La política exterior mexicana explicada con bolitas y palitos a quienes piden rendirse ante Trump
Apoyar a Cuba y Venezuela, como a cualquier país latinoamericano bajo amenaza, es defender la soberanía nacional (se coincida o no con sus gobiernos).
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La política exterior mexicana explicada con bolitas y palitos a quienes piden rendirse ante Trump
Apoyar a Cuba y Venezuela, como a cualquier país latinoamericano bajo amenaza, es defender la soberanía nacional (se coincida o no con sus gobiernos).
Por Témoris Grecko
El gobierno de México no apoya al de Cuba ni denuncia el secuestro del presidente de Venezuela por afinidad ideológica. Aunque la derecha se niegue a verlo, hay diferencias profundas. Y México saldría también en defensa de Argentina o El Salvador aunque tengan mandatarios de ultraderecha, si una potencia extranjera los amenazara. Por congruencia, sí. Pero también por sobrevivencia nacional, porque es necesario para proteger la propia soberanía.
No se trata de coyunturas ni de caprichos. La exterior de México es una hábil política de Estado diseñada y desarrollada durante más de un siglo y sostenida por gobiernos de muy distintos colores y vocaciones.
Gracias a ella, el país ha ganado márgenes de autonomía que ahora necesita defender, no rendir ante la presión externa.
Voces de la oposición están lanzando alertas porque, según ellas, enviar petróleo a la isla caribeña pone en peligro a México. Las hay hasta en el oficialismo, como la del senador morenista Ricardo Sheffield (miembro o exmiembro del Yunque y exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón). Antes señalaron otros temibles riesgos, como el de denunciar la violación a la legalidad internacional con el secuestro del presidente de Venezuela.
Ignoran las razones profundas de una política exterior tan bien ideada que es útil hoy como hace un siglo, en vista de que muchísimas cosas han cambiado pero no su razón profunda de ser: contener la presión de Estados Unidos.
La política exterior de México es atípica en el concierto de las naciones: no se basa en una proyección de poder militar o económico, sino en una proyección de derecho defensivo. Se origina en las traumáticas experiencias del siglo XIX, cuando el país sufrió intervenciones de Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido y perdió más de la mitad de su territorio ante el expansionismo amparado en la Doctrina Monroe —que no está muerta sino que regresa recargada por Donald Trump—, y se definió ante las evidencias de que las agresiones iban a continuar, como se vio con el bloqueo naval a Veracruz de 1914 y la expedición punitiva en Chihuahua de 1916.
La diplomacia mexicana se construyó como un escudo jurídico para neutralizar la fuerza mediante la ley. Si México no protege la ley, se tira a los pies de la fuerza.
A los que tiemblan y piden arrodillarnos, vamos a explicarles con bolitas y palitos de por qué surgió, cómo ha funcionado y qué importancia tiene hoy la política exterior de México.
De la Doctrina Carranza a la Doctrina Estrada
En 1918, un México todavía atascado en la violencia de la Revolución, trataba de constituirse como Estado funcional en un mundo dominado por imperios coloniales y la política del “Gran Garrote”. El jefe de uno de los bandos en guerra, Venustiano Carranza, en carácter de presidente de la República, enunció los principios que regirían la interacción de México con el mundo.
La Doctrina que lleva su nombre se basa en un axioma revolucionario para su tiempo: “Todos los países son iguales y deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía”.
Y tiene una cláusula estratégica vital: “Ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse”.
Las cuatro potencias que habían atacado México en el siglo anterior habían usado como pretexto el derecho a “proteger los intereses y las vidas” de sus nacionales, supuestamente violentados en México. Al negar a los extranjeros el derecho a apelar a sus gobiernos de origen para obtener privilegios o protecciones especiales, y al establecer que deben someterse a las leyes nacionales porque priman sobre las de sus países, se buscaba desarticular ese argumento.
Doce años después, el 27 de septiembre de 1930, el país dio un paso más para fortalecerse: el secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, estableció una Doctrina que perfeccionó la defensa contra la manipulación política de la legitimidad. En el contexto posrevolucionario, las potencias utilizaban el “reconocimiento diplomático” a los gobiernos mexicanos como una herramienta de chantaje, otorgándolo o reteniéndolo para forzarlos a hacer concesiones.
Estrada cortó este nudo gordiano con una declaración que retoma fuerza en 2026:
“El gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que a más de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a éstas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros”.
