#Ayotzinapa. La tortura: generalizada; los militares, hasta el cuello
#Ayotzinapa. La tortura: generalizada; los militares, hasta el cuello
Ni las errancias de una periodista ni los supuestos errores de un juez cambian la historia
Ya está disponible el episodio 4 de nuestra serie de pódcasts “Ayotzinapa 10 años. Sin justicia ni verdad” (haz clic para escucharlo en Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music).
Y el 10 de octubre, estrenamos el documental “Este arte que abraza”.
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*La culpa no es de un jefe criminal que no prestó suficiente ayuda como testigo protegido.
*El papel fundamental que tuvo la tortura en la “mentira histórica” de Murillo Karam y Peña Nieto alcanza la categoría de crimen de lesa humanidad y no se puede minimizar por lo que haya o no hecho algún tribunal.
*Igualmente, el papel clave del Ejército mexicano no puede ser relativizado porque cierta periodista haya mentido al respecto.
Dicen que la historia la escriben los vencedores. Pero los tiempos han cambiado el alcance de esa expresión, como se hace evidente en los frustrados intentos de alterar la narrativa del caso Ayotzinapa, que primero hizo el gobierno de EPN y, en el último par de años, el de AMLO.
A pesar de que quedan muchas lagunas en nuestro conocimiento de lo sucedido en la noche del 26 de septiembre de 2014 y en las semanas siguientes, el trabajo de muchas personas y organizaciones ha permitido establecer hechos importantes con relación al Ejército y a la tortura, que no es posible cambiar sin evidencias sólidas.
Los generales en su laberinto
En su libro "La verdadera noche de Iguala", Anabel Hernández dedica un capítulo entero a exonerar a José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda Villa, a tal grado que reproduce una carta de amor que el joven Pepe le envió a Angelita cuando andaban coqueteando, para mostrarnos qué encantadora persona es el expresidente municipal de Iguala, ya condenado por secuestrar a siete personas.
Ese romántico evangelio podría mejor titularse "La noche de Iguala según San José Luis Abarca".
Entre las varias cosas que inventa, está que miembros del Ejército dispararon en los ataques contra los normalistas esa noche.
¿Cuál es su evidencia? Que según ella, se hallaron casquillos de municiones para el G3, un rifle que solo fabrica el ejército.
Lo fabrica... pero no lo posee en exclusiva. ¿Por qué asume Hernández que solo soldados en servicio pueden tener rifles G3? Los pueden perder en combate. Los pueden vender ilegalmente. Se los pueden llevar a sus actividades de franco. Y más importante: en su texto, ella misma reconoce que esas municiones también sirven para otras armas favoritas de los delincuentes, como el Ak-47, "cuerno de chivo".
Aunque los casquillos no demuestran nada, ella trata de convencer de que son prueba suficiente para llegar a su conclusión.
Este miércoles, en vísperas del 10º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente López Obrador acusó a Hernández de promover la idea de que el Ejército es el principal responsable de estos crímenes.
Es irrelevante lo que afirma ella y el Ejército no puede ser exonerado porque la periodista inventó cosas. No fue la primera ni es la única que ha señalado a las fuerzas armadas: lo hicieron las madres y los padres, y los estudiantes sobrevivientes, desde el primer día, cuando fueron a pedir ayuda al cuartel de Iguala y el general Rodríguez Pérez les dijo que no se dieron cuenta de nada, que habían sido “los últimos en enterarse”.
Y por supuesto, también lo señalamos numerosos periodistas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión de la Verdad de la Secretaría de Gobernación, la fiscalía especial del caso Ayotzinapa y otros investigadores.
La participación del Ejército no fue disparar. Ni hacer el trabajo sucio, para eso están los delincuentes de civil y los policías.
Las unidades del Ejército basadas en Iguala y en Guerrero son un baluarte fundamental tanto de los imperios criminales establecidos allí como de la añeja represión sistemática del Estado contra los grupos sociales e insurgentes, como los activistas de Ayotzinapa.
Esa noche, los militares estuvieron a cargo de las tareas fundamentales de vigilancia sobre los estudiantes, tanto en el terreno como en el control de los centros de comando y comunicaciones, y supervisaron la violencia de policías y civiles armados contra ciudadanos desarmados.
