#EuroFail. Europa protege a Netanyahu, pisotea la legalidad internacional

Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña e Italia -además de Hungría- encarnan el fracaso ético del proyecto humanista europeo

La evidencia del desacato

Este es un mapa de incumplimiento de la ley internacional por parte de estados miembros de la Unión Europea y de Gran Bretaña.

Todos son signatarios que ratificaron el Estatuto de Roma que le dio origen a la Corte Penal Internacional.

Esto incluye a Hungría, cuya retirada del organismo fue anunciada el pasado 3 de abril pero que, por el compromiso que firmó, solo puede ser efectiva un año después. Ese es el regalo que, al arribar a Budapest ese mismo día, recibió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de su anfitrión, Viktor Orbán.

La Corte Penal Internacional emitió el 21 de noviembre de 2024 una orden internacional de arresto contra Netanyahu y contra su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra. Al conocerse la llegada del mandatario israelí a suelo europeo, el alto tribunal les recordó a los gobiernos involucrados que tienen el deber legal de detenerlo en cuanto esté a su alcance y enviarlo a La Haya, para que se defienda ante el juez.

Como el primer ministro proseguiría su viaje hacia Estados Unidos y Tel Aviv consideró que los países señalados en rojo -Países Bajos, Irlanda e Islandia- estaban dispuestos a ejecutar la orden, lo que hacía probable que al pasar por su espacio aéreo ordenaran el aterrizaje del avión del primer ministro para detenerlo, optaron por volar sobre otros que se comprometieron -no es creíble que los israelíes se hayan arriesgado sin obtener garantías- a darle paso libre.

Esto significa que el 6 de abril Croacia, Italia y Francia tomaron la decisión de no acatar una orden expresa y reiterada de la Corte Penal Internacional, escogiendo darle primacía a su defensa de Netanyahu sobre su compromiso con la ley.

Eso es complicidad con un criminal de guerra.

No son los únicos: la ruta original también contemplaba los cielos de Austria, Alemania y Gran Bretaña. Pero esos gobiernos no parecen haber presentado objeciones para dejar pasar al delincuente. El problema observado por la logística israelí eran solo tres pequeños países.

La historia juzgará

El genocidio cometido por Israel en Gaza ha desmontado el compromiso con la legalidad internacional, la justicia y los derechos humanos de numerosos países europeos que suelen ir por el mundo dando lecciones de legalidad, justicia y respeto a los derechos humanos.

Han puesto en duda -y algunos, ahora, abiertamente violado- sus deberes tanto hacia la Corte Penal Internacional (CPI) como hacia el tribunal internacional más antiguo y respetado, la Corte Internacional de Justicia (ambas con sede en La Haya).

Esto ha encendido las luces rojas.

El 18 de septiembre de 2024, más de 50 días después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declarara ilegal la ocupación israelí del territorio palestino, un grupo de expertos de la ONU, incluidos relatores especiales, advirtió que el derecho internacional se encontraba en una situación delicada debido al incumplimiento de los fallos internacionales por parte de los Estados. Si bien se centró en la CIJ, su declaración se extendió a la CPI, instando a los Estados a garantizar el cumplimiento del derecho penal internacional. Criticaron implícitamente la inacción europea, argumentando que la falta de ejecución de las decisiones de la CPI (por ejemplo, de las órdenes de arresto) fomenta la impunidad y la violencia genocida, lo que impone a los miembros europeos de la CPI la responsabilidad específica de actuar con decisión.

El 27 de octubre de 2024, la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, declaró ante la Asamblea General que la corte enfrentaba amenazas y una carga de trabajo sin precedentes, instando implícitamente a los Estados parte, incluidos los gobiernos europeos, a cumplir con sus obligaciones de cooperación en virtud del Estatuto de Roma. La remisión de Mongolia, el 21 de octubre, de la Sala de Cuestiones Preliminares a la Asamblea de los Estados Parte, por no haber detenido a Vladimir Putin -quien fue recibido con honores en ese país pese a tener también una orden de aprehensión de la CPI-, subrayó la demanda de que los Estados europeos, a diferencia de Mongolia, sentaran el ejemplo al no eludir sus responsabilidades. Pero las eludieron.

Igualmente, organizaciones civiles han expresado su alarma. Por ejemplo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, las cuales -cada cual por su lado- denunciaron la respuesta fragmentada de la UE, en particular la retirada de Hungría de la CPI y la ambigüedad de grandes potencias como Francia y Alemania. Argumentaron que estas divisiones indican al mundo que el cumplimiento es negociable, lo que debilita a la CPI en un momento en que su papel en la resolución de conflictos globales es crucial. Advirtieron que “la historia juzgará” a los Estados que priorizan la geopolítica sobre la justicia.

Los determinados y los incumplidos

Han encontrado poco eco. Las posiciones europeas a favor del cumplimiento de la ley internacional, en lugar de fortalecerse, se debilitan.

De 30 países europeos (27 miembros de la UE más Gran Bretaña, Islandia y Noruega), solo 6 han manifestado su determinación de hacer cumplir la ley internacional:

Eslovenia, España, Irlanda, Islandia, Lituania y Países Bajos.

Otros diez han tratado de esconder en la ambigüedad su rechazo a cumplir:

Alemania, Austria, Croacia, Francia, Gran Bretaña e Italia, además de Chequia, Noruega, Polonia y Suecia.

Los primeros seis, marcados en negritas, exhibieron su verdadera posición al darle paso libre a Netanyahu en su avión.

Los más abiertos en su rechazo a los compromisos que adquirieron son Hungría y además Bélgica, que era enfática en hacer valer la ley hasta que, el 3 de febrero, el derechista Bart De Wever fue designado primer ministro y comunicó que le daría prioridad a la relación con Israel.

Los restantes doce han evitado dar a conocer su postura.

Abdicación de principios

Además, la Unión Europea reemplazó a Josep Borrell como Alto Representante para Asuntos Exteriores a fines de 2024. Borrell había enfrentado duras acusaciones de antisemitismo que recibió como represalia por defender el carácter vinculante de las órdenes de arresto emitidas por la CPI. Su sucesora, Kaja Kallas, le quitó peso al tema para enfatizar el compromiso con Israel, e incluso provocó la indignación de los europarlamentarios de izquierda al viajar a ese país a reiterarle a Netanyahu que la UE e Israel “somos socios”.

Tal panorama hace patente una gravísima abdicación de los principios fundamentales de la UE.

Si en la Europa que se presenta ante el mundo como faro de la humanidad, solo la quinta parte de estas 30 naciones se mantiene leal a sus compromisos firmados, a la justicia y a la ley, el fracaso ético del proyecto europeo es evidente, desmoralizante y devastador.

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