La brillantez de la Doctrina Estrada radica en su automatismo y su rechazo al juicio de valor. México no “reconoce” ni “desconoce” sino que se limita a “mantener o retirar, cuando lo crea procedente, a sus agentes diplomáticos”; y al renunciar al derecho de juzgar la legitimidad de un gobierno extranjero (sea producto de un golpe, una revolución o una elección), México niega implícitamente a Estados Unidos el derecho de juzgar la legitimidad del gobierno mexicano.
En el contexto actual, cuando México rechaza desconocer a gobiernos como los de Venezuela y Cuba, no está validando sus políticas internas sino que está protegiendo la norma que impide que Washington desconozca al gobierno de México bajo el argumento de que es una “narcodemocracia” o un “estado fallido”, etiquetas que ya circulan en la retórica republicana.
Estos principios no son meras directrices burocráticas, son preceptos establecidos en el Artículo 89 constitucional, fracción X, que obliga al Poder Ejecutivo a:
“observar los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.
Hace falta recordarles a quienes piden abandonar estos postulados que eso sería una violación del pacto federal.
Y pedirles calma, aunque griten que ya viene el lobo. No es la primera vez que México está en problemas y tiene con qué salir avante.
Aquí presento tres elocuentes ejemplos que lo demuestran.
1962: la “incompatibilidad” salva la relación con Cuba
La determinación del gobierno de Estados Unidos de derribar al de Fidel Castro en Cuba era tan férrea que montó la desastrosa invasión de Bahía de Cochinos, llamada de Playa Girón por los cubanos, en abril de 1961. A esa siguieron otras maniobras que llevaron a La Habana a acercarse a la Unión Soviética, que resolvió protegerla y proyectar poder letal sobre EEUU instalando misiles en la isla, lo que generó la peligrosa crisis de octubre de 1962. Era un periodo de enorme peligro, en el que Washington demandó el apoyo de los países latinoamericanos.
La VIII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Punta del Este, Uruguay, en enero de 1962, es un ejemplo del equilibrismo con el que tiene que actuar la diplomacia mexicana para evitar la confrontación con Washington y sostener sus principios. Estados Unidos, liderado por Dean Rusk, exigía la expulsión de Cuba del sistema interamericano. México enfrentaba un dilema imposible: votar en contra atraería represalias económicas devastadoras y salir de la Alianza para el Progreso; votar a favor violaba flagrantemente la Doctrina Estrada y la no intervención.
El Canciller Manuel Tello Baurraud ejecutó una operación quirúrgica. En su discurso, concedió el argumento ideológico para salvar el argumento jurídico. Tello declaró:
“La incompatibilidad, conceptual, doctrinaria y funcional, que existe entre el sistema político gubernamental de la democracia representativa... y el fundado en el marxismo-leninismo... [es innegable]”.
Después, argumentó que la Carta de la Organización no contemplaba la figura jurídica de la “expulsión” de un Estado miembro. Por tanto, aunque México coincidía en la incompatibilidad política, no podía votar a favor de una sanción que carecía de sustento legal.
México se abstuvo en la votación de expulsión, evitando al mismo tiempo votar en contra de EEUU y apoyar la sanción. Además, fue el único país de la región que nunca rompió relaciones diplomáticas con Cuba, lo que le permitió servir durante décadas como canal de comunicación entre los dos países y entre Cuba y el resto de América Latina.
1983: el Grupo Contadora contiene a Washington
En la década de 1980, Centroamérica estaba sacudida por conflictos revolucionarios. La administración de Ronald Reagan, bajo la lógica de la Guerra Fría, veía las insurrecciones en Nicaragua, El Salvador y Guatemala como una avanzada soviética que debía ser aplastada militarmente. La CIA financiaba a la “Contra” nicaragüense y minaba puertos, amenazando con una invasión directa que inevitablemente desestabilizaría la frontera sur de México.
El canciller mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor, entendía que la seguridad nacional de México dependía de evitar la guerra regional. En lugar de alinearse con la estrategia militarista de Reagan o apoyar incondicionalmente a los sandinistas, México impulsó una solución multilateral: el Grupo Contadora (México, Colombia, Panamá y Venezuela).19
El objetivo estratégico era oponer la “fuerza de la razón” y la negociación diplomática a la fuerza militar. Sepúlveda argumentó:
“Contadora ha podido, hasta ahora, levantar un cerco a la guerra entre países hermanos que, de producirse, podría desembocar una conflagración bélica generalizada”.
A pesar del boicot constante de Washington, la diplomacia mexicana logró evitar una invasión directa de tropas estadounidenses en Nicaragua, sentar las bases para los Acuerdos de Esquipulas y consolidar el liderazgo de México como potencia media capaz de generar estabilidad regional sin recurrir a las armas.
