Peña Nieto, botón de muestra de la práctica israelí de sobornar políticos
100% impunes: no los castigan ni el sistema judicial de Israel ni el de México / Activista mexicano pro-Palestina, detenido en Praga
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Contenido:
1- 'Kiki' Camarena sabía demasiado: "Nos hicieron creer que Caro Quintero lo mató" (tercera de tres partes)
2- Peña Nieto es solo un botón de muestra de la impune práctica israelí de sobornar políticos
3- Ansbacher operó el espionaje en México. FGR lo sabía pero solo fue contra su empleado… y lo dejó ir
4- La fábrica de armamento Rafael: panistas intermediarios y opacidad ilegal
5- Patrón de corrupción empresarial israelí
'Kiki' Camarena sabía demasiado: "Nos hicieron creer que Caro Quintero lo mató"
Tercera de tres partes.
"¿Quiero saber por qué abandonaron a Kiki?", pregunta Geneva, la esposa del agente Camarena de la DEA. Porque en el juicio a Caro Quintero en Nueva York hay una simulación de una hipocresía enorme: la de que buscaron justicia por 40 años hasta alcanzarla.
En realidad, la DEA cerró la investigación cuando estaba revelando no solo la intervención directa de la CIA en el asesinato, sino el papel de los gobiernos de Ronald Reagan de Estados Unidos y de Miguel de la Madrid de México en una trama criminal internacional que envenenó a la población afroestadounidense para financiar la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua.
Esta es la última parte de mi serie de tres para la revista #Dominga de MILENIO: www.milenio.com/policia/cia-ordeno-levantar-kiki-camarena-culpo-caro-quintero
Encuentra aquí la parte 1 y la parte 2:
Peña Nieto es solo un botón de muestra de la impune práctica israelí de sobornar políticos
Por Témoris Grecko
El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto ha escogido la táctica de la negación enfática e indignada para evadir los señalamiento hechos en un juicio que se celebra en Israel y por el que no tendrá que responder allá.
Ni en México: Peña Nieto también podría quedarse callado y esperar a que el escándalo sea reemplazado por otro, porque los hechos muestran que las prácticas de compra de servidores públicos que acostumbran realizar las empresas israelíes no tienen consecuencias judiciales.
En su versión, está desmontando versiones periodísticas sin sustento, “insinuaciones” que se hacen “en interés” de alguien a quien no nombra, como si un medio de Israel, e este caso The Marker, tuviera motivos para fabricarle culpas.
En realidad, lo que informa no es algún tipo de reportaje inventado sino acusaciones presentadas formalmente ante un tribunal de arbitraje rabínico y en una corte judicial civil, que además no son hechas para afectar al político mexicano sino que forman parte de un pleito entre dos empresarios israelíes, nada menos que por 25 millones de dólares.
Eso es lo que dicen haber “invertido” en Peña Nieto. Como no es nombrado directamente, sino que se refieren a él como “N”, en acatamiento de las normas de los procesos judiciales israelíes, los defensores del expresidente acusan mala leche al identificarlo como el sujeto en cuestión.
Solo que Peña Nieto sí entiende muy bien que están hablando de él, de ahí su defensa. Y The Marker también lo sabe. Así aparece, a las 6 de la tarde del 7 de julio, el llamado de la nota en su portada web:
La herramienta de Google lo traduce así:
Y la cabeza viene así:
En el texto (que es posible consultar en archivo aquí, en hebreo), The Marker descubrió detalles de un arbitraje de 2024 que no resolvió el diferendo, por lo que ahora se dirime ante un juez.
El problema es el siguiente: los empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, se “repartieron México”, según indica el medio, para obtener contratos públicos en distintos ámbitos: Neriah se encargó de las prisiones mientras que el Grupo KBH de Ansbacher entregó drones y uniformes.