Después trataron de limpiar las escenas del crimen y hostigaron a alumnos sobrevivientes. Y participaron muy activamente en el montaje de la "mentira histórica" de Murillo Karam y Peña Nieto. Esto involucra no solo a los entonces comandantes de los batallones 27 y 41, los hoy generales José Rodríguez Pérez y Rafael Hernández Nieto, sino a sus superiores inmediatos, los generales Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar, y Martín Cordero Luqueño, comandante de la 9ª Región Militar.
Y por encima de ellos, al general secretario Salvador Cienfuegos, quien por lo menos dispuso el involucramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional para ocultar la verdad y falsificar la investigación, coordinándose con la Procuraduría General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y las secretarías de Marina y de Gobernación.
Según aseguró la entidad del Poder Ejecutivo encargada de investigar el asunto, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), en su segundo informe, la planeación de estas fabricaciones criminales se hizo en reuniones que se celebraron en octubre de 2014, una en la entonces residencia presidencial de Los Pinos, con el presidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, el procurador general Murillo Karam, y Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal; y dos en el cuartel del 27º Batallón de Infantería en Iguala, dirigidas por Zerón de Lucio, por el gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, así como los generales Cordero Luqueño y Saavedra Hernández (ver lista completa de participantes al final).
De todos los mencionados en el párrafo anterior, solo Murillo Karam y Zerón de Lucio están bajo proceso judicial. Todos los demás, están libres y tranquilos, a pesar de la acusación directa que les hicieron desde Gobernación.
Por una década, el Ejército ha ocultado información que ayudaría a esclarecer las incógnitas y ha espiado ilegalmente a activistas, defensores, investigadores y periodistas involucrados en el caso.
Y terminó por forzar el descarrilamiento de las investigaciones.
De ese tamaño es la participación del Ejército.
Tortura: generalizada y sistemática
En 2022, la fiscalía especial fue descabezada y quien se hizo cargo de ella, Rosendo Gómez Piedra, desechó al equipo. El GIEI fue arrinconado hasta que anunció su disolución. Y la tercera pata de los trabajos, la CoVAJ, que encabezaba el subsecretario Alejandro Encinas, quedó neutralizada hasta que él se fue. Se hizo cargo Arturo Medina, que este martes 24 de septiembre quiso entregarles a las madres y los padres de los desaparecidos su tercer informe.
Nos tocó ver la escena, por casualidad, porque integrantes del colectivo Ojos de Perro estábamos llegando al Centro Pro de Derechos Humanos, para ofrendarles a las madres y los padres la primera proyección de nuestro nuevo documental “Este arte que abraza”. Los familiares, molestos, no les aceptaron el documento a los enviados de Medina porque habían llegado de sorpresa y trataban de cubrir el trámite sin presencia de los abogados del grupo.
El reporte muestra intenciones distintas de las que tenía la CoVAJ con Encinas. Una de ellas, crear la idea de que las torturas cometidas por los funcionarios de Peña Nieto para fabricar la “mentira histórica” no existieron o fueron algo menor, y que denunciarlas fue parte de un complot para impedir el esclarecimiento del caso y el castigo a los responsables.
Es decir, que quienes denunciaron las torturas serían artífices de dicho complot: los abogados y las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado a las madres y a los padres de los desaparecidos.
Los mismos a quienes la CoVAJ de hoy intentó evadir en la entrega sin aviso de ese tercer informe a los familiares.
Nuevamente, trataron de levantar una cortina de humo porque quienes investigaron los hechos y determinaron la existencia de tortura fueron entidades bien acreditadas, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todavía más allá: la Unidad Especializada para la Investigación y la Litigación del Caso Ayotzinapa, creada por la Fiscalía General de la República por solicitud del gobierno de Lopéz Obrador, quiso verificar las denuncias y le solicitó un análisis nada menos que a uno de los principales expertos mundiales, Juan Méndez, quien fue relator especial de la ONU para Tortura.
Hablé con él en 2022. Pueden encontrar la entrevista aquí. Méndez me dijo que:
Yo he tenido mucho contacto con personas torturadas y he conocido actos de tortura, pero rara vez uno encuentra documentación tan clara y al mismo tiempo con la intención de crear una narrativa y no con la intención de investigar los hechos debidamente.
