La DEA, Latinus, Los Ardillos, el New York Times y las acusaciones contra AMLO en tiempos electorales
La DEA, Latinus, Los Ardillos, el New York Times y las acusaciones contra AMLO en tiempos electorales
El tema de fondo -el financiamiento opaco e ilegal de la política- queda oscurecido por la falta de sustancia y la frivolidad de las acusaciones
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El New York Times es una fuente de poder con impacto global, y en esa situación, con todo su prestigio periodístico, no ha sido un actor neutral a lo largo de su existencia.
Tampoco el dinero en México es neutral y los partidos han diseñado un sistema político-electoral en el que todo tipo de intereses -incluidos los criminales- se coluden con funcionarios, cargos electos y candidatos de manera cotidiana.
Pueden sonreír y hacerse los inocentes pero todos saben y todos sabemos a qué juego juegan. Es muy difícil romper con eso, porque la política mexicana es un laberinto en el que la regla fundamental es que el que juega limpio, pierde. Los demás políticos ven al jugador honesto con sorna porque fueron instruidos e instruyen bajo el famoso y perverso lema "el que no transa, no avanza". O como dejó inscrito uno de los grandes caudillos de la corrupción política mexicana, el difunto Carlos Hank González: “Un político pobre es un pobre político”.
La DEA, la periodista Anabel Hernández, los portales Insight Crimen y Pro Publica, la banda criminal de Los Ardillos, el presentador Carlos Loret de Mola con su patrocinador Roberto Madrazo, ahora el Times... unos sueltan pelotas, otros las reciben y las juegan, sí, con miras a las elecciones, pero sobre todo más allá.
Es improbable que, a estas alturas, alguien piense que tiene posibilidades significativas de descarrilar las principales candidaturas de la 4T (Cuarta Transformación, como autodenomina el movimiento de López Obrador), empezando por la presidencial. La solidez electoral del obradorismo está bien demostrada y ya es casi proverbial que las acusaciones, con fundamento o sin él, se le resbalan sin causarle daño. Es mucho más eficaz penetrar sus filas y lograr candidaturas, lo que han estado haciendo cada vez con mayor frecuencia.
En cambio, lo que sí pueden hacer es generar presión con el objeto de arrancarle concesiones, desde posiciones en gobiernos y en listas electorales hasta contratos, facilidades, permisos o políticas públicas; o de desgastarlo en el nivel local, para resistir sus avances. Cada quien tiene sus propios objetivos: no creo en una mente maestra que manipula a todo el mundo. Operan sobre coincidencias de intereses. El que puso la bola en juego y encontró aliados, sabe que son jugadores que la patean por motivos propios.
Y también corren a su manera, con su estilo, ninguno lo hace igual.
De la duda a la afirmación
Por ejemplo, la DEA les filtró los mismos documentos, correspondientes a una investigación inconclusa de 2006 sobre posible financiamiento criminal a colaboradores de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a la periodista mexicana Anabel Hernández, a Pro Publica y a Insight Crime. Los tres publicaron exactamente el mismo día, 30 de enero de 2024.
Hernández, en su columna en la Deutsche Welle, utilizó estos datos para hacer una acusación directa, como si tuviera las pruebas definitivas y las hubiese conseguido ella misma, como le dijo al periodista Julio Astillero.
Por lo contrario, Tim Golden en Pro Publica entendió que el material no demostraba nada, solo apuntaba a una posibilidad, por lo que no hizo una afirmación sino una pregunta; admitió que quien les dio los documentos fue la DEA; y además se quejó de que, aunque la agencia pidió no revelar el nombre de una fuente de la DEA, Hernández sí lo dio a conocer.
No mencionó directamente a Hernández pero puso la liga a su artículo en “Spanish-language”.
El reportaje de Tim Golden, como mucho, apunta a la posibilidad de que un colaborador de AMLO, Nicolás Mollinedo, se haya quedado con dinero del narcotraficante La Barbie, por encargo del Cártel de Sinaloa.
Esto debería ser investigado, así como qué personas alrededor de él pudieron involucrarse y qué destino tuvieron esos recursos. En todo caso, no indica que existan evidencias de que fueron a la campaña, a AMLO o a alguien cercano.
Quien lo afirma es Hernández. Pro Publica, Insight Crime y ella tienen la misma información pero la periodista llega a conclusiones que trata de sostener atribuyendo su conocimiento, como es su costumbre, a fuentes anónimas y difusas.
