Palestine Action, el grupo que aterroriza al gobierno británico sin disparar un tiro
"Exijan a sus gobiernos que nos protejan", pide Flotilla Sumud después de que 16 países sentaron el ejemplo
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Contenido:
1- “Exige que tu gobierno nos proteja”, llama la Flotilla Sumud después de que 16 países sentaron el ejemplo
2- VIDEO. Riviera Trump en Gaza: El capitalismo desvergonzado anuncia grandes negocios con el genocidio
Artículo principal:
3- Palestine Action, el grupo que aterroriza al gobierno británico sin disparar un tiro
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“Exige que tu gobierno nos proteja”, llama la Flotilla Sumud después de que 16 países sentaron el ejemplo
La Flotilla Global Sumud informó en su cuenta de Instagram sobre el comunicado conjunto emitido por los gobiernos de Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, España, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Qatar, Omán, Sudáfrica y Turquía en el que hacen suyos los objetivos humanitarios y por la paz en Gaza de la Flotilla.
Declaramos que cualquier violación de la Ley Internacional y los derechos humanos de los participantes de la Flotilla, incluyendo ataques a embarcaciones en aguas internacionales o la detención ilegal, conducirán a una rendición de cuentas (accountability).
“Imagina el poder si el tuyo lo hiciera también”, convoca la Flotilla, “llama a tu gobierno a manifestarse y asegura que tu país no se quede en silencio, el sitio debe ser roto”.
Riviera Trump en Gaza: El capitalismo desvergonzado anuncia grandes negocios con el genocidio
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Artículo principal
Palestine Action, el grupo que aterroriza al gobierno británico sin disparar un tiro
Por Témoris Grecko
Quizás tratando de pasar a la historia como Margaret Thatcher, la exprimera ministra apodada “dama de hierro”, la secretaria del Interior de Gran Bretaña, Ivette Cooper, dejó claro que su compromiso con la seguridad de su país era tan firme que no permitiría transgresión alguna: puso a la organización Palestine Action al mismo nivel que dos violentos grupos supremacistas blancos —el neonazi Maniacs Murder Cult (culto asesino de los maniacos) y el Russian Imperial Movement (movimiento imperial ruso—, forzó a los parlamentarios a votar la declaración como terroristas de los tres grupos en conjunto, y cuando empezaron las protestas de los simpatizantes de Palestina, los amenazó con que sostener un cartel que dijera “Me opongo al genocidio” era apoyar al terrorismo.
Y lo cumplió a cabalidad. Por ejemplo, este 6 de septiembre, cuando bajo convocatoria del grupo Defend Our Juries (defendamos a nuestro jurados), quienes se oponen a la proscripción de Palestine Action hicieron un plantón por horas en la Plaza del Parlamento, con actitudes tan terroríficas como las que se observan aquí:
Quizás los agentes de la Policía Metropolitana se encontraron con sus amistades, familiares o hasta sus abuelos, pero acataron las instrucciones de Cooper, arrestando a cientos de enemigos del orden y la paz:
Por ejemplo, a la reverenda anglicana Sue Parfitt, de 83 años, quien violó la Ley Antiterrorista al sostener un cartel que decía “Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action”.
O Naomi Wimborne-Idrissi, integrante del partido en el poder (el mismo de la ministra Cooper) y representante de Jewish Voice for Labour (voz judía por el laborismo), quien tuvo el honor de ser la persona número 851 arrestada ese sábado. El agente le explica que su cartel la revelaba como apoyadora de una organización terrorista proscrita. “Como persona judía, me parece que todo este régimen legal es absurdo y temible”, dice mientras se la llevan.
“¿Cuántas usuarias de silla de ruedas arrestaron hoy?”, pregunta alguien mientras trasladan a esta mujer.
Las acciones de los manifestantes verdaderamente habían puesto en peligro las vidas de los británicos. Como este hombre, Mike Higgins, ciego y con discapacidades, quien asegura que “creo que no tenemos más opción que protestar sobre el doble piso de defender nuestros derechos a la libertad de acción y la libertad de expresión, y recurrir a la desobediencia civil pacífica para interrumpir el comercio de armas. Y también tenemos un deber de oponernos al genocidio y llamar a cuentas a nuestro gobierno por no hacer nada para detenerlo y de hecho, hacer lo opuesto, por colaborar con ello”.
