#Análisis. Ayotzinapa, Guerra Sucia: fue y sigue siendo el Estado

No solo crímenes del pasado: la Comisión de la Verdad muestra que el pacto de impunidad persiste

ago 19, 2024

En Ojos de Perro vs la Impunidad no olvidamos a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

Al cumplirse una década de los crímenes, en las próximas semanas estrenaremos el documental “Este arte que abraza”, que presenta la solidaridad creativa con las víctimas, de la poesía al cómic y de la danza a los papalotes; la serie de pódcasts “Ayotzinapa 10 años. Sin justicia ni verdad”; y el conjunto de videocápsulas “Semillas”.

Anunciaremos los detalles en Mundo Abierto y en nuestras redes.

Fuimos a cubrir la crisis de Haití.

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El abuso de los conceptos -cuando son convertidos en eslogan, en acusación de uso corriente y automático, en sentencia sin búsqueda de sustento- conduce a su vaciamiento de contenido, a su debilitamiento interno, a su banalización por parte de quienes deberían cuidarlos y a su ridiculización por quienes los temen.

Así ha ocurrido, de manera ejemplar, con la palabras antisemitismo, usada como balas de ametralladora. Y está pasando con otros términos de grave significación como corrupto o misógino. O como fascista: si no se puede diferenciar a cualquier adversario ideológico de un orquestador de violencia política y se los califica igual, esto opera en beneficio del destructor, que ve sus crímenes dispersados entre una masa confusa de equivalentes.

**Hacking: Rexiste. Foto: Eduardo Velazco**

En México, la frase “Fue el Estado” corre este riesgo. Fue muy difícil instalarla ante la nación, con respecto a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El grupo Rexiste la marcó de manera impactante en la inmensa plaza del Zócalo, en noviembre de 2014, y el oficialismo del momento y las derechas forzaron carcajadas para descalificarla y evadir el peso histórico del señalamiento. Aunque fracasaron, estuvieron aferrándose ocho años hasta que, en agosto de 2022, el propio Estado mexicano, en voz de Alejandro Encinas, lo reconoció.

El riesgo del éxito es la popularización. El hecho evidente de que entre las autoridades no sea difícil encontrar cómplices, y de que el sistema abunda en oscuridades que conducen a la impunidad, facilita que en casi cualquier crimen o abuso exista algún tipo de huella del Estado que permita atribuirle plena responsabilidad. Y así, “Fue el Estado” va siendo reducido a eslogan.

La participación del Estado en el caso Ayotzinapa, sin embargo, no resulta de decisiones de funcionarios individuales ni de debilidades de la estructura. El imperio criminal establecido en Iguala, en el sur de México y de hecho en toda la nación, fue creado y sostenido por instituciones parcialmente dedicadas a ello, de los niveles municipal, estatal y federal. Tal involucramiento determinó la respuesta general del mismo Estado: una simulación gigantesca, implementada por la Procuraduría General de la República y su Agencia de Investigación Criminal; por la Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal y de la agencia de inteligencia, el CISEN; y por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el objeto de engañar a la sociedad y proteger a los responsables.

Esta amplia coordinación institucional, que movilizó a cientos de servidores públicos entre soldados, marinos y agentes civiles, no podría haber sido lograda sin el conocimiento y contribución de quienes encabezaban cada entidad; y esta colusión de altos funcionarios requirió indudablemente de la autorización del presidente de la República, a través de su Consejería Jurídica.

Una auténtica investigación y judicialización del caso Ayotzinapa no solo llevaría a la cárcel (o a prisión domiciliaria en su mansión de Las Lomas, como ocurre) al exprocurador Jesús Murillo Karam ni se quedaría en solicitar la extradición del torturador Tomás Zerón de Lucio.

Enrique Peña Nieto no estaría disfrutando una vida de lujos en España sino enfrentando al tribunal. Junto a Humberto Castillejos, Miguel Angel Osorio Chong, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Soberón, con muchos de sus subordinados.

En cuanto a Ayotzinapa, fue y sigue siendo el Estado porque la persistencia de esta impunidad colectiva, asegurada por el descarrilamiento de la investigación y el torpe desmonte de sus tres pilares, la fiscalía especializada, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa -más la repetida y escandalosa difamación de abogados y defensores de las víctimas-, que está en marcha desde septiembre de 2022, demuestra que ni el voto mayoritario y refrendado de la población ha sido suficiente para romper los muros de injusticia del sistema político, que llamábamos priísta pero se demuestra multicolor.

