#Urgente. Netanyahu y Hamás, acusados en La Haya
Washington vuelve a dar muestra de su desprecio por la legalidad internacional
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El fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional dio una muestra de imparcialidad al solicitarle al tribunal la emisión de órdenes de arresto tanto contra líderes del Estado de Israel como de la milicia islamista Hamás, por los crímenes cometidos por los primeros durante su ofensiva contra Gaza y por los segundos en su ataque del 7 de Octubre.
De un lado y del otro hay quejas por lo que suponen como una equiparación de ambas entidades. Pero no se trata de las entidades en sí, se trata de juzgar los crímenes que cometieron. Y son imperdonables.
Por su lado, Washington -seguido por Tel Aviv- volvió a aportar evidencia de su desprecio sistemático por la legalidad internacional. Ambos países se han rehusado a firmar el acuerdo por el que fue creada esta Corte, que por eso mismo no tiene jurisdicción sobre sus territorios pero sí sobre los de los países signantes, como Palestina. Es decir, los delitos cometidos en territorio palestino -aunque esté ocupado- quedan bajo la autoridad de la Corte, aunque los responsables sean nacionales de otras naciones. Estadounidenses e israelíes se niegan a reconocerlo y, peor aún, con desplantes de arrogancia, se atreven a amenazar a la misma Corte.
Lamentablemente, los regímenes más poderosos, que controlan a la mayor parte de la población del mundo, siguen esa misma línea: tampoco Rusia, China, India o Irán son parte de la CPI.
Pero sí están en ella 123 países, los que, teóricamente, ejercerían las órdenes de arresto si los implicados pasaran por sus territorios.
Esto significa que, en caso de que los magistrados concedan las órdenes, Benjamín Netanyahu -ni su ministro de Defensa Yoav Gallant- no podría poner pie en América Latina (con la excepción de Cuba, Nicaragua y Haití), a donde ha viajado tanto en su esfuerzo por ganar aliados. Ni en la Unión Europea (excepto Austria), que es un aliado y cómplice de Israel.
En el caso de los dirigentes de Hamás acusados, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, no viajan a Occidente y no deberían encontrar problemas en Medio Oriente, salvo en Jordania.
Teóricamente, porque podrían querer confiar en que determinados gobiernos decidan no ejecutar las órdenes. Pero nunca podrían sentirse seguros. Por ejemplo, dos generales, el chileno Augusto Pinochet, que fue detenido en Gran Bretaña, y el mexicano Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos, descubrieron amargamente que sí podían ser llamados por la justicia cuando fueron detenidos por sorpresa (no por la CPI), aunque tras el escándalo, lograron que prevaleciera su impunidad.
En todo caso, para Israel, esto es un paso más en el creciente desprestigio del país y en su progresivo aislamiento internacional. Lo más importante, sin duda, es el proceso en su contra por genocidio admitido por el otro tribunal de La Haya, el más antiguo y respetado del mundo, la Corte Internacional de Justicia (la CIJ, que trata conflictos entre Estados, mientras que la CPI aborda asuntos especialmente graves contra individuos).
Esto podría dar pie a sanciones internacionales, económicas o de otro tipo, por ejemplo. A boicots colectivos. Que con cada nuevo señalamiento legal en su contra, se hacen menos improbables. El antecedente del régimen racista del apartheid en Sudáfrica, que parecía firmemente respaldado por Washington y Londres hasta que el costo político fue demasiado alto y lo fueron dejando caer, pesa en los análisis de los observadores israelíes.
Este “es un duro golpe tanto para ellos (Netanyahu y Gallant) personalmente como para Israel como país”, pues el fiscal “ha creado una equivalencia legal y moral entre el primer ministro y el ministro de defensa israelíes con los líderes de Hamás”, advierte Anshel Pfepffer, del diario Haaretz. “Si algo podría haber dañado aún más la posición internacional de Israel y la legitimidad de su guerra contra Hamas en Gaza, es eso”.
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