Por lo tanto, Mike Higgins también fue arrestado.
Con las 857 personas del 6 de septiembre, el número de arrestos se colocó en torno a 1,500. El portal Middle East Eye comprobó que
han acusado cuatro veces más personas en virtud de los poderes antiterroristas de la Sección 13 (apoyo al terrorismo) desde que se proscribió Palestine Action en julio que durante toda la "guerra contra el terrorismo" desde 2001.
Hasta el 11 de septiembre, presentaron cargos contra al menos 138 personas bajo la Sección 13 de la Ley de Terrorismo, mientras que lo hicieron contra 34 personas entre 2001 y fines de junio de 2025.
Pero eso no atemorizó a los manifestantes, que mantenían la vigilia ocho horas después del inicio de la manifestación.
Y convocaron a otra, que se celebrará el 4 de octubre en el mismo lugar.
Conoce más sobre esta campaña que exige el levantamiento de la proscripción de Palestine Acton porque:
Una vez que el significado de "terrorismo" se separa de las campañas de violencia contra la población civil y se amplía para incluir aquellas que causan daños económicos o avergüenzan a los ricos, los poderosos y los criminales, el derecho a la libertad de expresión carece de sentido y la democracia está muerta. Si permitimos que esto siga así, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática y racial serán los siguientes.
Acción por Palestina
Palestine Action es una red descentralizada de acción directa pro-palestina con sede en el Reino Unido, fundada el 30 de julio de 2020 para oponerse a la exportación de armas a Israel. Su propósito es es poner fin a la “participación global en el régimen genocida y de apartheid de Israel” y “hacer imposible que estas empresas se beneficien de la opresión de los palestinos”. Para lograrlo, organiza talleres y seminarios de capacitación para “equipar a los participantes con el conocimiento para unirse a la resistencia”. Los fundadores son Huda Ammori, hija de un padre palestino y una madre iraquí, y Richard Barnard, un veterano activista de izquierda.
Sus métodos incluyen la ocupación de locales, el vandalismo y la destrucción de propiedad. Por ejemplo, emplea pintura roja para simbolizar el derramamiento de sangre palestino.
Los tres mayores fabricantes de armas israelíes (los ejemplos a seguir de una industria local de start-ups dedicadas a cómo matar más gente a menor costo) son Rafael Advanced Defense Systems, Israeli Aerospace Industries y Elbit Systems.
En la sede central de Elbit Systems en Bristol, dos activistas se unen entre sí mediante “bloqueos” integrados en las bicicletas, y logran bloquear la única entrada.
Esta última tiene subsidiarias en el Reino Unido, como en Leicester, Tamworth y Bristol. Palestine Action ha logrado varios éxitos al forzar a Elbit a cerrar fábricas, perder contratos lucrativos y terminar asociaciones con otras empresas. El caso más sonado es el cierre de la fábrica de Elbit en Oldham en 2022.
Además de Elbit, han entrado a otras empresas como Thales en Glasgow, a la que acusaron de complicidad en la venta de armas, y Teledyne CML Composites, un productor de componentes para aviones de combate F-35. En el caso de Teledyne, paralizaron la producción por 12 meses.
Más allá de los objetivos industriales, Palestine Action también ha llevado a cabo acciones con un fuerte componente simbólico, como vandalizar un retrato histórico del político Arthur Balfour (cuyo nombre lleva la Declaración Balfour, de 1917, en la que el Imperio Británico promete la creación de un Estado judío en Palestina), en el Trinity College, Cambridge, en marzo de 2024.
En marzo de 2025, arrojaron pintura roja sobre el edificio “Old Schools” de la Universidad de Cambridge para presionar a la institución a desinvertir en empresas de armas.
El detonante de la proscripción del grupo fue el incidente del 20 de junio de 2025, en la base de la Real Fuerza Aérea Brize Norton, la base aérea más grande de Gran Bretaña. Los activistas irrumpieron en las instalaciones y utilizaron patinetes eléctricos para maniobrar rápidamente hacia los aviones militares. Una vez allí, rociaron pintura roja en los motores de dos aviones de reabastecimiento Airbus A330 MRTT y causaron otros daños, que en conjunto fueron estimados en 7 millones de libras.