Estado autoritario y represor

El pasado viernes, fue publicado uno de los dos informes finales del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la otra comisión de la verdad de este sexenio (Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990, CoVEH), que documentan exhaustivamente una multitud de crímenes graves y gravísimos cometidos, de manera sistemática, por el Estado mexicano en contra de su población a lo largo de ese periodo.

Y dejan ver lo obvio: esto no se acabó en 1990: “los nudos de impunidad siguen activos hoy”, declaró uno de los autores, Carlos Pérez Ricart.

El documento titulado “Fue el Estado 1965-1990”, elaborado por los comisionados David Fernández, Abel Barrera y Pérez Ricart, puede ser descargado aquí.

**Carlos Pérez Ricart, David Fernández y Abel Barrera frente a la Secretaría de Gobernación. Foto: Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico**

El segundo, “Verdades innegables. Por un México sin impunidad”, de la comisionada Eugenia Allier Montaño, ya ha sido entregado a la Secretaría de Gobernación (de la que dependen ambas comisiones de la verdad) y será publicado en fecha aún no anunciada.

Eugenia Allier Montaño. Foto: Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.

En el portal “A dónde van los desaparecidos” y en el diario “El País”, los periodistas Celia Guerrero y Pablo Ferri hicieron excelentes revisiones de lo expuesto en el primer trabajo y lo adelantado del segundo, así como de las polémicas surgidas alrededor de la CoVEH. Que son de diverso tipo pero fundamentalmente, “condiciones laborales precarias” para los investigadores (las personas comisionadas laboraron a título honorario) por un compromiso gubernamental insuficiente.

Y sobre todo, por “la obstaculización de la investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tanto la Sedena como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) desacataron la orden presidencial de abrir sus archivos históricos”.

Esto último se puede leer en una columna que Fernández, Barrera y Pérez publicaron en El País. Indebidamente, porque es el resultado de un proyecto público, el diario la colocó detrás de su muro de pago (por eso, la compartimos completa más abajo, en esta edición de Mundo Abierto).

En ella, confirmamos que “el Estado mexicano se articuló como un Estado contrainsurgente, autoritario y violento, que castigó no solo a los grupos insurgentes político-militares de carácter socialista —lo que es sabido y es muy importante—, sino también a todo tipo de disidencias sociales y políticas”: “reprimió, desarticuló y aniquiló disidencias político-militares; político-partidistas; indígenas, campesinas y afromexicanas; del movimiento urbano popular; religiosas y sexogenéricas; así como en contextos de resistencia a obras de desarrollo; de lucha contra el narcotráfico; hacia poblaciones racializadas y marginadas; a refugiados, periodistas y hasta a miembros de las fuerzas de seguridad a manos de sus propios mandos”.

Esto no solo corrió a cargo de soldados y policías, pues les dieron cobertura total por parte del Estado: “las instituciones de formación, procuración y administración de justicia se estructuraron no para garantizar libertades y derechos, sino, primordialmente, para proveer de seguridad política al Estado, gestionar el crimen y disciplinar a la población en torno de un modelo social injusto y desigual”.

Tal modelo de brutalidad ha tenido consecuencias hasta el día de hoy y además, se ha reproducido: “la actual situación de violencia en el país y las características que manifiesta tienen su origen en aquellos años de violencia contrainsurgente. Así, por ejemplo, nuestro informe documenta el fenómeno de la transferencia de tácticas, métodos y procedimientos de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado, por colaboración, contagio o ejemplaridad”.

El desdén del Ejército

En junio de 2022, en un acto ideado por el gobierno mexicano para demostrar que el Ejército abrazaba el compromiso del presidente López Obrador de esclarecer esta historia de criminalidad estatal sistemática, los militares hicieron exactamente lo contrario.

Familiares de las víctimas fueron invitados al Campo Militar Número Uno, escenario del exterminio, en el evento para marcar el inicio de actividades de la CoVEH, esta comisión de la verdad que ahora termina sus trabajos.

Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, desaparecida en 1978, declaró:

Después de tantos años de exigirlo este día se abre el gran cuartel. Este día venimos a decirle al país, sin duda de por medio, lo que sucedió aquí: aquí fueron torturados, mutilados, nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas de cientos de mujeres que no dejaron de buscarlos. Aquí fueron desaparecidos y desaparecidas”.