Según el artículo, ambos “agasajaron al presidente de México, Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, con una enorme suma de hasta 25 millones de dólares” en su papel de “intermediarios y facilitadores de diversas entidades comerciales de Israel” y que “el acuerdo más famoso que negociaron fue la venta de Pegasus, el software fraudulento del fabricante israelí de ciberataques NSO, a varias autoridades” de México (Pegasus fue el centro de un escándalo porque fue usado para espiar a periodistas y activistas).
En la medida en que estaban hablando de actividades posiblemente ilegales, los involucrados “no quisieron revelar todos los hechos al tribunal” que “abordó cuestiones que podrían interpretarse como delicadas, y por lo tanto, el tribunal también empleó un lenguaje delicado y no siempre directo”, según las palabras que usó Neriah en la solicitud que presentó ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén para anular el laudo arbitral.
Los árbitros describieron “una inversión conjunta en una figura de alto rango” identificada como “N” para conseguir lucrativos contratos gubernamentales.
El proceso legal se origina en la exigencia de Ansbacher de que Neriah le reembolse el 50% de los gastos, pues “la relación con el alto cargo constituía un ‘activo’ y un ‘negocio’ conjunto entre las partes”.
El tribunal de arbitraje, compuesto por tres rabinos, determinó que los dos socios “se beneficiaron enormemente y alcanzaron altos cargos en los círculos de poder y funcionarios de las más altas esferas gubernamentales”, por lo que concluyeron que resulta difícil reclamar estos fondos provenientes de la sociedad con pleno consentimiento. En el laudo arbitral, se describe a la misma “personalidad” como “el N”, y para disipar cualquier duda de que la letra N sustituye a la palabra “presidente”, se menciona que se trata de “el N electo” (en 2012) y luego se especifica que la administración de ese N de México fue reemplazada en diciembre de 2018.
Neriah considera que, por el acuerdo mutuo, Peña Nieto era un activo personal y no compartido con Ansbacher, lo cual este último disputa. A partir de los documentos presentados, el panel arbitral declaró no poder determinar a quién le “pertenecía” cuál autoridad mexicana.
The Marker indica que “gran parte de los fondos mencionados en el proceso se destinó a financiar gastos políticos, probablemente en la campaña que eligió a Peña Nieto como presidente en 2012”.
Ansbacher operó el espionaje en México. FGR lo sabía pero solo fue contra su empleado… y lo dejó ir
El exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, el torturador en jefe del caso Ayotzinapa, es buscado entre otros crímenes por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa, que cometió en el proceso ilícita de compra, precisamente, de Pegasus.
Por 460 millones de pesos.
Probablemente es un chivo expiatorio: no es el único responsable de estos delitos. El pleito ante los rabinos israelíes indica que Peña Nieto y otros de sus funcionarios también tuvieron que ver. Ocurre como en el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya: los 10 millones de dólares en sobornos que le dio Odebrecht no fueron solo para quien daba la cara, sino para pagar la campaña electoral que los llevó al poder en 2012. Él actuaba por los demás.
El escándalo de Pegasus sigue en la impunidad. Solo Juan Carlos García Rivera, un empleado de Grupo KBH acusado de ser el operador manual del sistema de espionaje, pasó por la cárcel pero, como es acostumbrado, la Fiscalía General de la República perdió el caso y él ya está en libertad.
Esto, a pesar de que la FGR también señaló públicamente al dueño de KBH, el israelí Ansbacher (el mismo del arbitraje en Israel):
Dice la nota de Excélsior que, ante el juez, “la fiscalía interrogó al testigo protegido referido como Zeus, quien aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto y el ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Eugenio Imaz, hablaban directamente con el dueño de Grupo KBH, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, para instruirle a quien espiar”. Zeus sostuvo que esa empresa “fue proovedora de distintas dependencias federales en el sexenio pasado para espiar gente” y que “recibió de manos del chofer de Uri Emmanuel una USB con información que contenía nombres, teléfonos fotos, contactos, correos electrónicos, y otros documentos de todos los personajes espiados de México”.