En busca de un pretexto
El gobierno británico acusó a Palestine Action de atacar la infraestructura de seguridad nacional. Tres días después de la acción en la base aérea, la ministra Cooper anunció la intención de designar al grupo como una organización terrorista. La orden fue presentada al Parlamento el 30 de junio, y fue aprobada por la Cámara de los Comunes el 2 de julio por una mayoría abrumadora (385 votos a favor y 26 en contra) y por la Cámara de los Lores el 3 de julio. La proscripción entró en vigor el 5 de julio de 2025.
El fundamento legal se encuentra en la Sección 3 de la Ley de Terrorismo de 2000, que otorga al Ministerio de Interior la potestad de proscribir una organización si cree que está involucrada en el terrorismo. El gobierno argumentó que había “orquestado una campaña a nivel nacional de deterioro de la propiedad con ataques que han provocado graves daños materiales”. El Secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis, afirmó que las acciones de Palestine Action habían “cruzado el umbral de la acción criminal directa hacia el terrorismo”. El gobierno también se refirió a un manual clandestino de la organización para realizar ataques y a los cargos legales presentados contra sus miembros, que incluyen robo con agravantes y asalto.
Si bien el incidente en la base aérea fue el catalizador público y políticamente oportuno para justificar la decisión, el gobierno buscaba la proscripción desde marzo de este año y necesitaba un pretexto para proceder con una medida que de otra forma habría sido más difícil de defender públicamente. La maniobra de echar en el mismo caso a Palestine Action con Maniacs Murder Cult y Russian Imperial Movement tuvo la intención de asegurar el apoyo parlamentario, evitando un voto específico y potencialmente polémico sobre la organización pro-palestina.
Londres, desmentido por sus agentes de inteligencia
El gobierno británico ha asegurado que su decisión de proscribir Palestine Action se basó en reportes de inteligencia, pero el New York Times obtuvo una versión desclasificada de un informe que desmiente esa versión, pues indica que “la mayor parte de la actividad del grupo no se clasificaría como terrorismo” según la definición legal británica.
Elaborada por el Centro Conjunto de Análisis del Terrorismo, la autoridad independiente británica para la evaluación de terrorismo dentro del MI5, el servicio de inteligencia nacional, y fechada el 7 de marzo, la valoración indica que, aunque los activistas cometieron actos violentos para lograr sus objetivos políticos, no pretenden realizar ataques contra personas, como es típica de los grupos designados terroristas.
El grupo, sigue el reporte “utiliza principalmente tácticas de acción directa” para promover su causa que “no constituyen un acto de terrorismo”, pues los daños materiales “suelen ser menores”, e incluyen graffitti, vandalismo menor y sentadas.
De manera similar, después de que Palestine Action realizó un allanamiento en Glasgow, la capital de Escocia, en el que lanzó fuegos artificiales sobre el tejado de una fábrica de armas, la policía escocesa determinó que “el grupo se había centrado en actividades de protesta que no se acercaban a la definición legal de terrorismo”, según otros documentos obtenidos por el Times.
6 años de cárcel por decir “me opongo al genocidio”
La proscripción de Palestine Action ha desatado un análisis crítico sobre la definición de terrorismo en el Reino Unido y su impacto en las libertades civiles. Es la primera vez que un grupo de acción directa británico es clasificado como terrorista, lo que lo sitúa en la misma lista que organizaciones como Estado Islámico (conocida por algunos como ISIS), Al-Qaeda y Hamás. La Ley de Terrorismo de 2000 se basa en una definición laxa, ambigua y manipulable de terrorismo que se puede usar contra quienes no tienen intención de causar daño a personas, al incluir como causal el “daño grave a la propiedad” con el fin de “influir en el gobierno”.
El uso político, arbitrario y excesivo de la ley ha causado indignación y numerosas críticas fundamentadas. Por ejemplo, la abogada de derechos humanos Martha Spurrier argumenta que la proscripción de Palestine Action es un “cambio peligroso” porque sus actividades se enmarcan en la categoría de “acción directa” y no en la de “terrorismo”, que se asocia con actos de violencia a gran escala y atrocidades.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que se trata de una medida “desproporcionada e innecesaria” y una “preocupante” utilización indebida de la legislación antiterrorista, que está “fuera de sintonía con democracias liberales comparables”.
