mentor, Robert Maxwell (te lo contamos en Mundo Abierto).
Y como ocurrió con Julian Assange, el creador de WikiLeaks —la plataforma que ha revelado numerosos secretos de Estados Unidos— contra quien Washington lanzó una revancha personal utilizando acusaciones en su contra presentadas en Suecia por dos mujeres que de pronto dejaron de ser mencionadas: en Reino Unido, Assange ya no luchaba contra su extradición al país escandinavo sino a EEUU.
Según Nils Melzer, entonces Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y autor del libro “The Trial of Julian Assange: A Story of Persecution” (el juicio de Julian Assange: una historia de persecución), las autoridades suecas utilizaron las acusaciones sexuales de forma instrumental para mantener a Assange en una situación de indefensión y facilitar su eventual entrega a Washington, sin que las mujeres involucradas hubieran pretendido inicialmente una investigación por violación. Melzer sostiene que se trató de una persecución política en la que las acusaciones sexuales fueron un vehículo.
Igualmente, en un artículo de 2012 titulado “Somos ‘Women Against Rape’ (Mujeres Contra la Violación), pero no queremos la extradición de Julian Assange”, Katrin Axelsson y Lisa Longstaff, de esa organización feminista con décadas de trabajo en casos de violación, argumentaron que el proceso contra Assange no era de buena fe y lo estaban utilizando de forma política, lo que perjudicaba tanto a Assange como a la lucha contra la violencia sexual.
“Cuando Julian Assange fue arrestado por primera vez, nos sorprendió el inusual celo con el que se le perseguía por las acusaciones de violación.
Ahora parece aún más claro que las acusaciones en su contra son una cortina de humo tras la cual varios gobiernos intentan reprimir a WikiLeaks por haber revelado audazmente al público sus planes secretos de guerras y ocupaciones, con las consiguientes violaciones, asesinatos y destrucción.
La justicia para un presunto violador no niega la justicia para sus acusadoras. Pero en este caso, se les niega la justicia tanto a las acusadoras como al acusado”.
El objetivo es destruir la justicia
En todo caso, la relación sexual de Khan con su denunciante, que ella califica de no consentida mientras él dice que sí lo fue, lo convirtió en el talón de Aquiles de la Corte Penal Internacional. Llama la atención que Brasil haya votado en su contra y que Sudáfrica se abstuviera: si su postura fue estrictamente ética, quizás consideraron que la acusación de la acusadora efectivamente tenía méritos suficientes; pero si fue política, es posible que hayan concluido que Khan se convirtió en un pasivo para la CPI y lo mejor sería apartarlo y tratar de retomar el rumbo cuanto antes.
Lo que debe centrar nuestra atención es el descarado intento de anular la justicia, la anunciada campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional ladrillo a ladrillo, y garantizar la impunidad de genocidas y otros responsables de los crímenes más graves.
Como dicen Axelsson y Longstaff,
“Una vez más, la furia y la frustración de las mujeres ante la prevalencia de la violación y otras formas de violencia están siendo utilizadas por los políticos para sus propios fines. A las autoridades les importa tan poco la violencia contra las mujeres que manipulan las denuncias de violación a su antojo, generalmente para aumentar su poder”.
La lucha por la justicia para las víctimas de violación y otras agresiones sexuales —que bajo genocidio y apartheid solo se acumulan— solo puede avanzar si se defienden y fortalecen los tribunales internacionales de justicia.
Karim Khan solo es un pretexto, con toda claridad. Lo que están haciendo es despojar a la humanidad —a todas y todos nosotros— de un instrumento necesario, que fue construido superando muchísimas resistencias y dificultades.
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