Presidente: aquí estamos las personas sobrevivientes y los familiares de víctimas de violaciones graves a derechos humanos perpetradas en el pasado reciente. Dimensionamos este acto protocolario como un día histórico y con compromiso asumimos la invitación al diálogo. Reiteramos que buscamos investigación, verdad y justicia.

Aunque ahí se encontraba el presidente López Obrador, el secretario de la Defensa Luis Cresencio Sandoval no tuvo empacho en desvirtuar el acto para que no hubiera duda de que las prioridades del Ejército no eran las de su comandante en jefe.

En Pie de Página, Daniela Rea y Alejandro Ruiz narraron lo que pasó:

Sin responder a los reclamos de las familias y sobrevivientes dijo, como si hablara al espejo, que el Ejército siempre ha sido transparente y defendido los derechos humanos, ha sido cercano al pueblo. Que quienes integran estas filas y portan el uniforme se sienten honrados. Que la memoria histórica, la verdad y la no repetición son derechos que hacen valer.

Las familias de desaparecidos y los sobrevivientes de la represión, presentes en el acto protocolario, reclamaron desde sus lugares el optimista discurso del militar e hicieron valer su lucha: “¿Dónde están los desaparecidos?, ¿Dónde están los desaparecidos?”

Pero Sandoval no sólo no escuchó sino que lanzó una provocación en medio de un evento que buscaba -al menos institucionalmente- reivindicar al Ejército y su colaboración para investigar los crímenes del pasado.

“Aquí están presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces. Con orgullo les expreso que el propio mandatario (López Obrador) autorizó a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivos de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida”.

Los reclamos de las familias y sobrevivientes interrumpieron con tal fuerza y rabia que el discurso del militar dejó de escucharse.

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, gritaron desde sus lugares, levantando pancartas en donde se leía “Fiscalía especial para enjuiciar a los perpetradores. No a la impunidad de la Guerra Sucia”.

López Obrador no acusó recibo del desdén militar. Habló de “la represión, el exterminio y el autoritarismo” como de algo extinto.

Y, dicen Rea y Ruiz, “sorprendió con lo que pareció ser un ambiguo guiño tanto a las familias, como al Ejército: “Cero impunidad, para que podamos todos aclarar, para que honremos la memoria de quienes perdieron la vida, y que lucharon por un ideal o en cumplimiento de un deber”.

Militares y espías

Desmontar las ya casi centenarias estructuras de la violencia y la impunidad no es cosa fácil, por supuesto. Sin duda, un sexenio no sería suficiente para nadie.

Pero al final de tal periodo, sí debería ser posible observar avances. Ocupada por una notoria figura del viejo régimen y del pacto de impunidad, Alejandro Gertz Manero, la Fiscalía General de la República arroja cinco años de resultados nulos. La autonomía que se le concedió constitucionalmente ha sido empleada para garantizar impunidad.

Ese acto en el campo militar de junio de 2022, y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el caso Ayotzinapa de aquel agosto, fueron seguidos por el ya referido descarrilamiento de las investigaciones en septiembre, con el desmoronamiento de sus pilares.

Con el Ejército hemos topado. Y con la mafia de agentes torturadores enquistada en el Centro Nacional de Inteligencia. Militares y espías lograron mantenerse por encima de la voluntad presidencial y de la justicia constitucional.

En estas condiciones cambiamos de gobierno, enfrentando los mismos retos que hace seis años, solo que agravados por el empoderamiento de las fuerzas armadas. Fue el Estado y sigue siendo el Estado.

‘Fue el Estado 1965-1990’: un informe para el pueblo de México

Durante ese período, las instituciones de formación, procuración y administración de justicia se estructuraron no para garantizar libertades y derechos, sino para gestionar el crimen y disciplinar a la población

DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, ABEL BARRERA HERNÁNDEZ, CARLOS A. PÉREZ RICART

DIARIO EL PAÍS. 16 DE AGOSTO DE 2024

Hoy presentamos a la sociedad mexicana la colección Fue el Estado 1965-1990 del informe del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), uno de los cinco ejes en que estuvo constituida la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CoVEH).