La principal preocupación en materia de derechos humanos es el “efecto disuasorio” (chilling effect) sobre la libertad de expresión y la de asamblea pacífica, derechos garantizados por los Artículos 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos. La proscripción criminaliza no solo la membresía en los grupos proscritos, sino también invitar apoyo o incluso mostrar un artículo que “suscite una sospecha razonable” de ser un miembro o partidario de la organización. Las penas pueden llegar hasta los 14 años de cárcel por pertenencia o invitación de apoyo, y hasta 6 meses por mostrar un artículo de apoyo.
Esto es, 6 años por mostrar una pancarta que diga “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.
La criminalización del apoyo pacífico, incluso cuando los manifestantes no han participado en actividades delictivas subyacentes, es un grave motivo de alarma. Una revisión judicial (similar al amparo) concedida por una corte sobre esta proscripción reconoce que la orden “es probable que tenga un efecto disuasorio significativo en el discurso legítimo” y que interfiere sustancialmente con los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica.
Abiertamente, el gobierno laborista de Keir Starmer la utiliza para reprimir la disidencia y transformar un debate político en un problema de seguridad, lo que plantea preguntas fundamentales sobre el estado de la democracia y las libertades civiles en el Reino Unido.
La doble moral del gobierno británico
Más allá del debate legal, esta medida está teniendo profundas consecuencias políticas y sociales que se desarrollan en múltiples frentes, para un primer ministro que ganó ampliamente las elecciones en julio de 2024, con una calificación neta de aprobación (porcentaje de aprobaciones menos desaprobaciones) de +11%, pero que ha caído en simpatías a tal velocidad que para septiembre de 2025, llegó -44%, lo que representa una disminución de aproximadamente 55 puntos. Esto se atribuye a políticas controvertidas, escándalos y una percepción de caos en el gobierno laborista, lo que ha posicionado a Starmer como uno de los líderes más impopulares de Occidente.
El impacto de las maniobras contra Palestine Action dentro de su Partido Laborista ha sido especialmente notable. Starmer y su gobierno son objeto de críticas de figuras dentro de su propio partido y de las bases. El Congreso de Sindicatos aprobó por unanimidad una moción pidiendo al gobierno que revoque la proscripción. Los activistas acusan a Starmer de una “grotesca doble moral” por arrestar a personas por protestar pacíficamente, mientras él se reunió con el presidente israelí Isaac Herzog el 11 de septiembre. El conflicto se ha convertido en una distracción no deseada para el gobierno, en tanto que Defend Our Juries anuncia una “escalada” en las protestas para coincidir con la conferencia anual del Partido Laborista.
La reacción de la sociedad civil ha sido de abierto desafío. Algunas de las protestas han sido de las más grandes en el Reino Unido desde 1960. Los activistas han promovido campañas, como la de colocar pancartas de apoyo en las ventanas de los hogares, para mostrar su resistencia a la ley sin incurrir en una detención en la vía pública. El aumento exponencial de la oposición, que involucra desde jubilados hasta profesionales, demuestra que el descontento no se limita a un grupo de activistas, sino que es un reflejo de un malestar social más amplio sobre la política exterior hacia Israel y el derecho a la protesta.
La proscripción de Palestine Action se ha convertido en un microcosmos de una crisis política y de valores más profunda en el Reino Unido. La medida es vista como una respuesta del gobierno al creciente descontento popular por su “complicidad” con Israel. Al recurrir a la ley de terrorismo para criminalizar la disidencia, han elevado el conflicto de un debate político a una confrontación directa entre el Estado y la sociedad civil, además de dañar la reputación internacional de un Reino Unido cuyos líderes acostumbran viajar por el mundo dando lecciones de libertades y derechos democráticos.
El primer ministro en el hoyo que él mismo cavó
La primera víctima fue la aspirante a dama de hierro, Yvette Cooper, quien horas antes de la manifestación del 6 de septiembre, ya con una imagen desgastada por este conflicto y después de anunciar que actuaría contra los estudiantes extranjeros, al estilo Donald Trump, fue removida de Interior para ser la nueva ministra de Asuntos Exteriores.
