“Regresamos del infierno”: informe del CPJ sobre tortura a periodistas palestinos en prisiones israelíes
La directora de “La voz de Hind Rajab” rechaza premio en la Berlinale
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“La paz exige justicia y rendición de cuentas”: directora de “La voz de Hind Rajab”
La cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, directora de “The Voice of Hind Rajab” (la voz de Hind Rajab), rechazó el premio a la “película más valiosa” en el encuentro “Cinema For Peace” que se celebró este lunes en el Festival Internacional de Cine de Berlín y dejó el galardón en la sala.
Esta fue una forma de reprochar que en el mismo evento le concedieran un premio al general israelí Noam Tibon, por su papel en el documental canadiense “The Road Between Us” sobre las acciones del general israelí durante los ataques del 7 de octubre de 2023.
Ben Hania dijo que se sentía más una responsabilidad que agradecimiento y aprovechó para hablar de justicia y rendición de cuentas para Hind Rajab, la niña palestina de cinco años asesinada por soldados israelíes en Gaza en 2024, junto con los rescatistas que intentaban llegar hasta ella, también atacados.
“El ejército israelí mató a Hind Rajab; mató a su familia; mató a los dos paramédicos que fueron a salvarla, con la complicidad de los gobiernos e instituciones más poderosos del mundo.
Me niego a permitir que sus muertes se conviertan en el telón de fondo de un discurso cortés sobre la paz. No, mientras las estructuras que las permitieron permanezcan intactas.
Así que esta noche no me llevaré este premio a casa. Lo dejo aquí como recordatorio. Y cuando la paz se busque como una obligación legal y moral, basada en la rendición de cuentas por el genocidio, entonces regresaré y lo aceptaré con alegría.
Ben Hania agregó que la muerte de Hind “no fue una excepción, es parte de un genocidio”, criticando a las figuras políticas que describen los asesinatos de civiles a gran escala como “autodefensa” o “circunstancias complejas” mientras socavan a los manifestantes.
“La paz exige justicia y rendición de cuentas, no eslóganes brillantes”.
“La Voz de Hind Rajab” está basada en la historia real de Hind Rajab, quien quedó atrapada en el automóvil de su familia el 29 de enero de 2024 después de que este fuera atacado por el ejército israelí en la ciudad de Gaza. Fue encontrada muerta después de casi dos semanas de incertidumbre.
Hind viajaba con su familia, incluida su prima Layan Hamadeh, de 15 años, huyendo de los combates en el norte de Gaza cuando fueron atacados por Israel. La película toma como eje la grabación de audio de la última llamada telefónica de Hind a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, en la que pidió ayuda.
“Regresamos del infierno”: el informe sobre tortura a periodistas palestinos en prisiones israelíes
Por Témoris Grecko
El panorama de la libertad de prensa a nivel global ha sufrido una de sus transformaciones más sombrías en el trienio comprendido entre 2023 y 2026. La publicación del informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), titulado “‘Regresamos del infierno’: Periodistas palestinos relatan torturas en prisiones israelíes”, este jueves 19 de febrero, constituye un hito documental que sistematiza la violencia ejercida contra los profesionales de la comunicación en el contexto del conflicto entre Israel y Gaza y la ocupación de Cisjordania.
La magnitud de la crisis queda evidenciada en la cifra de 94 periodistas palestinos y un trabajador de medios detenidos desde octubre de 2023. De este grupo, el CPJ logró recopilar 59 testimonios de periodistas liberados, de los cuales 58 —el 98% de la muestra— informaron haber sido sometidos a lo que describen inequívocamente como tortura, abuso o violencia extrema. Esta cifra, por sí misma, muestra que el maltrato no es el resultado de conductas individuales negligentes, sino un componente operativo consistente en la red de centros de detención israelíes.
El informe del CPJ se estructura como una autopsia social de un sistema carcelario que fue descrito por la organización israelí de derechos humanos B’Tselem como una “red de campamentos de tortura”. La investigación utiliza una metodología cualitativa basada en entrevistas en profundidad, transcripciones literales y verificación cruzada con registros médicos y fotografías de los detenidos antes y después de su encarcelamiento.
El núcleo del documento es la revelación de una estructura punitiva diseñada para quebrar la voluntad de los cronistas de la guerra. A diferencia de otros conflictos donde los periodistas son víctimas colaterales, el informe sostiene que en el sistema israelí, la identidad profesional del detenido es a menudo el disparador de un nivel de violencia exacerbado. La frase “Game over”, espetada a un fotoperiodista durante su arresto, encapsula la suspensión de las protecciones legales internacionales para la prensa en este teatro de operaciones.
La figura llamada “detención administrativa” es un agujero negro jurídico que permite a Israel retener a personas sin presentarlas ante un juez ni siquiera acusarlas de algo, por periodos renovables de seis meses, basándose en supuestas pruebas secretas, lo que constituye una violación flagrante del derecho a un juicio justo y de la Convención contra la Tortura de la ONU, de la cual Israel es signatario.
Ruido, hambre y violencia sexual
El documento del CPJ se estructura en tres pilares: la sistematización de la tortura sensorial, la documentación del hambre como arma y la revelación de la complicidad institucional en la violencia sexual.