Apoya su grave acusación en la parte clave de su artículo, la que a cualquier reportero le importaría más y por lo tanto, la que sustentaría con mayor solidez, más datos y detalles.
Pero ella la deja en la vaguedad: "según supo el gobierno de Estados Unidos".
¿El gobierno? ¿En general? ¿El presidente Biden? ¿El secretario de Justicia, el de Estado, el de Interior? ¿Una agencia? ¿Cuál? ¿Cómo lo supo? ¿Quién investigó? ¿Quién confesó? ¿Cómo establecieron su credibilidad?
Es un dicho insustentado de la reportera y lo creerá quien tenga muchas ganas de creerlo, pues Hernández quiso hacer tres litros de jugo echándole agua a un limoncito seco.
Latinus se sube a la ola
Dos semanas después, Carlos Loret de Mola, en su portal Latinus, publicó la entrevista a un criminal encapuchado, el 15 de febrero. Tanto el presentador como el medio, que es financiado por el político opositor Roberto Madrazo, están abiertamente identificados como adversarios de AMLO y no desaprovechan oportunidad de tirarle un golpe. Esta vez, adornaron la nota con una foto de López Obrador junto al hashtag #NarcoPresidente, que granjas de trolls han estado inflando en redes sociales.
Aquí no aparece la DEA pero sí es suya la ola levantada por las acusaciones sobre ligas del presidente con el narcotráfico, sobre la que se monta esta maniobra surfista.
El sujeto fue presentado como Celso Ortega Jiménez, líder de la banda de Los Ardillos, que en 2006 supuestamente era parte de Los Zetas, una de las organizaciones delincuenciales más temidas. Aseguró que su jefe le dijo que su pandilla financió la campaña de AMLO de ese año a cambio de entregarles el país.
Así, la oposición dio por confirmado que AMLO se había comprometido al mismo tiempo con La Barbie (Cártel de Sinaloa) y con Los Zetas, aunque estos grupos eran enemigos mortales.
La declaración contradice la historia: en 2006, los Zetas no podían financiar la campaña electoral de AMLO ni la de nadie porque eran el brazo armado -no económico ni financiero- del llamado Cártel del Golfo. No disponían de grandes recursos propios ni se mandaban solos. Para independizarse, Los Zetas rompieron después con sus jefes y se convirtieron en sus competidores y enemigos.
¿Cumplió Latinus la obligación periodística de verificar la identidad del declarante? ¿Se preguntó por qué su interés de “confesar” estos hechos de 18 años atrás?
La campaña mediática de Los Ardillos
En el estado de Guerrero, es difícil distinguir a los grupos políticos de las bandas criminales. En el caso de Los Ardillos, desde 2002 han utilizado a uno de los partidos de la oposición, el PRD, como vehículo electoral para controlar municipios de las regiones de La Montaña y Centro y el distrito 24. Bernardo Ortega Jiménez, hermano de Celso, ha sido alternadamente alcalde y diputado, y llegó a ser presidente del Congreso estatal y varias veces aspirante a líder del PRD-Guerrero, como expliqué en este reportaje.
El predominio de la banda, sin embargo, se ha reducido por las victorias electorales del obradorismo y los hermanos Ortega Jiménez están bajo riesgo de perder más posiciones en las elecciones venideras.
En julio del año pasado, Los Ardillos iniciaron una campaña contra la alcaldesa obradorista de Chilpancingo, lo que incluyó la movilización de sus bases electorales sobre la ciudad y la publicación de videos y audios de conversaciones que Celso Ortega sostuvo con ella y grabó.
Al respecto del supuesto financiamiento a la campaña de 2006, no tiene evidencia alguna. Solo esta “confesión” que, además de ser históricamente inconsistente, debe ser vista como parte de sus operaciones de defensivas hacia las próximas elecciones. Su elección de Latinus como medio para difundir este ataque es otra muestra de las coincidencias de intereses. El que Loret de Mola escogiera darle confiabilidad pública a un criminal encapuchado no es por ingenuidad, claramente.
Entra el Times… para revivir la polémica y dejarla igual
La campaña de la DEA y de los rivales políticos de AMLO es evidente para quien quiera ver, así como la debilidad de acusaciones fundadas en una investigación desechada hace década y media. El New York Times decidió darle oxígeno extra, actualizándola con más datos provistos por la DEA, solo para llegar al mismo limbo informativo:
"No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y las organizaciones criminales”.
