“Soy un preso político”: Mahmoud Khalil, palestino detenido en E.U.
"¿Quién tiene derecho a tener derechos?" / Trump lanza ofensiva contra la libertad de expresión / Judíos salen en defensa de Khalil
Videocápsulas #DiarioDeSiria.
Episodio 10 (final): Confirmación del compromiso.
¡Agradecemos muchísimo a las personas que participaron en la campaña de financiamiento colectivo de esta cobertura independiente en Siria!
Agradezco muchísimo los apoyos que ya han enviado Martha Olivia López, Beatriz Rivas, Juan Aguirre Abdó y Rayén Burdiles; Irma Silva Franco, Brisa Maya y Canek, Martha Barbiaux, Ana Helena Sánchez Ramírez, Aleyda Villavicencio, Gonzalo Carrillo Herrerías, la familia Laks Castañeda, Laura Griselda Aguilar, Roberto Huizar Vega, José Juan García Celestino, Ricardo Cruz García, Ericka Alinne Solano y Gisela Herrerías.
Por otro lado, Catalina Gayá Morlà se hizo mecenas destacada y Ximena Santaolalla Abdó refrendó su respaldo especial 🤗🤗🤗.
Grabación del arresto de Mahmoud Khalil, por personas vestidas de civil que no muestran una orden de detención, realizada por Noor, su esposa embarazada de 8 meses. 8 de marzo de 2025.
Palestino nacido en Siria en 1995, recientemente graduado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil tuvo un papel destacado en las protestas contra el genocidio en Gaza en 2024.
Fue detenido en Nueva York el 8 de marzo por autoridades de migración que, aunque no mostraron documentación alguna, dijeron que ejecutaban una orden del Departamento de Estado de revocar su tarjeta verde. Esta tarjeta certifica su estatus de residente permanente. Su expulsión del país fue temporalmente suspendida por un juez de distrito mientras se resuelve una impugnación contra la legalidad del proceso.
Khalil no ha sido acusado de cometer ningún delito.
Lo trasladaron lejos de su esposa -ciudadana estadounidense embarazada de 8 meses-, a un centro de detención en el estado sureño de Luisiana, donde resolverán su caso jueces más conservadores que los que lo atenderían en Nueva York.
El arresto desató protestas y alarmó a los defensores de la libertad de expresión, que denuncian que la administración Trump está tomando represalias ilegales contra él por manifestar sus ideas, un derecho amparado por la Constitución. Sus abogados luchan para que sea transferido de regreso a Nueva York y por su liberación.
Diala Shamas, abogada de Khalil, dijo que este caso tendrá repercusiones amplias porque “la administración Trump ha señalado claramente que este es su caso de prueba, su primer disparo, el primero de muchos más por venir”.
Efectivamente, Trump, que ha anunciado que cortará los subsidios federales a la Universidad de Columbia por no hacer suficiente contra los manifestantes pro-palestinos, dijo en su red social que este caso es solo “el primero de muchos por venir”, pues deportará a otros estudiantes, según él, involucrados en “actividades proterroristas, antisemitas y antiamericanas”.
El 14 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional anunció acciones contra dos estudiantes extranjeras de Columbia: el arresto de la palestina Leqaa Kordia, acusándola de quedarse en el país más tiempo del permitido por su visa de estudiante F-1; y la revocación de la visa de la india Ranjani Srinivasan, por participar “en actividades de apoyo a Hamás”.
Trump asegura que los activistas como Khalil generan un ambiente de inseguridad para los estudiantes judíos.
Sin embargo, son precisamente cientos de estudiantes judíos quienes han destacado en las acciones para pedir la libertad de Mahmoud Khalil.
Y son las autoridades que dicen querer proteger a los judíos quienes están reprimiéndolos y arrestándolos.
¿Quién tiene derecho a tener derechos?
Ayer, martes 18, Khalil les dictó por teléfono a sus familiares una carta de la que destacan los siguientes puntos (uno de ellos, con eco al cuestionamiento “¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?”, del EZLN):
Soy un preso politico.
La administración Trump me tiene en la mira como parte de una estrategia más amplia para reprimir la disidencia.
Mi arresto fue consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión al defender una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con fuerza el lunes por la noche.
Es un reflejo del racismo antipalestino que las administraciones de Biden y Trump han demostrado durante los últimos 16 meses, mientras Estados Unidos ha seguido suministrando armas a Israel para matar palestinos
¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente no son las personas hacinadas en las celdas aquí.
Veo en mis circunstancias similitudes con el uso que Israel hace de la detención administrativa —encarcelamiento sin juicio ni acusación— para despojar a los palestinos de sus derechos.
Paso largos días presenciando las injusticias silenciosas que se cometen contra muchísimas personas privadas de la protección de la ley.
La justicia escapa a los contornos de las instalaciones de inmigración de esta nación.
Carta íntegra de Mahmoud Khalil
Me llamo Mahmoud Khalil y soy un preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde me despierto con mañanas frías y paso largos días presenciando las injusticias silenciosas que se cometen contra muchísimas personas privadas de la protección de la ley.
¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente no son las personas hacinadas en las celdas aquí. No es el senegalés que conocí, que lleva un año privado de libertad, con su situación legal en el limbo y su familia a un océano de distancia. No es el detenido de 21 años que conocí, que llegó a este país a los nueve años, solo para ser deportado sin siquiera una audiencia.
La justicia escapa a los contornos de las instalaciones de inmigración de esta nación.
El 8 de marzo , fui detenido por agentes del DHS que se negaron a proporcionar una orden judicial y nos abordaron a mi esposa y a mí cuando regresábamos de cenar. Para este momento, las imágenes de esa noche se han hecho públicas. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, los agentes me esposaron y me obligaron a subir a un coche sin distintivos. En ese momento, mi única preocupación era la seguridad de Noor. No tenía ni idea de si a ella también se la llevarían, ya que los agentes habían amenazado con arrestarla por no separarse de mi lado. El DHS no me dijo nada durante horas; desconocía la causa de mi arresto o si me enfrentaba a una deportación inmediata. En Federal Plaza 26, dormí en el suelo frío. A primera hora de la mañana, los agentes me trasladaron a otra instalación en Elizabeth, Nueva Jersey. Allí, dormí en el suelo y me negaron una manta a pesar de mi solicitud.
Mi arresto fue consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión al defender una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con fuerza el lunes por la noche. Con el alto el fuego de enero roto, los padres en Gaza vuelven a acunar sudarios demasiado pequeños, y las familias se ven obligadas a sopesar el hambre y el desplazamiento frente a las bombas. Es nuestro imperativo moral persistir en la lucha por su completa libertad.
Nací en un campo de refugiados palestino en Siria, en el seno de una familia desplazada de su tierra desde la Nakba de 1948. Pasé mi juventud cerca, pero lejos, de mi tierra natal. Pero ser palestino es una experiencia que trasciende fronteras. Veo en mis circunstancias similitudes con el uso que Israel hace de la detención administrativa —encarcelamiento sin juicio ni acusación— para despojar a los palestinos de sus derechos. Pienso en nuestro amigo Omar Khatib, quien fue encarcelado sin cargos ni juicio por Israel al regresar a casa de un viaje. Pienso en el director del hospital de Gaza y pediatra, el Dr. Hussam Abu Safiya, quien fue capturado por el ejército israelí el 27 de diciembre y hoy permanece en un campo de tortura israelí. Para los palestinos, el encarcelamiento sin el debido proceso es algo habitual.
Siempre he creído que mi deber no es solo liberarme del opresor, sino también liberar a mis opresores de su odio y miedo. Mi injusta detención es un reflejo del racismo antipalestino que las administraciones de Biden y Trump han demostrado durante los últimos 16 meses, mientras Estados Unidos ha seguido suministrando armas a Israel para matar palestinos e impidiendo la intervención internacional. Durante décadas, el racismo antipalestino ha impulsado los esfuerzos para expandir las leyes y prácticas estadounidenses que se utilizan para reprimir violentamente a palestinos, árabes estadounidenses y otras comunidades. Precisamente por eso me están atacando.
Mientras espero decisiones legales que ponen en juego el futuro de mi esposa e hijo, quienes permitieron que me atacaran permanecen cómodamente en la Universidad de Columbia. Los rectores Shafik, Armstrong y el decano Yarhi-Milo sentaron las bases para que el gobierno estadounidense me atacara al disciplinar arbitrariamente a estudiantes pro-palestinos y permitir que el doxing viral, basado en el racismo y la desinformación, no se controlara.
(La Universidad de) Columbia me persiguió por mi activismo, creando una nueva oficina disciplinaria autoritaria para eludir el debido proceso y silenciar a los estudiantes que criticaban a Israel. Columbia cedió a la presión federal al revelar los expedientes estudiantiles al Congreso y cediendo a las últimas amenazas de la administración Trump. Mi arresto, la expulsión o suspensión de al menos 22 estudiantes de Columbia —algunos despojados de sus títulos de licenciatura apenas unas semanas antes de graduarse— y la expulsión del presidente de SWC*, Grant Miner, en vísperas de las negociaciones del contrato, son claros ejemplos.
En todo caso, mi detención es un testimonio de la fuerza del movimiento estudiantil para cambiar la opinión pública hacia la liberación de Palestina. Los estudiantes han estado durante mucho tiempo a la vanguardia del cambio: liderando la lucha contra la guerra de Vietnam, estando en primera línea del Movimiento por los Derechos Civiles e impulsando la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Hoy también, aunque el público aún no lo comprenda plenamente, son los estudiantes quienes nos guían hacia la verdad y la justicia.
La administración Trump me tiene en la mira como parte de una estrategia más amplia para reprimir la disidencia. Tanto los titulares de visas como los de tarjetas de residencia permanente y los ciudadanos serán objeto de persecución por sus ideas políticas. En las próximas semanas, estudiantes, defensores y funcionarios electos deben unirse para defender el derecho a protestar por Palestina. No solo están en juego nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos.
Sabiendo plenamente que este momento trasciende mis circunstancias individuales, espero, no obstante, ser libre para presenciar el nacimiento de mi primogénito.
*SWC: Student Workers of Columbia, un sindicato que representa a trabajadores estudiantes de la U. de Columbia.
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