La FGR sabía bien que Uri Ansbacher y KBH eran responsables de delitos. Ya en 2021, aseguró que “NSO Group utilizaba a la maquiladora mexicana KBH TRACK como una fachada para llevar a cabo estas acciones” (además, KBH TRACK tenía “varios contratos con el Ejército”, proveyéndolo de “objetos tan dispares” como “juguetes para el Día de Reyes”, “sal para recocido”, “aceite de motor” o “pellets de poliamida”).
A pesar de todo, la FGR no presentó cargos en contra de Ansbacher.
Ni de Peña Nieto, Eugenio Imaz, oficiales del Ejército u otros altos funcionarios. El fiscal Alejandro Gertz Manero solo fue contra el eslabón más débil, el empleado García Rivera… y se le fue o lo dejó ir.
La fábrica de armamento Rafael: panistas intermediarios y opacidad ilegal
No es novedad que políticos mexicanos se presten a servir a las grandes empresas armamentísticas y tecnológicas israelíes (directamente involucradas en el apartheid, la limpieza étnica y el genocidio en los territorios palestinos) como lobistas o promotores de sus intereses.
Por ejemplo, en la revista Proceso, el periodista Mathieu Tourliere documentó que, durante el sexenio del panista Felipe Calderón, tres figuras del PAN -el exprocurador Antonio Lozano Gracia y los hermanos José Luis y Jorge Salas Cacho- fueron intermediarios de una de las mayores fabricantes israelíes de armas, Rafael Advanced Defense Systems, para venderle a Pemex lanchas y aviones, además de sensores para los ductos con los que la paraestatal debía evitar el robo de combustible, que le costaron 110 millones de dólares pero nunca los utilizó. Gracias a sus amistades blanquiazules, Rafael siguió vendiendo sus productos en México, incluida “una plataforma de espionaje” que le compró la Policía Federal, ya bajo la presidencia de Peña Nieto, por 2 mil 459 millones de pesos.
Todo, en una oscuridad ilegal: “Los negocios de Rafael son secretos”, señala Tourliere: “la empresa sólo vende a autoridades públicas, pero ningún contrato aparece en sus registros. Todas las instituciones a las que Proceso mandó solicitudes de información dijeron que no encontraron contratos, incluyendo la SSPC y la Guardia Nacional –que sustituyó la Policía Federal–, aun cuando Alfonso Durazo Montaño denunció el contrato entre Rafael y esta policía”.
Los hermanos Salas Cacho, indica Proceso, siguen siendo parte de esta élite. “Las tecnologías extranjeras”, continúa, “se mueven en un círculo de agentes, militares en función o retirados e intermediarios que operan en completa opacidad y siempre al borde de la ilegalidad, a veces incluso en configuraciones de delincuencia organizada”.
Patrón de corrupción empresarial israelí
El escándalo Pegasus con sus distintas ramificaciones o el lobbismo para Rafael Advanced Systems ejemplifican un patrón en el que las empresas israelíes, en particular las del sector de seguridad, operan en mercados altamente corruptos, recurriendo a menudo a intermediarios que facilitan el soborno.
Si bien Israel cuenta con leyes que lo prohíben, las debilidades sistémicas, la falta de voluntad política y la protección de los principales exportadores de defensa y ciberseguridad implican que estas prácticas rara vez se sancionan a nivel nacional, lo que fomenta un clima de impunidad.
Este duro recordatorio del costo humano, tanto en México como en otros lugares, de la venta de potentes herramientas de vigilancia a través de canales corruptos.
En Mundo Abierto, seguiremos trabajando sobre estas pistas que en parte explican por qué es tan difícil que los gobiernos de la región denuncien las atrocidades que comete el Estado de Israel: muchos de sus políticos han ganado mucho dinero o han pagado costosas campañas electorales gracias a sus buenas relaciones con el sionismo.
Nada personal, solo negocios.
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