Una de las revelaciones más perturbadoras es la descripción de las “salas disco” o habitaciones de tortura sónica. Al menos 14 periodistas relataron haber sido sometidos a música a volúmenes extremos de manera ininterrumpida. Ahmed Abdel Aal describió cómo era obligado a escuchar canciones en hebreo e inglés durante cinco días seguidos, con los ojos vendados y sufriendo descargas eléctricas cada vez que se quedaba dormido. Este método no busca solo la privación del sueño, sino la desorientación sensorial completa, un acto definido como tortura bajo el Artículo 1 de la Convención contra la Tortura.
También utilizan el hambre para destruir a los cautivos. El promedio de pérdida de peso entre los periodistas entrevistados fue de 23 kilos y medio. Este dato es crucial porque eleva el hambre de una queja subjetiva a una métrica biológica verificable. Casos extremos como el de Ahmed Shaqoura, quien perdió 54 kilos en 14 meses, demuestran una política de privación que el Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, justificó públicamente al afirmar que los detenidos recibirían “el mínimo de lo mínimo”.
Además, el CPJ documenta la violencia sexual en prisiones israelíes, con 17 testimonios de agresión sexual y 19 de humillantes cateos de personas desnudas. Estos actos están destinados a humillar y aterrorizar permanentemente a los periodistas, como en el caso de Sami al-Sai, quien fue penetrado con porras y otros objetos en la prisión de Megiddo.
El informe no solo se limita a los abusos físicos, sino que explora el ecosistema de represión que rodea a la prensa palestina.
El testimonio de Amin Baraka revela una dimensión psicológica crítica: el uso de las tragedias personales como herramienta de interrogatorio. Un soldado le mencionó explícitamente que habían masacrado a la familia del corresponsal de Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, como una advertencia de lo que le sucedería a la suya si seguía hacienhdo periodismo. Es una forma de extender el campo de batalla de la prisión al hogar del periodista, para aterrorizarlo y forzarlo a abandonar su labor.
Otro recurso que señalaron las víctimas es la “negligencia médica activa”. Se documentaron casos donde el personal médico de las prisiones ignoró quemaduras de cigarrillos o heridas infectadas con gusanos, respondiendo con indiferencia ante el sufrimiento de los detenidos. El hecho de que un cirujano prisionero tuviera que realizar operaciones de emergencia con cloro para hogares subraya la ausencia de ética médica dentro de estas instalaciones.
Impacto en la infraestructura mediática
Israel no solo ha atacado a los periodistas como individuos, sino que ha destruido sistemáticamente la infraestructura de medios en Gaza y ha endurecido la censura en Cisjordania e Israel. El CPJ estima que, para febrero de 2026, 252 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en el conflicto, lo que convierte a este periodo en el más mortífero para la prensa en la historia registrada de la organización.
En 2025, se hicieron comparaciones con otros conflictos pero ni uno solo se acerca al número de asesinatos de periodistas de esta ofensiva.
En Mundo Abierto hemos reportado la existencia de una unidad especial del ejército para justificar los ataques directos contra reporteros y hemos mostrado que Israel es el mayor asesino de periodistas de la historia.
Aunque acaba de ser publicado, la relevancia del informe está siendo subrayada por diversas figuras del ámbito periodístico y de los derechos humanos, quienes consideran que este documento proporciona la evidencia necesaria para buscar rendición de cuentas a nivel internacional.
Desde el CPJ, su CEO Jodie Ginsberg enfatiza que la escala de los testimonios revela un patrón sistémico: “Cuando docenas de periodistas describen independientemente abusos físicos y psicológicos, la comunidad internacional debe actuar. El derecho humanitario establece estándares inequívocos y debe haber una responsabilidad significativa por el fracaso en cumplirlos”.
Los expertos legales del sitio web especializado Jurist News señalan que este informe se suma a un cuerpo de evidencia mayor que podría constituir pruebas de actos genocidas. El análisis técnico subraya que las tácticas de Israel violan específicamente el Artículo 79 del Protocolo de la Convención de Ginebra, diseñado para proteger a periodistas como civiles.
Este documento es una pieza de evidencia forense que documenta un asalto masivo al derecho internacional. La consistencia de los relatos de 59 profesionales de diferentes regiones y medios indica que el abuso es estructural. Al silenciar a los periodistas mediante la tortura, Israel no solo viola los derechos individuales de estos trabajadores, sino que priva al mundo de testigos directos en una zona de conflicto donde la información es vital para la supervivencia civil.
La comunidad internacional se enfrenta ahora a la necesidad de decidir si las protecciones de la Convención de Ginebra para la prensa siguen siendo válidas o si se permitirá que el precedente de impunidad sentado en las prisiones de Ofer, Sde Teiman y Megiddo se convierta en la nueva norma global. Como señala el CPJ, el costo de informar no debería ser insoportable, y la liberación de los 30 periodistas que aún permanecen en custodia debe ser la prioridad inmediata para cualquier esfuerzo diplomático genuino.
El valor de este documento reside en su capacidad para transformar el dolor individual en un reclamo colectivo por la justicia, asegurando que los testimonios de aquellos que “regresaron del infierno” no se pierdan en el olvido institucional. La documentación detallada de fracturas, infecciones y traumas psicológicos servirá, sin duda, como la base de futuras investigaciones internacionales sobre crímenes de guerra.
Y como evidencia en el juicio por genocidio que Israel enfrenta en la Corte Internacional de Justicia.
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