2003: México y Chile contra EEUU (y contra Jorge G. Castañeda)
En 2003, los gobernantes de EEUU, Reino Unido y España, George H.W. Bush, Tony Blair y José María Aznar, habían decidido que, bajo el engaño de unas supuestas armas de destrucción masiva que jamás fueron encontradas, iban a invadir Irak aunque el Consejo de Seguridad no les diera autorización.
Sabían que Rusia y China, con su poder de veto, bloquearían cualquier resolución. Pero contaban con que una votación abrumadora a favor de la propuesta, la de EEUU, Reino Unido y Francia como miembros permanentes, más la de nueve de los diez miembros no permanentes, con resultado de 12 contra 3, generaría una percepción de legitimidad.
México estaba con Washington. El presidente Vicente Fox y su canciller Jorge G. Castañeda intentaban desmantelar la Doctrina Estrada con los principios tradicionales, calificándolos de obsoletos. Bajo la premisa de que un alineamiento total con Estados Unidos y una postura intervencionista de “promoción de la democracia” ganarían la buena voluntad de Washington y obtendrían beneficios tangibles como una reforma migratoria (lo que Castañeda quiso vender como “the whole enchilada” o la enchilada completa, México debía abandonar su neutralidad histórica.
Discreto, el canciller llamó a sus ideas “Doctrina Castañeda”.
Sin embargo, el embajador de México ante la ONU, Adolfo Aguilar Zinser, tenía otro entendimiento de la situación y de los intereses de México. Con Juan Gabriel Valdés, representante de Chile, jugaron roles clave como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Para oponerse a la jugada, su estrategia se centró en promover el multilateralismo, extender las inspecciones ―en busca de armas que se sabía que no existían― e insistir en soluciones pacíficas, desinflando así la votación favorable que buscaba Bush.
Los dos embajadores se apoyaron en una coordinación cercana, gracias a su amistad, para impulsar la Resolución 1441, que pedía a Irak colaborar con los inspectores de la ONU para desarmarse y que interpretaron como un llamado a la diplomacia, no a la guerra. Aguilar Zínser, en su discurso tras la aprobación, enfatizó que la resolución no autorizaba automáticamente el uso de la fuerza y que cualquier acción adicional requería una nueva decisión del CS. Valdés, por su parte, reiteró la necesidad de agotar las vías pacíficas, alineándose con México en discursos que destacaban el rol multilateral de la ONU. Después abogaron por extensiones del mandato de los inspectores mientras Valdés expresó “consternación” por la negligencia del gobierno de Hussein pero insistió en soluciones multilaterales para evitar “un nuevo y mayor sufrimiento” al pueblo iraquí. Juntos, cabildearon con Francia, Alemania y Rusia para aprobar una propuesta alternativa que extendiera las inspecciones 120 días, lo que diluyó el momentum de la resolución pro-guerra.
Bush ejerció fuertes presiones, con amenazas económicas y llamadas directas. Por ejemplo, en una reunión secreta con Aznar), amenazó con castigar a Chile si no daba su apoyo. Valdés reveló en 2007 su indignación por la “brutalidad” de estas advertencias. Aguilar Zínser fue espiado por la CIA y también enfrentó ese tipo depresiones, pero ambos mantuvieron una postura unida, apelando a la opinión pública latinoamericana y global contra la guerra. Tras bambalinas, otros miembros no permanentes expresaron su negativa a apoyar la resolución y Bush se vio no ante la victoria apabullante que buscaba, sino ante una posible derrota que pondría en evidencia sus violaciones de la legalidad internacional.
Washington se vio forzado a retirar la iniciativa antes de que fuera votada y optó por invadir Irak sin cobertura legal alguna, el 20 de marzo de 2003.
Este episodio provocó la ruptura entre Aguilar Zínser y Castañeda, así como la renuncia de este último. Aunque al principio el canciller había logrado obtener el apoyo del presidente mexicano a su proyecto de alineación con EEUU, el embajador ante la ONU había viajado a México para convencer directamente a Fox de no respaldar la invasión, señalando que la opinión pública se oponía, como mostraban las multitudinarias manifestaciones contra la guerra.
La concordancia no duró mucho. Fox seguía intentando agradar a Bush y en noviembre de ese mismo año destituyó a Aguilar Zínser por declarar que EEUU trataba a México “como patio trasero”.
De cualquier forma, las maniobras de los dos embajadores no solo descarrilaron el juego diplomático de Washington, sino que reforzaron la imagen de México y Chile como defensores del Derecho Internacional.