Los vínculos son solo "posibles" y el que llevaría a AMLO, no aparece.
Pero el Times sí está consciente de que mantener vivo el tema tiene impacto:
“Aunque los esfuerzos para indagar a López Obrador ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinaran en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes en sí misma podría ser dañina”.
Los motivos de la DEA
La agencia antidrogas de Estados Unidos está lastrada por una larga historia de errores, desatinos y corrupción, así como de intervenir con arrogancia y torpeza en asuntos internos de otros países con maniobras sucias. No es una autoridad en la que se pueda confiar ciegamente.
¿Por qué está dando estos golpes ahora, si su investigación sobre la campaña obradorista es de hace 18 años? ¿Por qué no los dio en las veces en que AMLO fue candidato, si temía que asumiera el poder un presidente comprometido con el narco?
La DEA tiene cuentas propias con el presidente mexicano. La más conocida se convirtió en una disputa binacional, el incidente conocido como "salvando al soldado Cienfuegos".
En octubre de 2020, la DEA arrestó sorpresivamente al general Salvador Cienfuegos cuando él hacía una visita de placer a Estados Unidos. Este oficial fue secretario de la Defensa Nacional en el gobierno anterior, es sospechoso de corrupción y de implementar una doctrina militar que provocó numerosos asesinatos de inocentes y graves violaciones de derechos humanos (además de operar para asegurar la impunidad en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa), y mantiene una considerable influencia sobre la fuerza armada.
El gobierno mexicano hizo de liberarlo una asunto de máxima prioridad, al grado de presionar al gobierno de Donald Trump, con la amenaza de expulsar a los agentes de la DEA y suspender la cooperación bilateral en materia de seguridad. Aunque un juez ya había considerando que la evidencia en contra de Cienfuegos era suficientemente sólida como para iniciar un proceso judicial, el Departamento de Justicia retiró los cargos “para que pueda ser investigado” en su país y lo envió de vuelta en noviembre. Las autoridades mexicanas lo declararon libre de sospecha.
A pesar de haber obtenido lo que exigía, AMLO hizo aprobar una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para establecer una serie de obligaciones y restricciones para las agencias extranjeras con presencia en México, como la DEA.
Lo de ahora es una venganza que, naturalmente, están magnificando y dando por veraz los opositores en campaña que lo llaman #NarcoPresidente.
Politics as usual
Durante muchos años, el PAN y el PRI hicieron lo posible por descarrilar a AMLO y evitar que llegara a la Presidencia. Con ayuda de Estados Unidos, que temía que expropiara las inversiones de las trasnacionales e hiciera de México una Venezuela.
Si Washington tenía desde 2006 pruebas de los vínculos de AMLO con el crimen organizado; si además entregó la información a los presidentes que eran sus enemigos, Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), ¿por qué no la usaron antes para destruir a López Obrador?
Las acusaciones son meramente oportunistas, sirven para este momento electoral.
Pero el tema de fondo queda oscurecido por la banalidad de esta campaña mediática: la tóxica financiación opaca de la política mexicana.
En 2015, por cada peso legal gastado en las campañas, hubo 15 pesos empleados de manera ilegal, según el informe "Dinero bajo la mesa".
En las arcas de todos los partidos ha corrido mucho dinero ilegal e ilegítimo, de cualquier origen, privado y público, no solo criminal; sigue corriendo en este momento y seguirá, en tanto no ocurra el milagro de que los partidos legislen para imponerse controles efectivos, cercenando su propia ambición.
Si la oposición demanda que se investigue a fondo si hubo entrada de recursos a las campañas de 2006 y 2018, y de todos los años, la sociedad tiene que estar de acuerdo.
Debe apoyarlo.
Pero de todas las campañas. Saltarían las ilegalidades y los compromisos inconfesables de todos los partidos y de casi todos los políticos.
No lo van a hacer, obviamente. Ni el PAN ni el PRI ni Morena ni nadie quiere que le revisen sus multimillonarias cuentas sucias.
Por eso gritan, denuncian y acusan sin sustancia real, sin hacer un intento serio de pasar a una revisión de verdad. Caerían ellos primero.
A final de cuentas, a falta de evidencias creíbles, o por lo menos actualizadas, este escándalo solo queda en otra de las muchas escaramuzas de este proceso electoral.
Politics as usual.
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