El gobierno sigue teniendo un complejo problema porque, al igual que otros países aliados como Estados Unidos y Alemania, ha privilegiado sus relaciones con Israel, en pleno genocidio, por encima de las libertades y los derechos de sus ciudadanos.
Y ahora va a tener que defender sus decisiones en cientos de casos judiciales contra personas con alta respetabilidad a las que acusa nada menos que de terrorismo, para encerrarlas durante años.
El primer ministro podría continuar defendiendo la proscripción con el argumento de la seguridad nacional, señalando que las acciones de Palestine Action son inaceptables y que un retroceso podría validar la acción directa violenta. Esta postura, sin embargo, arriesga prolongar las protestas, inflamar la tensión dentro del Partido Laborista y seguir erosionando la reputación internacional del país, especialmente si las detenciones masivas continúan y los juicios se vuelven un circo político.
Otra opción es dejar que el resultado de la revisión judicial (similar al amparo) actualmente en curso determine el siguiente paso. Si el tribunal anula la proscripción, Starmer podría presentarlo como una victoria para el estado de derecho, lo que le permitiría desescalar la situación sin parecer que cede ante la presión política. Si la proscripción se mantiene, el gobierno podría buscar una solución menos punitiva, como la aplicación de la ley de delitos comunes en lugar de las leyes de terrorismo, para futuros actos del grupo, pero seguiría enfrentando una fuerte oposición en las calles.
Su alternativa más viable y políticamente decente es asumir que la indignación es justa y que la proscripción fue un abuso. La protesta masiva no es solo una defensa de Palestine Action, sino una manifestación de un profundo malestar con la política exterior del Reino Unido en relación con el conflicto en Gaza y un grito de alarma ante el uso de la Ley Antiterrorista para criminalizar la protesta, tanto la de acción directa como la de sostener una pancarta en un parque.
Starmer podría abordar las causas subyacentes del malestar público, como cancelar la venta de armas a Israel, suspender relaciones diplomáticas con ese país y reafirmar la intención de reconocer el Estado de Palestina, sin condiciones.
Todo esto tras denunciar el genocidio en Gaza, siguiendo a otros líderes europeos.
En todo caso, la proscripción y las detenciones masivas, lejos de silenciar el movimiento, lo han intensificado y elevado a un nivel de confrontación directa con el Estado. El conflicto ha dejado de ser únicamente sobre la política exterior del Reino Unido para convertirse en un debate sobre las libertades fundamentales en el país. El caso de Palestine Action servirá como un precedente clave que definirá los parámetros de la protesta en el Reino Unido y pondrá a prueba los límites de la ley de seguridad nacional en una sociedad que se enorgullece de su tradición democrática.
Tiros por la culata
El 8 de septiembre, dos días después de la protesta reprimida en Londres, miembros de Palestine Action en Alemania entraron en la unidad de Elbit Systems en Ulm para desmantelar herramientas utilizadas para cometer genocidio en Gaza. En estas instalaciones se fabrican equipos para drones militares y software de adquisición de objetivos para Israel. Los activistas evadieron a los guardias armados y permanecieron dentro el mayor tiempo posible para dañar el centro de armas, hasta que fueron arrestados una hora después.
Ese mismo día, el misterioso artista callejero británico Banksy presentó una nueva obra en un costado de los Tribunales Reales de Justicia de Londres. El mural presenta a una persona que sostiene un cartel en blanco y que está siendo golpeada por un juez que empuña un mazo.
De inmediato, intentaron ocultar el trabajo pero la gente se ocupó de develar la verdad.
Así que intentaron borrarlo… pero el resultado es todavía más poderoso y revelador del papel del Poder Judicial en la supresión de la libertad de expresión.
Hay que reconocerles el mérito a las autoridades. Al principio, me enojé cuando borraron la obra de Banksy, pero sin querer han creado una de las obras de arte más impactantes de todos los tiempos. Todo lo que hacen para ocultarla o borrarla la hace parecer más conmovedora que la original.
Yvette Cooper tuvo que cambiar de trabajo; Keir Starmer está en un complicado dilema, en el que todas las salidas lo llevarán más abajo en las encuestas; y hasta los operadores directos de la represión se muestran tan confundidos y sobrepasados que están arrestando maniquíes.
Todos, éxitos para Palestine Action y miles de personas decididas a no dejarse aplastar.
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