Y la zanahoria que enseñaban desde la Casa Blanca, la reforma migratoria, nunca dejó de ser un cebo anaranjado que México no mordió. No había “whole enchilada”.
Lección para México: líderes opositores
En este tremendo inicio de año, los dirigentes de la oposición están criticando que México se ciña a su política exterior. El priísta Alejandro Moreno celebró la caída de la “narcodictadura” como una “lección para México”; el panista Marko Cortés optó por valorar que el ataque a Venezuela estabilizaría el mercado petrolero, como si no hubiera existido una grave violación de la soberanía; mientras que la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez (algunos se solazan en el pasatiempo de imaginar cómo actuaría ante las presiones de Trump) denuncia a la presidenta Claudia Sheinbaum como defensora de dictadores que aísla a México de las democracias occidentales.
Mientras que Jorge G. Castañeda resumió en un tweet el argumento central de un artículo que publicó en la revista Nexos:
“Las cosas como son. Sheinbaum le regala petróleo a la dictadura castrista por simpatía ideológica, por nostalgia, por afinidad política”.
El frustrado promotor de la Doctrina Castañeda no ve continuidad en la aplicación de la política de Estado. Si no hubo whole enchilada para él, no la habrá para nadie.
Principios del pragmatismo
El historiador Lorenzo Meyer, en contraste, enfatiza que la soberanía es la única defensa real de México frente a un vecino cuya asimetría de poder es abismal. Celebrar la intervención en el vecindario, prosigue, debilita la “frontera de cristal” que protege a México. Si se valida la intervención en Venezuela por razones de “narcotráfico” o “democracia”, se entrega a Washington el argumento jurídico para intervenir en México bajo las mismas premisas.
Trump es impredecible. Esta característica tan remarcada hace difícil elaborar escenarios probables. Nadie anticipó, por ejemplo, que secuestraría a Maduro pero aceptaría la continuidad del régimen en Venezuela, con todas sus demás figuras en su sitio y con sus instituciones y estructuras intactas.
Ante la incertidumbre, la mejor apuesta es confiar en que los principios guíen las acciones futuras. En estas condiciones, como antes, la defensa de la soberanía de los países latinoamericanos por parte de México no es un acto de caridad política, sino una necesidad de autodefensa existencial. La historia ha demostrado, desde Carranza hasta hoy, que cuando México cede en sus principios y valida la intervención extranjera en la región, erosiona su propia seguridad.
La Doctrina Estrada y el principio de no intervención funcionan como una “muralla de papel” que, respaldada por la legitimidad histórica y la habilidad diplomática, ha protegido a la nación de los excesos imperiales más eficazmente que cualquier ejército. Ante un Washington que ha redescubierto la utilidad de la fuerza bruta con la captura de Maduro y las amenazas a Colombia, Cuba y Panamá, México debe mantenerse firme.
Claudicar ante la presión para condenar o intervenir en los países vecinos sería entregar la llave de la propia casa. Si la soberanía es divisible o condicional en Venezuela, lo será inevitablemente en México. Por ello, la postura de la presidenta Sheinbaum y la tradición diplomática mexicana, lejos de ser anacronismos, constituyen la estrategia más pragmática y vital para navegar la tormenta del trumpismo y asegurar que, al final del día, México siga perteneciéndose a sí mismo.
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Los tres ejemplos que citas fueron situaciones "ajenas" al contexto mejicano. En la actualidad, la retórica de una intervención militar en el país se da por cuestiones que aquejan solo a nuestro país: el narcotráfico. EU no solucionará este problema desde Washington.porque eso significaría señalar a los fabricantes de armas e irremediablemente poner los ojos en la segunda enmienda. Por lo que queda señalar al Estado mejicano, incapaz de poder contener la ola delincuencial.
Es una cuestión geopolitica, si Estados Unidos quiere volver a tener ingerencia en el hemisferio tendrá que poner orden, ya lo hizo en Venezuela sacando a Maduro y lo intentará hacer con el narcotráfico en Méjico. La única política exterior que importa es la de que importa Estados Unidos, China y Rusia, no más.
Por no decir que tus doctrinas del siglo pasado son irrelevantes hoy en día, sería gracioso que fueras a Sinaloa o Michoacán y les explicarás a la gente de a pie que "hay que defender la soberanía y autonomía que hemos construido". Ellos son los principales afectados, ellos son los que claman por ayuda de donde sea, sea de Trump, Sheinbaum o quien fuera, ¿ellos son traidores a la patria?