El especialista encontró que la entonces Procuraduría General de la República no solo había practicado la tortura para fabricar culpables y narrativas en el caso Ayotzinapa, sino que lo había hecho de manera “generalizada” y “sistemática”… y que esto configura un crimen de lesa humanidad. Estos:
…son actos muy graves contra la vida y contra la integridad física y moral de las personas, incluidas, por supuesto la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, pero que se producen en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. En el dictamen dije un poco tentativamente, porque tampoco era mi función establecer responsabilidades penales, pero sí dije que como corpus delicti, como cuerpo del delito, la sucesión de casos de tortura en forma sistemática y también generalizada podría, en las condiciones de una investigación penal bien hecha, ser considerada crimen de lesa humanidad.
Fue el Ejército
La historia la escribían los vencedores y todavía intentan hacerlo, pero año con año se hace más difícil por la creciente vigilancia social y la disponibilidad de tecnologías de la información.
El caso Ayotzinapa es un gran renglón a deber del gobierno saliente de López Obrador, de quien yo creo que sí tuvo una voluntad sincera de llegar a la justicia y a la verdad, pero a final de cuentas no fue capaz de vencer la resistencia de las fuerzas armadas.
Ahora, el tercer informe de la CoVAJ se queja de que uno de los jefes criminales involucrados, Gildardo López Astudillo, no prestó la colaboración que había prometido y que fue eso lo que impidió avanzar.
Pero el bloqueo fue del Ejército. Así lo consignará la historia.
Anexo: las juntas de autoridades
Según el 2º Informe de la CoVAJ, la falsificación de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa fue planificada y coordinada en varias “juntas de autoridades”, en octubre de 2014.
De quienes estuvieron en ellas, solo dos personas lo han reconocido: Zerón de Lucio declaró por escrito a la CoVAJ que en “reuniones del gabinete de seguridad”, Peña Nieto y los secretarios “tomaron la decisión y me instruyeron” para difundir la falsa versión de los hechos; y el entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, admitió su presencia sin ofrecerse a aportar detalles de lo discutido y acordado.
Junta de Autoridades en la Residencia Oficial de Los Pinos. 5 de octubre de 2014.
Enrique Peña Nieto. Presidente de México.
Miguel Angel Osorio Chong. Secretario de Gobernación.
General Salvador Cienfuegos. Secretario de la Defensa Nacional.
Almirante Vidal Soberón. Secretario de Marina.
Jesús Murillo Karam. Procurador General de la República.
Aurelio Nuño. Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Eugenio Imaz Gispert. Director del CISEN (hoy CNI).
Jorge Hugo Ruiz Reynaud. Encargado de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
Tomás Zerón de Lucio. Director de la Agencia de Investigación Criminal.
Juntas de Autoridades en el cuartel del 27º Batallón de Infantería, en Iguala. 7 y 8 de octubre de 2014.
Tomás Zerón de Lucio. Director Agencia de Investigación Criminal.
Martín Cordero Luqueño. Comandante 9ª Región Militar.
General Alejandro Saavedra Hernández. Comandante 35ª Zona Militar.
Angel Aguirre Rivero. Gobernador de Guerrero.
Ernesto Aguirre. Representante del gobernador Aguirre.
Leonardo Octavio Vázquez Pérez. Srio. Seg. Púb. de Guerrero.
Iñaki Blanco Cabrera. Procurador de Justicia de Guerrero.
Ricardo Martínez Chávez. Subprocurador Jurídico Guerrero.
Almirante Alejandro Salomón Vermar. Dir. Policía Ministerial Guerrero.
Omar García Harfuch. Comisario de la Gendarmería.
Salvador Camacho Aguirre. Jefe de la Div. de la Policía Federal.
Juan Gómez Zamora. Inspector Jefe de la Policía Federal.
Marco Tulio López Escamilla. Coord. Reg. Zona Centro Policía Federal.
Gualberto Ramírez Gutiérrez. Unidad de Secuestros de SEIDO.
Bernardo Muñoz Cano. Dir. Gral. Adjunto de la AIC.
Vidal Dinaleal Odón. Titular del Centro Nacional de Planeación de la PGR.
Sara Mónica Medina Alegría. Coord. Gral. Servs. Periciales PGR.
Judith Aracely Gómez Molano. Oficial Mayor PGR.
Eduardo Cerón García. Dir. de Comunicación Social PGR.
José Luis Morales López. Dir. Gral. Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la AIC.
José Luis Martínez. Fiscal de PGR.
Carlos Gómez Arrieta. Policía Federal Ministerial.
Jesús Villalobos Rodríguez. Asesor Fiscal de PGR.
Roberto Hernández Rangel. Inspector Jefe de la Policía Federal.
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