El informe está dividido en seis volúmenes y compuesto por casi 5.000 cuartillas (sin contar anexos). Es el resultado de casi dos años y medio de investigación en los que se levantaron más de un millar de testimonios en 23 Estados de la República y se revisaron más de 90 acervos documentales. El objetivo central fue presentar una fotografía del alcance real de la violencia estatal durante el periodo conocido como “Guerra Sucia”.

Fue el Estado 1965-1990, accesible a partir de hoy en la página de internet del MEH, está centrado en el estudio de comunidades de víctimas tradicionalmente invisibilizadas, así como en el análisis de numerosas violaciones graves a los derechos humanos que han quedado silenciadas u ocultadas por los discursos oficiales.

La tesis central de la colección Fue el Estado 1965-1990 es la siguiente: durante el periodo examinado, el Estado mexicano se articuló como un Estado contrainsurgente, autoritario y violento, que castigó no solo a los grupos insurgentes político-militares de carácter socialista —lo que es sabido y es muy importante—, sino también a todo tipo de disidencias sociales y políticas que pudieran poner en riesgo la seguridad política del Estado.

Así, el Estado posrevolucionario de partido hegemónico o “casi único” reprimió, desarticuló y aniquiló disidencias político-militares; político-partidistas; indígenas, campesinas y afromexicanas; del movimiento urbano popular; religiosas y sexogenéricas; así como en contextos de resistencia a obras de desarrollo; de lucha contra el narcotráfico; hacia poblaciones racializadas y marginadas; a refugiados, periodistas y hasta a miembros de las fuerzas de seguridad a manos de sus propios mandos.

Además, generó una institucionalidad adecuada y funcional a esos objetivos. Las instituciones de formación, procuración y administración de justicia se estructuraron no para garantizar libertades y derechos, sino, primordialmente, para proveer de seguridad política al Estado, gestionar el crimen y disciplinar a la población en torno de un modelo social injusto y desigual.

¿Por qué son relevantes estas conclusiones?

1.- Se prueba que hubo poco espacio para la acción política y social disidente. Es decir, quienes tomaron las armas entre 1965 y 1990 tuvieron buena parte de razón al hacerlo; las vías pacíficas de transformación se encontraban clausuradas.

2.- Se establece que toda disidencia de la norma hegemónica fue política en sí misma y puso en riesgo la estructuración del poder en ese momento. Es decir, modelos de vida o actividades sin intención directamente política, como las sexodiversas, marginadas o de resistencia a la ley, debilitaban los poderes establecidos y, por tanto, en la lógica de ese Estado autoritario, había que aniquilarlas.

3.- Se evidencia que la actual situación de violencia en el país y las características que manifiesta tienen su origen en aquellos años de violencia contrainsurgente. Así, por ejemplo, nuestro informe documenta el fenómeno de la transferencia de tácticas, métodos y procedimientos de las Fuerzas Armadas hacia el crimen organizado, por colaboración, contagio o ejemplaridad.

4.- Se propone que no podremos desmontar la violencia y la impunidad del presente si no esclarecemos y desarmamos las violencias y complicidades del pasado. La impunidad del pasado habilita y alimenta la impunidad del presente.

El informe que hoy entregamos a la sociedad mexicana es resultado del esfuerzo de decenas de investigadores que trabajaron con honestidad y profesionalismo. Lo hicieron a pesar de condiciones laborales precarias y de la obstaculización de la investigación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tanto la Sedena como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) desacataron la orden presidencial de abrir sus archivos históricos.

Por supuesto, el informe del MEH no pone fin a la investigación sobre violencia estatal en el periodo. Al contrario, abre nuevas vías analíticas para entender el pasado. Lo hace con la convicción de que sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones tienen la capacidad de detonar procesos de justicia, búsqueda y reparación.

Con la publicación y difusión del informe concluiremos nuestro mandato como comisionados. Por supuesto, tenemos la expectativa de que sus hallazgos y recomendaciones lleven a su reconocimiento público de parte del Estado, en la figura del presidente de la República, de las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas en el periodo.

Con todo, ningún reconocimiento será mayor al trabajo realizado que el que el Informe abra un espacio de conversación amplio, que convoque a los y las mexicanas a enfrentar un futuro más justo e incluyente. Cada una de sus páginas es una lanza que rompemos para aportar al fortalecimiento de una ciudadanía cabal y una poderosa cultura de Derechos Humanos como cimiento de nuestra democracia.

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