Abuso policial en Madrid reabre el debate sobre el racismo
La violencia es cotidiana pero esta vez, fue grabada por un vecino / La Ley Mordaza vuelve a servir para silenciar la protesta
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La ley SB1070 de Arizona, promulgada en 2010, es considerada la primera de una serie de legislaciones persecutorias contra los migrantes que fueron aprobadas por gobiernos o congresos con dominancia del Partido Republicano, en Estados Unidos. Uno de sus aspectos considerados abusivos es que imponía un “profiling” o discriminación por el aspecto: una persona podía ser detenida por la policía, y sus documentos requeridos, aunque no estuviera realizando alguna actividad sospechosa. Solo porque, a ojos del agente, podría ser “ilegal”.
Esto generó polémicas y advertencias de racismo no solo en el continente americano, también en la Unión Europea. Esto me sorprendió porque, lo que en E.U. parecía novedad, en la U.E. -o parte importante de ella- era costumbre.
En esos mismos días en los que el asunto ocupaba las columnas de opinión, al salir de una boca de metro en Madrid fui interceptado por dos policías españoles. Les mostré el pasaporte mexicano y me dejaron ir de inmediato. Pero a las personas de aspecto andino que mostraron el DNI español -de ciudadanía o de residencia- las retuvieron para verificar su autenticidad.
A las de aspecto europeo, no las molestaron.
Catorce años después, España parece tan lejos como siempre de resolver sus problemas de racismo institucional.
El viernes pasado, 5 de abril, dos senegaleses de 22 y 34 años denunciaron en el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla a cuatro agentes de la Policía Nacional a los que acusan de haberlos golpeado en Lavapiés (a una cuadra, por cierto, del lugar donde viví de 2000 a 2003) el 29 de marzo.
Se trata de abusos cotidianos, los de siempre, perpetrados por oficiales protegidos por su impunidad. Pero esta vez fueron grabados por un vecino, lo que marcó la diferencia.
Los dos inmigrantes no oponen resistencia, a pesar de lo cual, son agredidos y golpeados. Uno de ellos, con un macanazo en la tráquea, que lo obliga a inclinarse por el dolor, pese a lo cual es nuevamente atacado.
En su declaración posterior, los policías atribuyen su intervención a que observaron una "discusión acalorada", lo que no es un delito.
Serigne Mbayé, activista y exdiputado del partido Unidas Podemos, explicó en Canal Red que los agentes ya tienen fama local.
Las agrupaciones gremiales de la policía salieron a justificar las acciones de sus compañeros y responsabilizar a los agredidos, montando una narración nueva, que no había aparecido en la declaración inicial de los agentes. Lo explican además sin esconder su racismo (“esta gente tiene enfermedades infectocontagiosas”).
Otros agregaron que los senegaleses “iban borrachos” o que “estaban vendiendo droga”.
El hombre que declara en el video de arriba, a quien el canal presenta como portavoz del grupo Alternativa Sindical de Policía, es Alfredo Perdiguero, un agente que fue sancionado por inventar mentiras y que tiene un largo historial de amenazas, fabricaciones y suplantación (también se ha dicho vocero de otras agrupaciones), de declaraciones polémicas como cuestionar sin bases las cifras de denuncias falsas de violencia machista, contra el feminismo y ligando delincuencia con inmigración, y que fue dos veces candidato por el partido ultraderechista Vox.
En los cuerpos españoles de policía, en general, parece que el racismo y otras actitudes violentas siguen prevaleciendo, pese a décadas de esfuerzos por darles un perfil más humano.
Pero al menos en Lavapiés, la gente sí ha ido cambiando y esta vez, movilizada por la brutalidad videograbada, se concentró en la Plaza de Lavapiés, en el Madrid más castizo.
En este video, Serigne Mbayé habla de la “ley mordaza”, una reforma legal introducida por el último gobierno derechista del Partido Popular que permite que un agente castigue a quienes él considere que lo desobedecieron o faltaron al respeto.
Como explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional español, “cualquier policía que vea desafiada su autoridad por un ciudadano que le exige explicaciones ante un acto ilegítimo o que, simplemente, intenta ejercer sus derechos, puede sancionarlo con total impunidad. Esto no es una hipótesis, sino algo que está sucediendo, como demuestran los números. Solo en el año 2020, la Policía impuso un cuarto de millón de multas por desobediencia”.
Es una sanción administrativa de 600 euros como mínimo, que para ser aplicada solo requiere de la palabra del agente y que hay que pagar aunque después se intente recurrirla. Y la llaman “ley mordaza” porque también sirve para castigar a quienes fotografíen o graben a agentes cometiendo abusos, como en este caso.
En su campaña en 2018, el hoy presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, se comprometió a derogarla. Pero esto no se ha cumplido, el ordenamiento sigue vigente y ahora servirá para perseguir a Serigne Mbayé.
Más allá de las reacciones de la derecha, el problema ha reabierto el debate sobre el racismo en España, que va más allá de los comportamientos individuales y que, en el caso de Lavapiés, también tiene detrás intereses inmobiliarios.
Incluso, ha favorecido una toma de conciencia sobre comportamientos y usos inconscientes del lenguaje. En este caso, vemos un señalamiento que, pese a un titubeo inicial, a fin de cuentas fue comprendido y aceptado. Lo que no siempre es el caso.
Es un debate que debería servir también en las sociedades latinoamericanas, en las que sigue prevaleciendo la negación del racismo estructural histórico, que se expresa en el habla cotidiana, aunque no se quiera verlo.
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Los policías son una pandilla más. La diferencia es que no tiene quien los pare.